Alberto y Cristina Fernández terminan un ciclo que sepulta sus posibilidades electorales

Alberto Fernández, a España; Cristina Fernández, sin fueros. Y sin dirigirse la palabra. Este es el corolario de cuatro años de tensiones y de gestión fracasada que encuentra a sus principales referentes fuera del foco, con un futuro incierto y en un claro ocaso de sus carreras políticas.

”Este ciclo presidencial sepulta los sueños electorales de ambos”, afirma a EFE el politólogo Facundo Nejamkis, respecto del presidente saliente y la vicepresidenta y también exmandataria (2007-2015).

El resultado final de Alberto Fernández es “malo en opinión pública y malo en gestión” y Cristina Fernández queda como “una líder en retirada, en declive”, según describe el director de la consultora Opina Argentina.

Alberto Fernández se va de su cargo “como un presidente muy poco valorado por la opinión publica” y “probablemente el presidente peronista con ‘performance’ electoral más floja”, describe Nejamkis, ya que salvo cuando ganó las elecciones en 2019, el oficialismo ha perdido todos los comicios con él y Fernández no se presentó a la reelección.

Si bien a todos los presidentes que gestionaron la pandemia les ha costado mantener el poder, la Administración de Fernández se ha visto agravada por el empeoramiento de la situación económica de Argentina, ya que termina con una inflación que roza el 150 % y una pobreza superior al 40 %.

El mandatario saliente tampoco pudo resolver la relación con su vicepresidenta, una “situación interna de mucha tensión” que “terminó generando una parálisis” en su Gobierno y que confundió a la sociedad respecto de si su proyecto era de “sometimiento” o el de “rebelarse” a Cristina Fernández, porque “no terminó siendo ni una cosa ni la otra”, explica Nejamkis.

Sorpresa y castigo

Cristina Fernández fue quien sorprendió con la candidatura, por medio de un tuit, de Alberto Fernández como presidente y de ella como vicepresidenta, una fórmula que impidió a Mauricio Macri (2015-2019) ser reelegido, después de años de enemistad con su antiguo jefe de Gabinete y del de su marido ya fallecido, Néstor Kirchner (2003-2007).

”Cristina paga la responsabilidad por haber elegido a Alberto, eso tiene un costo para ella, no se pudo presentar como candidata” en las elecciones de este año, indica Nejamkis.

”Es difícil imaginarse un regreso a la arena política en los primeros lugares”, agrega el consultor, ya que Cristina Fernández mantiene un núcleo duro de votantes que todavía le son leales, entre 25 y 30 %, pero también niveles de rechazo “muy altos”.

Este ciclo no sólo tiene un impacto en la carrera política de Alberto y Cristina Fernández, sino que el “peronismo sale más debilitado que su experiencia anterior”, cuando perdió las elecciones presidenciales en 2015 en manos de Macri, ya que “es difícil encontrar una parte de la sociedad que lo valore exitosamente”, agrega.

Nuevo liderazgo

Alberto Fernández entregará los atributos del mando el 10 de diciembre próximo al ultraderechista Javier Milei y luego ha declarado sus intenciones de viajar a España -el primer presidente desde el retorno de la democracia, en 1983, que se va del país-, a sabiendas de que “no tiene lealtades políticas” ni una corriente política propia.

Cristina Fernández se despidió del personal del Senado, que ha presidido los últimos cuatro años, avisando de que va a estar “cerquita”, en el Instituto Patria, el laboratorio de ideas Instituto Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana, que fundó en 2016.

Ella “tiene recursos suficientes para ser un actor gravitante” en términos políticos, aunque “no” en “el primer plano”, dice Nejamkis, no sólo porque tiene como aliados al gobernador en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, además de diputados y senadores, sino que “expresa una corriente de opinión en la sociedad, que es le kirchnerismo”.

Pero la expresidenta enfrentará sin fueros varias causas judiciales pendientes por presuntos hechos de corrupción durante sus mandatos, además de la apelación a la condena recibida en diciembre de 2022 en primera instancia a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerada culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras públicas.