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- 19/05/2023 16:22
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El Gobierno de Nicaragua canceló este viernes 19 de mayo la personalidad jurídica a la organización no gubernamental estadounidense El Puente y ordenó decomisar sus bienes.
El Ejecutivo nicaragüense también canceló el registro de la ONG Fundación Sahlman, originaria de Panamá, inscrita desde octubre de 2011.
Fundación Sahlman, a través de su junta directiva, acordó la disolución voluntaria de su filial en Nicaragua "por haber concluido los proyectos para los cuales fue registrada la Fundación en Nicaragua", explicó Gobernación.
A través de una resolución administrativa, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua acordó disolver el organismo Pontis, lnc (El Puente), originario de Estados Unidos, inscrito desde el 31 de julio de 2017, debido a que "incumplió con sus obligaciones establecidas" en las leyes nicaragüenses.
Según esa cartera, la ONG estadounidense "no reportó por más de seis años su junta directiva del país de origen" y no actualizó el poder de su representante legal en Nicaragua ni sus estados financieros en los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022, con desgloses detallados de ingresos y egresos, con lo que obstaculizó su control y vigilancia.
"El ente regulador desconoce quienes son sus directivos a cargo de la administración" de esa ONG, sostuvo.
Asimismo, al no reportar sus estados financieros se desconoce si los fondos que recibían eran acorde a sus fines y objetivos, "no promoviendo políticas de transparencia en la administración del organismo, desconociéndose la ejecución de sus proyectos", agregó.
Por tanto, Gobernación resolvió cancelar el registro y número perpetuo asignado a El Puente, y decomisar sus bienes.
"Corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos (bienes muebles e inmuebles) a nombre del Estado de Nicaragua", puntualizó.
El Gobierno de Nicaragua también aprobó la cancelación de la personalidad jurídica por "disolución voluntaria" de la ONG Gocare, lnc., también originaria de Estados Unidos, que operaba en el país centroamericano desde septiembre de 2011.
Según Gobernación, la junta directiva de esa ONG acordó de forma unánime la disolución voluntaria de su sede en Nicaragua "por haber concluido su cartera de proyectos a ejecutar" en el país "y por falta de financiamiento para continuar desarrollando programas sociales".
En los casos de disolución voluntaria, los bienes no pasan a manos del Estado, a menos que tengan obligaciones pendientes.
El Estado de Nicaragua ha cerrado al menos 3.400 organizaciones, la mayoría de forma unilateral, tras las protestas populares contra el Gobierno que preside Daniel Ortega que estallaron en abril de 2018.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.