Opositora Chamorro "culpable" de delitos imputados por gobierno de Ortega en Nicaragua

La opositora y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, fue declarada culpable el viernes de delitos imputados por el gobierno de Daniel Ortega, que le impidieron competir el año pasado como favorita contra la reelección del mandatario.

En el juicio, también fueron sentenciados su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). "Declararon culpables a todos (...) el 21 de marzo leen la sentencia", dijo Olama Hurtado, sobrina de Chamorro, a la AFP.

Cristiana Chamorro, de 68 años, es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021. Además se perfilaba como favorita en las encuestas para enfrentar a Ortega en los comicios de noviembre del año pasado.

"Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir, pero jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente", dijo la opositora al finalizar el juicio, según consignó el portal de internet 100% Noticias, crítico del gobierno.

La fiscalía pidió una pena de hasta 13 años para Chamorro y los trabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes, encontrados culpables de gestión abusiva, apropiación y retención indebida, falsedad ideológica y lavado de bienes y activos.

En tanto, solicitó una condena de hasta nueve años para el hermano de Chamorro, Pedro Joaquín, al que le eximieron del cargo de lavado de bienes y activos.

También se pide siete años para su chofer Pedro Vásquez como "colaborador necesario" en el delito de lavado de dinero.

La sentencia se produjo tras un juicio de siete días, sin acceso a la prensa ni al público, celebrado en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la policía en Managua, conocida como El Chipote.

Chamorro, periodista de profesión, es una de los siete exaspirantes a la presidencia que fueron detenidos el año pasado, junto a 39 opositores, en la antesala de las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega logró un cuarto mandato consecutivo.

Ortega, un exguerrillero de 76 años, está en el poder desde 2007. Su reciente mandato ha sido cuestionado por la comunidad internacional, entre ellos la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, por considerar que las elecciones nicaragüenses no fueron democráticas.

La Fundación de Chamorro, que llevaba el nombre de su madre, se dedicaba a promover la libertad de prensa y a capacitar a periodistas.

Durante el proceso, la fiscalía, en manos del oficialismo, acusó a la FVBCH de financiar a periodistas y medios de prensa para "desestabilizar la buena marcha" del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

En el extenso proceso contra Chamorro y otros cuatro procesados desde el 3 de marzo, la fiscalía aportó más de 70 pruebas documentales y unos 40 testigos, en su mayoría agentes de policía, según fuentes cercanas a la familia.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) valoró que al igual que los procesos contra otros detenidos en este también "imperaron las ilegalidades" y que las pruebas documentales presentadas por la fiscalía "no demostraron la comisión de ningún delito".

"Hubo una valoración errónea de las pruebas" de parte del juez porque la defensa aportó elementos de que los acusados "no cometieron ningún ilícito", dijo a la AFP uno de los abogados que prefirió no dar su nombre.

El juez Luden Quiroz, a cargo del juicio, aún no se pronunció si cambiará la prisión domiciliar que se impuso a Chamorro, el 2 de junio cuando fue arrestada.

La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, estimó que eso se determinará el 21 de marzo, cuando se dicte la pena a los procesados.

Desde que iniciaron los juicios el 1 de febrero, de los 46 opositores detenidos el año pasado al menos 31 han recibido condenas de entre ocho y 13 años de prisión, la mayoría por menoscabo a la integridad nacional y difusión de noticias falsas.

Los opositores son juzgados al amparo de una ley de Defensa de la Soberanía, aprobada en 2020 por el Congreso que controla el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La norma castiga a quienes promueven actos que atentan contra la integridad nacional, apoyan sanciones y la injerencia extranjera.

La oposición y la comunidad internacional consideran que las detenciones tuvieron motivaciones políticas y buscaron asegurar la continuidad de Ortega en el poder.

La mayoría de los detenidos han presentado problemas de deterioro de salud, lo que obligó a las autoridades a cambiarles el régimen carcelario a siete de ellos, aunque familiares alegan que hay otros casos graves en prisión.

La medida fue adoptada después de que el exguerrillero y dirigente de la disidencia sandinista Hugo Torres murió el 12 de febrero por una enfermedad que no fue precisada por la fiscalía, tras pasar varios meses preso.

Se estima que en el sistema penitenciario hay otros 124 opositores detenidos en el contexto de la crisis política que vive el país desde 2018.

En ese año estallaron violentas protestas antigubernamentales, donde murieron 355 personas por el uso excesivo de la fuerza y unos 100.000 se exiliaron, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).