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- 05/07/2021 07:13
- 05/07/2021 07:13
Chile logró encauzar este domingo el inicio de la redacción de su nueva Constitución tras una jornada convulsa, marcada por las protestas ciudadanas y de un grupo de constituyentes, que obligaron a suspender temporalmente el acto inaugural y sembraron dudas sobre el arranque de esta épica tarea.
El país consiguió abrir un nuevo capítulo en su historia después de que los 155 miembros que conforman la convención constitucional, la primera del paritaria del mundo, tomaran posesión de su cargo para redactar la nueva Carta Magna, la primera que emana de un proceso democrático y que sustituirá a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Quiero agradecer a todo el pueblo chileno por votar a una persona mapuche y mujer para cambiar Chile. Esta convención transformará el país y lo volverá plurinacional e intercultural", celebró Elisa Loncon, académica, lingüista e indígena, elegida como la presidenta del órgano constituyente.
Con una derecha debilitada, que solo ostenta 38 de los 155 escaños del órgano, y el auge de los candidatos independientes -en su mayoría progresistas-, la convención tendrá la misión de encarrilar a un país fuertemente afectado por una crisis social e institucional que amenaza su estabilidad.
Si algo marcó el transcurso de esta jornada fue la irrupción de un grupo de constituyentes que se negó a tomar asiento al comienzo del acto y, a gritos, exigió el cese de lo que denominaron "represión policial" contra un grupo de manifestantes que se encontraba a las afueras del recinto, obligando a suspender durante casi una hora el encuentro.
Masivas marchas pacíficas se llevaron a cabo horas antes en distintos puntos de la capital, convocadas en su mayoría por constituyentes o grupos de simpatizantes, pero se produjeron también algunos disturbios aislados en puntos cercanos al antiguo Congreso Nacional, donde se celebró el acto, que motivaron la actuación de la Policía.
Algunos constituyentes de izquierdas pidieron que se retiraran los agentes y denunciaron que hubo represión e incluso agresiones a algunos de los electos, aunque, finalmente y tras apaciguarse parcialmente la situación en el exterior, la ceremonia se retomó.
"Las Fuerzas Especiales son las que suscitan la reacción de la gente y su intervención no fue la mejor manera de aplacar los ánimos, pero el Gobierno no lo entendió", consignó el abogado y constituyente Fernando Atria.
Por su parte, Marcela Cubillos, la figura constituyente de mayor simbolismo de los conservadores, agregó que el parón de la celebración fue "una mala señal" y aseguró que en la redacción del texto "tiene que predominar el diálogo y la responsabilidad".
El proceso constituyente nació en 2019 como un acuerdo entre los partidos para amainar la mayor crisis social en tres décadas de democracia, que comenzó en octubre de ese año con masivas protestas por un modelo socioeconómico más justo, que dejaron al menos una treintena de fallecidos.
Loncon, doctora en Humanidades y activista mapuche -la etnia indígena mayoritaria en Chile-, fue elegida por mayoría en segunda vuelta como presidenta del órgano, desbancando a la apuesta de la derecha oficialista, el político Harry Jürgensen.
Sus atribuciones no están todavía definidas, explicó a Efe la politóloga Claudia Heiss, pero su victoria fue ampliamente celebrada puesto que ella "encarna valores de un nuevo Chile" y su elección es una señal de cercanía al feminismo y a los indígenas.
Loncon ocupa uno de los 17 escaños reservados para pueblos originarios, siete de los cuales fueron para el pueblo mapuche, dos para el aimara y un representante de cada uno del resto: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.
"Hoy empezamos a transitar un camino popular y asumimos el compromiso de discutir una declaración sobre los presos de la revuelta", agregó el abogado independiente Jaime Bassa, elegido vicepresidente del órgano.
La primera sesión de la convención tenía tres puntos en el orden del día, la toma de aceptación del cargo de los 155 constituyentes, la elección del presidente y del vicepresidente.
A partir de este domingo, el órgano trabajará durante un máximo de un año para redactar una propuesta de Constitución que deberá someterse en 2022 a otro plebiscito, con voto obligatorio, para su aprobación o rechazo por los chilenos.
La nueva Carta Magna es vista como "una hoja en blanco", una oportunidad del país para reescribir desde cero las reglas del juego, aunque deberá mantener algunos aspectos como el carácter de República, el régimen democrático o los tratados internacionales.
"Hay un mensaje simbólico al crear un nuevo texto, por lo menos en lo formal, aunque luego se mantengan algunos elementos de Constituciones anteriores", apuntó Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca.
Heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la actual ley fundamental es repudiada por muchos sectores por su corte neoliberal y por haber privatizado servicios básicos como el agua, la educación o las pensiones.
Por: Patricia Nieto Mariño