El caso Colombia: los cuatro factores

Transcurridos 28 días desde el inicio del Gran Paro Nacional del 28 de abril, considero que hemos asistido a un conflicto con cuatro grandes categorías de actores. Uno, la violencia presente a lo largo del proceso. Dos, la protesta pacífica. Tres, el gobierno. Y, por último, la comunidad internacional.

La violencia admite, en este caso, varias formas o subcategorías. Tales son, en mi sentir, los bloqueos; el vandalismo; los saqueos; la violencia Estatal; la especulación y el acaparamiento; y, la corrupción en el Estado.

Los bloqueos de las vías de salida y acceso a las ciudades, o a sectores al interior de las mismas, constituyen un mecanismo considerablemente lesivo e inconveniente. Ponen en riesgo no solo la vida de quienes están en las barricadas, sino que atentan contra la vida y bienes de la población restante.

El vandalismo no es lo mismo que el bloqueo. Incurre en vandalismo quien, sin razón valedera, comete desafueros violentos o atropellos en contra de los bienes ajenos o del amoblamiento urbano. Es una conducta irracional que genera daño a los bienes que le son útiles aún al vándalo.

El saqueo está definido por el diccionario como “hurto, latrocinio, pillaje, rapiña, robo, timo”. Es un delito contemplado en el artículo 183 del Código Penal. Consiste en destruir, inutilizar, desaparecer o dañar una cosa mueble o inmueble, o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que no constituya otro delito penado de forma más severa. Claramente, se trata de una conducta propia del lumpen, que se comete al amparo de la protesta, pero en favor exclusivamente del delincuente.

La violencia estatal ha sido definida por la Comisión de la Memoria de Argentina así:

“La violencia estatal es una violación a los derechos humanos. Fue agudizándose al calor de las políticas neoliberales que generaron un proceso de profunda regresión social, desocupación, pobreza y una fuerte fragmentación y segmentación en la sociedad. Como política represiva, la violencia estatal funciona como una técnica de gobierno y control social de determinados sectores de la población, mayoritariamente jóvenes y pobres, sobre quienes se despliegan selectivamente dispositivos represivos, torturas sistemáticas y muertes…

El punitivismo no es nuevo. Se basa en la falacia de que es la única forma de resolver el problema de la inseguridad y ha sido la orientación de las políticas de seguridad desde hace dos décadas. Sin embargo, en los últimos años se ha radicalizado aún más el discurso manodurista y el punitivismo: se ha avanzado decididamente en reformas legales regresivas, se ha planteado un creciente despliegue y ocupación territorial de las fuerzas de seguridad, y se ha reprimido la protesta social de manera sistemática. Para ello se apela al paradigma de las nuevas amenazas a nivel global como la “guerra contra el narco” y la “lucha contra el terrorismo”.

Hay que decir que, desde el 28 de abril hasta hoy, el Estado ha ejercido una violencia cruenta, caracterizada por un uso indiscriminado y excesivo de fuerza y de las armas contra la protesta social mientras que, de modo paralelo, hace la vista gorda ante el vandalismo. Multitud de vídeos que circulan en el ámbito internacional y en las organizaciones de derechos humanos, así lo atestiguan. Decenas de muertos y centenares de desaparecidos es el luctuoso balance. Por bastante menos cayó la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla en 1957.

Y dejo para el final, la más agresiva, la más condenable de las formas de violencia, que lo es la corrupción en los órdenes nacional y territorial, calculada por la Contraloría General de la República en 50 billones de pesos al año, más de 13.000 millones de dólares. Es el doble de la cifra que esperaba recaudar el renunciado ministro de Hacienda con su lesiva reforma tributaria. Es 2 veces y media lo que concedió en exenciones a la banca, a la gran minería y al gran capital la reforma tributaria presentada por el gobierno y aprobada por el Congreso en 2019.

La corrupción Si la clase política colombiana no se apropiara del erario, no fuera menester una reforma tributaria cada dos años, que se carga sobre los hombros de las capas medias y de los sectores pobres asalariados. Esta es la mayor y más grande violencia que se ejerce en contra del pueblo, porque sus efectos son devastadores y porque se verifica de modo subrepticio día a día, hasta cuando los medios o las redes sociales la evidencian.

La protesta pacífica es, ante todo un Derecho Fundamental que consagra el artículo 37 de la Constitución vigente.

Protesta que, entre otros resultados generó que el gobierno retirase al proyecto de reforma tributaria con la que esperaba recaudar 24 billones y la renuncia de su inspirador, el ministro de hacienda. De igual modo, la renuncia de la Canciller, originada en la elaboración de un vídeo mendaz destinado a justificar ante la comunidad internacional los dislates del gobierno. El retiro del proyecto de reforma a la salud. La renuncia del comandante de la Policía de Cali. La renuncia del Alto Comisionado para la Paz, a quien le fue confiado el manejo de la Mesa de Negociación con el Comité Nacional del Paro. Y el trámite en la semana que hoy inicia de una moción de censura, tanto en Cámara como en el Senado, en contra del Ministro de Defensa. Ciertamente, no son logros menores.

Pero, por otra parte, no hay que equivocarse en el análisis. El gobierno, el otro gran actor, ha tenido necesidad de retroceder, pero no es un gobierno debilitado. Desprestigiado sí, nacional e internacionalmente, pero no débil. No puede estar débil un gobierno que cuenta con la fuerza pública más grande de América Latina, más de quinientos mil hombres entre Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Nacional. 

En mi sentir, el gobierno jugará a la dilación, a dialogar sin resolver, a ceder pequeños triunfos al Comité de Parto, a reprimir violentamente por ratos y a replegarse en otros, sin ofrecer soluciones ciertas a los puntos del pliego de peticiones presentado, el cual tiene un costo calculado en 84 billones de pesos, que es una cifra considerable. Es probable que así vaya hasta el 7 de agosto de 2022, fecha de finalización del actual mandato.

De otro lado la protesta ha sido un fenómeno espontáneo, descentralizado, sin jerarquías. El Comité Nacional del Paro está conformado por las centrales obreras, por Fecode (la federación nacional de educadores) y por la Minga Indígena, pero hay quienes - a mi juicio con razón - señalan que en él no hace presencia la juventud que está en las calles, que es la que ha puesto los muertos y la que se ha enfrentado valerosamente a la fuerza pública, lo que le resta legitimidad a la representación que ejerce el Comité.

Finalmente, es el caso de mencionar el rol trascendente que han jugado la comunidad internacional y las organizaciones mundiales de derechos humanos que, oportunamente advertidas por las redes sociales, han levantado su voz de protesta contra la arbitrariedad del gobierno, lo que le ha limitado su interés de decretar el Estado de Conmoción Interior que la Constitución contempla y que le ofrece la oportunidad de legislar a su antojo y decretar la ley marcial.

Es muy difícil en el confuso panorama descrito anticipar qué ocurrirá y cómo terminará el estallido social más largo de nuestra historia. El gobierno se ha apresurado a señalar culpables en el Foro de Sao Paulo, el comunismo internacional, Putin, los chinos, al manido castrochavismo, Maduro, el enemigo interno, las Farc (que no existen), el ELN, la pandemia del Covid y, por último, Gustavo Petro. Lo cierto es que hay una confluencia de factores, cuyo detonante fue la reforma tributaria, acompañada de amenazas tales como la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral.

Estimo que el Comité de Paro está en la necesidad de exigir no solo que la protesta pacífica no esté bajo la amenaza de la represión cruenta de la fuerza pública. Tal exigencia es valedera, pero es insuficiente. El Comité debe inducir al gobierno a que, por la vía de la persuasión, con sus representantes y las fuerzas vivas de cada ciudad, se dialogue con quienes bloquean, para el levantamiento definitivo de los bloqueos. Hacerlo por la fuerza, equivale a intentar apagar un incendio con gasolina.

De igual manera, si se quiere incrementar la legitimidad del Comité Nacional del Paro como representante de quienes protestan pacíficamente, es necesario involucrar a la juventud, a los sectores campesinos y a los gremios que deseen sumarse al proceso. Es difícil un diálogo y, más aún, una negociación con tantos y tan disímiles actores, pero lo que es casi un levantamiento popular demanda los mayores esfuerzos para hallar vías que posibiliten canalizar el disenso.