La justicia colombiana toma las riendas en el caso de violencia policial en Bogotá

Las autoridades colombianas dieron este jueves el primer paso para que se haga justicia en el caso de los policías que agredieron hasta la muerte a un hombre en Bogotá al ordenar la detención de los dos principales implicados y arrestar a uno de ellos, mientras que el paradero del otro se desconoce.

Los agentes están involucrados en la muerte de Javier Ordóñez, de 46 años, que la semana pasada desató violentas manifestaciones contra la brutalidad policial que se cobraron la vida de otras 13 personas, diez de ellas en Bogotá y tres en la vecina localidad de Soacha.

La decisión de ordenar la captura de los patrulleros Harby Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos fue tomada por un juez de control de garantías por petición de la Fiscalía General que los acusó del delito de homicidio agravado.

Poco después de emitida la orden judicial, Rodríguez Díaz fue detenido en el barrio de Bosa, en el sur de Bogotá, según la prensa, mientras que el abogado de Lloreda, Jesús Libadier Giraldo, dijo en una carta publicada por medios locales que su cliente "está dispuesto a presentarse ante cualquier requerimiento" que la Fiscalía estime conveniente.

Las órdenes de detención se conocen horas después de que se publicara el relato de Wílder Salazar, amigo de la víctima y testigo del abuso policial, quien contó que en la madrugada del pasado 9 de septiembre Ordóñez fue golpeado salvajemente y sus pedidos de auxilio fueron negados por los uniformados.

El testimonio de Salazar fue publicado en un video enviado a la congresista Katherine Miranda y emitido durante un debate de control político en la Cámara de Representantes.

"Las súplicas de Javier en todo momento fueron 'ya, ya no más'. Yo también grité en varias ocasiones que no lo lastimaran más con la pistola Táser (...) Los policías nunca se detuvieron", afirmó el amigo de Ordóñez.

El hombre, que grabó en un teléfono celular todo lo ocurrido, detalló que a la víctima "la golpearon en varias oportunidades en el rostro y seguían con la pistola Táser" durante una operación policial en el barrio Santa Cecilia, en el oeste de Bogotá.

"Las descargas ya no se las hacían sobre la ropa porque él ya tenía la camiseta desgarrada, se las hacían sobre la piel", aseguró Salazar.

Luego Ordóñez y él fueron subidos a un vehículo de la Policía, en donde "sigue la tortura" de su amigo, hasta llegar al Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Villa Luz, donde "lo siguen golpeando, lo empujan, lo botan (tiran) al piso".

"Él ya estaba esposado, estaba totalmente inmovilizado, no podía hacer absolutamente nada y lo botan a mis pies, esposado, y él queda en forma fetal", contó.

Posteriormente dijo que sacaron a Ordóñez del CAI y que camino a la clínica Santa María del Lago trataron de reanimarlo pero "él nunca abrió los ojos".

En esa clínica lo ingresaron por urgencias y luego salió una doctora que le dijo: "'Lo siento mucho, no se pudo hacer nada porque su amigo entró aquí muerto'".

Además del caso que le sigue la justicia ordinaria a los dos policías, la Procuraduría General (Ministerio Público) citó el miércoles a los dos uniformados a un juicio disciplinario por la muerte de Ordóñez.

Tras asumir por poder preferente "el proceso que adelantaba la Inspección General de la Policía, el Ministerio Público fijó para el próximo 1 de octubre el inicio de la audiencia contra los uniformados para que respondan disciplinariamente por las conductas consideradas gravísimas a título de dolo".

La Procuraduría aseguró que, a su juicio, los agentes presuntamente incurrieron en conductas delictivas descritas en el Código Penal como abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio.

Por este caso, otros cinco uniformados también están apartados del cargo mientras avanza la investigación.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reconoció esta semana en una sesión del Congreso que la muerte de Ordóñez es responsabilidad de los policías que intentaron detenerlo y abusaron de la fuerza.

El senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), dijo hoy en la Comisión Segunda del Senado que enviará una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la posible responsabilidad del presidente colombiano, Iván Duque, y el ministro de Defensa en la violencia policial durante las protestas que siguieron a la muerte de Ordóñez.

Según Cepeda, en esa comunicación informará "sobre eventual responsabilidad de presidente Duque y Ministro de Defensa (en) crímenes de lesa humanidad (masacre y torturas) cometidos por la Policía Nacional bajo su mando".

Cepeda añadió que lo ocurrido durante las violentas protestas de las noches del 9 y 10 de septiembre no merece "ningún tipo de definición distinto a crimen de lesa humanidad", que "están definidos entre otros instrumentos como acciones de trabajo generalizado y sistemático que atentan contra la población civil y eso es lo que precisamente presenciamos".

"No cabe, bajo ninguna explicación razonable y lógica, la deducción de que en distintos puntos de la ciudad, en un mismo momento y de una misma forma, hayan reaccionado simultáneamente un número muy considerable de agentes de la Policía", expresó Cepeda al referirse a uniformados que dispararon contra los manifestantes.