Piden que dinero público de campaña electoral vaya a bioseguridad en Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia se sumó este sábado a las voces que piden que el dinero público para financiar la propaganda de los partidos que concurrirán a las próximas elecciones generales tenga otro destino, como garantizar medidas de bioseguridad adecuadas durante este proceso.

El presidente de ese tribunal, Salvador Romero, leyó un comunicado en ese sentido en una rueda de prensa en La Paz, en la que manifestó que el organismo electoral está dispuesto a presentar un proyecto de ley para que, de forma excepcional, se deje sin efecto la distribución de recursos públicos para las campañas electorales.

"Se trata de una situación extraordinaria, porque extraordinarios son estos tiempos, marcados por un muy grave deterioro de las variables económicas como consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus. Es una hora que exige desprendimiento y sacrificios", señala el pronunciamiento leído por Romero.

Según el tribunal, así lo han comprendido tanto esa entidad como las organizaciones políticas que han expresado "de manera masiva su predisposición para resignar esos recursos".

La ley de Organizaciones Políticas vigente desde 2018 establece una financiación mixta, pública y privada, para las organizaciones políticas para garantizar el voto informado y condiciones igualitarias en la competencia electoral, según el órgano electoral.

El tribunal electoral dispone de un presupuesto equivalente a unos 5 millones de dólares para contratar espacios para la difusión de propaganda de los partidos que participarán en las elecciones generales.

En las últimas horas, políticos como los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales se han pronunciado a favor de emplear ese dinero en las acciones contra la pandemia de la COVID-19.

El TSE propuso que estos recursos "queden definitivamente consolidados dentro del presupuesto electoral, con lo que harían falta unos 2 millones de dólares adicionales para cubrir los requerimientos "para llevar adelante un proceso electoral seguro desde el punto de vista de la salud".

El presupuesto adicional permitirá la compra de material de protección para los jurados y la aplicación "de mejor manera" de medidas como la distancia física en todas las etapas del proceso electoral, según el tribunal.

Las elecciones generales en Bolivia, previstas ahora para el próximo 6 de septiembre, están pendientes desde la anulación de los comicios de octubre pasado, en los que el entonces mandatario Evo Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido y luego renunció entre denuncias de fraude a su favor.

Morales denunció que era forzado a dejar el poder por un supuesto golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su nueva victoria electoral, tras lo que Jeanine Áñez, entonces senadora de la oposición, asumió la Presidencia de forma interina al activar un mecanismo sucesorio ante un vacío de poder.