La prensa vuelve a estar en el punto de mira del Ejército colombiano

La prensa está en la mira del Ejército colombiano, que vuelve a escandalizar al país con un nueva operación de espionaje masivo a corresponsales nacionales y extranjeros sobre la cual ni el Gobierno ni la cúpula militar dan explicaciones suficientes.

La tentación de hacer seguimientos a la prensa es recurrente en unidades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, pero esta vez llama la atención la amplitud de la operación, que tuvo lugar entre febrero y diciembre de 2019 para hacer perfiles de los afectados que incluyen gráficos sobre sus contactos, movimientos, trabajos periodísticos e incluso sobre sus seguidores en las redes sociales.

"Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país", manifestó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado en el que condenó lo sucedido.

CARPETAS SECRETAS

La revista Semana, que destapó el escándalo, asegura en su investigación titulada "Las carpetas secretas" que son por lo menos 130 las personas espiadas mediante herramientas informáticas, entre ellas periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno.

Sin embargo, el foco de los seguimientos está puesto en la prensa, en especial en corresponsales de medios estadounidenses, como Nick Casey, de The New York Times.

Casey es el mismo que en mayo pasado publicó una polémica directriz del entonces comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en la que pedía a la tropa incrementar los resultados operacionales, lo que ponía en riesgo la vida de civiles como sucedió con las numerosas ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos".

Según la revista, "los militares monitoreaban los pasos de ese periodista (Casey) en el país en una carpeta donde tenían sus contactos, algunas fuentes y las personas con las que se relacionaba, e incluso aparecen sus propios editores de Nueva York".

Uno de los oficiales encargados de espiar a Casey dijo a Semana que "la orden de los mandos (...) fue que, por instrucciones de mi general, había que conseguir todo lo que se pudiera sobre el periodista gringo, especialmente porque consideraban que, por lo que publicó, estaba atacando a la institución y, en particular, a mi general Martínez".

El cuestionado general Martínez pasó a retiro en diciembre pasado alegando "motivos familiares", después de doce meses de una gestión marcada por constantes denuncias de presunta falta de compromiso con los derechos humanos.

ATENTADO A LIBERTAD DE PRENSA

"Las carpetas secretas son un atentado a la libertad de prensa, de opinión y a la intimidad de las personas. Eso no puede pasar en una democracia", manifestó hoy en su cuenta de Twitter el director de Semana, Alejandro Santos Rubino.

La revelación de la revista incluye a otros periodistas como Juan Forero, del Wall Street Journal; John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), sigla en inglés), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.

Todos cubren habitualmente el conflicto armado colombiano y asuntos relacionados, como denuncias de corrupción en las Fuerzas Armadas, y en el caso de Addario, cayó en la mira de los militares por unas fotografías que hizo en febrero pasado de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó (oeste) para un reportaje de National Geographic.

Según Semana, también hay referencias de periodistas colombianos, entre ellos María Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol; Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Gina Morelo, editora de la unidad de datos de El Tiempo; Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio, y Daniel Coronell, columnista y presidente de noticias de Univisión.

La denuncia de Semana revela que también existen carpetas sobre medios alternativos como La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto, enfocados en las memorias del conflicto armado y la resiliencia de las víctimas.

"La investigación muestra un evidente caso de violación a nuestra intimidad y un grave atentado contra nuestro trabajo como periodistas, contra nuestro derecho a la libertad de expresión", aseguró este sábado en un editorial Rutas del Conflicto.

Este medio consideró "injustificable" que un medio de comunicación sea objeto de un perfil "por parte de inteligencia militar, como si se tratara de alguna organización que actuara por fuera de la ley, por el simple hecho de ejercer un periodismo crítico con las instituciones".

VIEJAS PRÁCTICAS DELICTIVAS

En las carpetas hay igualmente perfiles de políticos de oposición y de defensores derechos humanos, como el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, o el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

"Es de suma gravedad que al interior de las Fuerzas Militares varias unidades continúen realizando labores de espionaje ilegal contra las organizaciones que documentamos o acompañamos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de estas instituciones", manifestó hoy el Cajar en un comunicado.

El seguimiento a la prensa y a la oposición por parte de los organismos de seguridad del Estado no es nuevo en Colombia, pero sí recurrente.

En 2009, la misma revista Semana denunció que funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) interceptaban llamadas de magistrados, periodistas y líderes de oposición durante el Gobierno de Álvaro Uribe, lo que desató un terremoto político que llevó a algunos de los implicados a la cárcel.

Posteriormente, en 2014, Semana sacó a la luz la "Operación Andrómeda" con la cual miembros de inteligencia militar espiaban a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC, políticos de izquierda y periodistas.

A comienzos de este año, la misma revista reveló que miembros de la inteligencia militar utilizaron de forma ilegal equipos donados por organismos de inteligencia de Estados Unidos para "fines ilegales" de seguimiento a periodistas y opositores, y que eso fue lo que precipitó la renuncia del general Martínez a la comandancia del Ejército.

RESPUESTA OFICIAL

Curiosamente este viernes, horas antes de que Semana publicara "Las carpetas secretas", el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció los primeros resultados de las investigaciones por las denuncias de enero pasado, que hasta entonces no habían avanzado.

"Hoy se apartarán del cargo y se retirarán del servicio activo once oficiales, asimismo, un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio activo", manifestó el ministro como la decisión más relevante de la investigación, sin dar ningún detalle.

Al respecto, el Cajar expresó hoy su agrado por "la decisión de desvincular a militares implicados en estas prácticas" pero consideró que "esta medida es insuficiente como garantía de no repetición".

ADVERTENCIA A MILITARES

El presidente colombiano, Iván Duque, se refirió hoy al nuevo escándalo para subrayar en Twitter que su Gobierno no tolerará "a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley" y por eso encargó a su ministro de Defensa una "rigurosa investigación de las labores de inteligencia de los últimos 10 años".

"Reitero mi rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento. Perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad", expresó el mandatario.

Ante la lentitud de las investigaciones de los hechos, de los cuales tienen conocimiento además la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, la FLIP y el CPJ hicieron el pasado 4 de marzo una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras la nueva revelación de Semana, la FLIP exigió al Gobierno explicaciones públicas sobre el origen y el propósito de estos seguimientos, las instancias militares y políticas que tuvieron acceso a la información recopilada y las acciones que se tomarán "para asegurarse de que cesen estas prácticas dentro de la fuerza pública".