UE auditará en 2025 los controles que hace Panamá sobre pesca ilegal

El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), Eduardo Carrasquilla, confirmó que Panamá se prepara para recibir en el segundo trimestre de 2025 una tercera auditoría de la Unión Europea (UE), con respecto al retiro o no de la tarjeta amarilla que lo mantiene como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

“Tendremos un periodo de seis a ocho meses para poder prepararnos para la auditoría en 2025. Hemos avanzando. Tenemos ya comunicación. Durante este mes y en noviembre estaremos desarrollando reuniones virtuales donde intercambiaremos información con la UE”, comentó el administrador general de la Arap a este medio.

Carrasquilla recordó que la fecha de la auditoría, más bien, estaba programada para octubre de 2024, sin embargo, en una reunión con la UE lograron un compás de espera para el segundo trimestre de 2025, ya que este bloque económico está muy interesado en que Panamá logre la tarjeta verde.

La UE sancionó por primera vez a Panamá con una tarjeta amarilla en 2014, pero en 2017 recuperó la tarjeta verde. Luego, tras una etapa de poca inversión y control, el bloque económico volvió a sancionar al país con una tarjeta amarilla en 2019, explicó el administrador general de la Arap.

Después de 2019, dijo, hubo dos auditorías, una en 2020 y 2022, sin resultados para salir de la sanción de la tarjeta amarilla, situación que representaría que la tercera auditoría fuera una sanción para una tarjeta roja.

Carrasquilla aseguró que esto sería altamente perjudicial porque impediría que se desarrollen exportaciones y bloquearía el acceso de buques panameños a puertos europeos, un perjuicio que representaría un valor por el orden de más de $300 millones. Todo esto, tomando en cuenta que Panamá nunca ha sido sancionada con la tarjeta roja.

Según el administrador general de la Arap, a la UE le interesa que la entidad pueda dar evidencia de que, en efecto, está controlando todas las operaciones de las flotas, ya sea en aguas internacionales como nacionales.

Por lo tanto, detalló que para la auditoría, la UE revisará las evidencias documentales que pueda tener la Arap sobre el control que hace en las flotas que estén en aguas internacionales, tomando en cuenta que Panamá se adhiere y cumple con las reglas que estipulan las organizaciones que fiscalizan estas zonas, que van desde el Pacífico, Pacífico Oeste y Atlántico.

Carrasquilla defendió que, hasta el momento, Panamá cuenta con el Centro de Control y Seguimiento Pesquero, que monitorea satelitalmente poco más de 200 naves a nivel internacional y cerca 280 naves nacionales, ya sea medianas y grandes, así como las de carácter industrial, que realicen zarpes, faenas de pesca, desembarques y los transbordos que realicen de productos pesqueros, tanto en el país como en aguas internacionales.

“Gracias a esos avances de seguimiento, hemos logrado prácticamente el control total de las operaciones de sus flotas y las mismas están siendo documentadas y se mantiene registro que garantiza la trazabilidad de todas estas cargas. De esta forma, permitimos que todas las especies explotadas por las distintas pesquerías cuenten con la certificación de una pesca reglamentada y declarada, es decir, que cuenta con todos sus permisos”, defendió.

El otro componente de la auditoría de la UE serán las operaciones que ocurran en aguas panameñas, específicamente en las actividades pesqueras que se desarrollan en las plantas procesadoras, que es de donde sale el producto de exportación nacional hacia Europa.

Eduardo Carrasquilla reconoció que son estas operaciones las que realmente les hace falta reforzar, ya que cuentan con carencia de recursos. Sin embargo, adelantó que estarán solicitando para el presupuesto de 2025 más de $3 millones para reforzar estas deficiencias.

De esa cifra total, adelantó, $2 millones serán para el proyecto de patrullas marino costeras, para que la Arap adquiera seis naves patrulleras para tener presencia en aguas nacionales; $1.2 millones para el proyecto de instalación y configuración del Centro de Control de Seguimiento Pesquero de Aguas Nacionales, que estará en el puerto de Vacamonte, en Panamá Oeste; $500 mil para la contratación de inspectores especialistas en plantas procesadoras de productos del mar para que inicien labores en 2025.

“En total, es un poco más de $3 millones que necesitamos de forma importante. Le hemos planteado al Ministerio de Economía y Finanzas que estos recursos son vitales para poder lograr la tarjeta verde, ya que si la Arap logra implementar estos recursos en 2025, estará listo para pasar una auditoría favorable”, concluyó el gerente general de la Arap.