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Reglamentación o modificación: ¿cuál es el mejor futuro para la Ley de Registro Contable?
![La Ley 254 tiene más de dos años de que se promulgó y todavía no se ha reglamentado, a pesar de que la Unión Europea mantiene a Panamá en su lista gris. La Ley 254 tiene más de dos años de que se promulgó y todavía no se ha reglamentado, a pesar de que la Unión Europea mantiene a Panamá en su lista gris.](http://www.laestrella.com.pa/binrepository/700x466/0c38/700d390/none/199516884/RKFO/panama1-foto-roman_181-7964794_20240827181547.jpg)
- 28/08/2024 00:00
- 27/08/2024 18:15
Ya han pasado dos años y medio desde que fue promulgada la Ley de Registros Contables y su reglamentación todavía no ve la luz. Este procedimiento que la Dirección General de Ingresos (DGI) debió concluir a los seis meses de publicarse la ley, ha pasado por una serie de extensiones en el plazo para la presentación de la declaración jurada que deben hacer los abogados, que son los agentes residentes.
Recientemente, la DGI volvió a extender este procedimiento a los años fiscales 2021, 2022 y 2023. La nueva fecha será para diciembre de 2024, luego de que el periodo expirará en agosto.
La Ley 254 obliga a los agentes residentes a proporcionar, custodiar y guardar facturas, estados de cuenta y demás registros contables de sus clientes. Acciones que según el Colegio Nacional de Abogados (CNA), el Grupo Acción por Igualdad Financiera Internacional (Gapifi) y el Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (Cosip) no son competencia de los agentes residentes, sino de los contadores públicos. Por lo tanto, coinciden en que se hace necesario la discusión de una reglamentación o en un caso mayor la modificación de la ley misma, a través de una iniciativa legislativa.
Por ejemplo, Moisés Cohen, presidente de Cosip, ve con buenos ojos que se haya puesto una nueva fecha hasta diciembre del 2024 para la obligatoriedad de los registros contables, porque de esta forma se da el tiempo para que los sectores involucrados puedan reunirse con la DGI y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que se emita una reglamentación clara y precisa sobre qué obligación tendrá el abogado con los registros contables, puesto que durante la administración pasada se dieron reuniones y no se llegaron a acuerdos sobre una reglamentación.
“Se extiende porque no se llega a un acuerdo de una reglamentación que sea lógica, razonable y cumplible, por eso no se ha publicado y se sigue extendiendo”, expresó el presidente de Cosip.
Carlos Raúl Moreno, presidente de Gapifi, coincidió con Cohen y enfatizó en que a través de todas las denuncias y acciones entre Gapifi y el CNA se sentaron y conversaron con las autoridades de la administración pasada para llegar a un acuerdo, que nunca llegó. “No quisieron llegar a un acuerdo razonable y optaron por las extensiones porque tampoco se atrevían a ponerlo a la brava porque sabían las consecuencias. Ahora, la misma ley habla que se reglamentará esto, pero es imposible reglamentar un absurdo porque no ha habido manera que el gobierno le vea una salida a esa posesión legal”, señaló.
De acuerdo con el presidente de Cosip “hay que ver si es posible un cambio en la Ley 254 para mejorarla y hacer una reglamentación con normas con que sea razonable, lógica y posible. “Tenemos que entender cuál es el espíritu de solicitar registros contables de una sociedad anónima, no solo en Panamá, sino en otros países. Por lo tanto, se debe encontrar una solución razonable, inteligente y que sea posible, ya que no podemos estar solicitando a los abogados ni a sus clientes cuestiones que no sean razonables, posibles y lógicas”, expresó.
Ahora en un ambiente distinto con la administración del presidente José Raúl Mulino, tanto Gapifi como Cosip y el CNA ha iniciado las conversaciones para buscar la manera de reglamentar la Ley 254, de lo contrario propondrán una iniciativa en la Asamblea Nacional para cambiar la redacción de la ley con alternativas que la abogacía pueda cumplir, como los estándares internacionales que tienen las demás jurisdicciones.
La presidenta del CNA, Maritza Cedeño, confesó que dentro de las diferentes reuniones con la Cancillería, la DGI y el MEF han conversado para tener mesas de trabajo, de ser necesarias para hacer modificaciones a la ley.
Explicó que este procedimiento es importante porque todo lo que es materia tributaria no puede ser presentado por iniciativas ciudadanas, sino por la administración pública o los diputados.
“Hemos tenido una buena recepción por parte de los administradores públicos que han entendido el panorama y saben, por supuesto, que debemos unirnos entre todos para buscar la salida”, enfatizó Cedeño.
Cosip, por su parte, confirmó que este miércoles tendrán una reunión con el director de la DGI, Camilo Valdés. “Yo estimo y considero que con el director de la DGI y el ministro del MEF, Felipe Chapman, podamos llegar a un acuerdo que sea razonable, lógico y posible. De esta manera, entonces, entraría en vigencia la obligación de los registros contables en los abogados”, dijo.
El CNA maneja dos alternativas para una modificación de la Ley 254. La primera es que los abogados hagan una declaración jurada que indique dónde el cliente lleva su contabilidad y tiene sus registros contables. Esto tomando en cuenta que no necesariamente el cliente va a entregar no solo los registros contables, sino todos los documentos de respaldo, de los que los agentes residentes no tienen capacidad de guardarlas y estudiarlas.
Como segunda opción, en el caso de requerir una contabilidad, registro contable o estado financiero, la DGI puede solicitar dicha información al agente residente y éste le notifica al cliente de la solicitud que hay sobre su información tributaria, de la cual se requiere una copia para que la DGI realice ese intercambio de información tributaria.
Cedeño aclaró que este último procedimiento sería en solicitudes de casos puntuales, ya que se deben tomar en cuenta que existen convenios de intercambio de información tributaria con varios países. Por ejemplo, los bancos dan información tributaria de nacionales que tengan cuentas bancarias en otros países. “Solo se trata de ir cerrando esa posible brecha que (la DGI) siente que se tiene. Sin embargo, los abogados no nos podemos convertir en los policías de los clientes para buscar su contabilidad”, subrayó.
La Ley de Registro Contable se desprende de la Ley 254, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas destructivas. Tiene como objetivo brindar la flexibilidad necesaria para la presentación de los registros contables y copias de estos a los agentes residentes, fundamentado en el marco regulatorio que se establece en la Ley 52 de 2016 y sus modificaciones.
Los registros contables se refieren “a los datos que indiquen clara y precisamente las operaciones comerciales de las personas jurídicas, sus activos, pasivos y patrimonio, y permitan determinar su situación financiera, así como preparar estados financieros de dicha persona jurídica. La amplitud de los registros contables dependerá de la complejidad y magnitud de la actividad a la que se dedique la persona jurídica”, según consta en la Ley 52 del 27 de octubre de 2016.
La presidenta del CNA recordó que las reuniones con las nuevas autoridades las hacen con el propósito de cooperar, para que Panamá no siga incluido en listas discriminatorias, de lo contrario no llegan inversiones y, sin inversiones, no existen clientes nuevos y, sin esos clientes, no hay plazas de trabajo.
“Nosotros queremos cooperar con lo que realmente se puede cumplir, no inventar normativas que se inventaron en su momento y que, a la fecha, no hemos podido cumplir, ni mucho menos reglamentar. Eso es en lo que estamos con los registros contables”, comentó Cedeño.
“Estamos esperando que se nos informe qué es lo que nosotros debemos cumplir a nivel internacional para tener el estándar que se cumple en otros países, para colaborar para salir de las listas porque sabemos que esto se da como un procedimiento para el intercambio de información”, añadió.
Mientras que el presidente de Cosip señaló que con la salida de la lista Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), ahora falta salir de la de la Unión Europea, -que mucho tiene que ver con la Ley 254- en cuya lista están los países que no cooperan en temas tributarios y los que no cooperan en prevención de lavados de activos. “Esperamos que se den cuenta que Panamá cumple con los estándares internacionales y salgamos de la lista lo antes posible”, concluyó Cohen.