Proyecto de ley de interés preferencial continúa su discusión en primer debate

El proyecto de ley No. 207, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios, continúa este miércoles 2 de abril su discusión en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN).

La norma establece un ámbito de aplicación en cuanto al régimen fiscal para que sea aplicable a los intermediarios financieros, tanto públicos como privados, debidamente autorizados por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

La medida se da con el objeto de que se puedan otorgar créditos hipotecarios, que cumplan con los requisitos y formalidades previstos en la ley, cuyos contratos serán denominados “Préstamos Hipotecarios Preferenciales”.

Promotores del interior del país como la Asociación de Promotores de Chiriquí, Asociación de Promotores de Coclé y Asociación de Promotores de Vivienda Veragüenses expusieron este martes su visión sobre la Ley de Interés Preferencial, destacando la necesidad de que esta política se convierta en una herramienta de inclusión social y sostenibilidad para todo el país.

Las organizaciones señalaron que el país requiere una legislación que no solo subsidie viviendas, sino que corrija desigualdades históricas, cierre brechas estructurales y reactive la economía de las comunidades.

El preside de la Comisión de Economía y Finanzas de la AN, el diputado Ronald De Gracia, señaló que “es importante que este proyecto sirva para que todos juntos se proyecten a brindar una calidad de vivienda, más eficiente y ayudar así, a la población en general, por lo que, de mi parte van a contar con nuestro apoyo y ayudando al país generando nuevos empleos”.

Según el ministro de Vivienda, Jaime Jované, la propuesta tiene el propósito de darle acceso a una vivienda digna a los de menor ingresos económicos, el cual es un derecho fundamental y un pilar esencial para el desarrollo y bienestar de la población.

Explicó que, si bien Panamá ha logrado avances significativos en la promoción de soluciones habitacionales, persisten desafíos que limitan la capacidad de muchas personas o grupos familiares, especialmente aquellos con menores ingresos para acceder a una vivienda propia.

“El proyecto busca fortalecer y modernizar el régimen de préstamos de intereses preferenciales, optimizando su aplicación y garantizando que los subsidios estatales se asignen de manera sostenible equitativa y eficiente”, dijo Jované.

Elisa Suárez, directora ejecutiva de Convivienda y miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), señaló que lo importante es lograr una ley eficiente y sencilla, donde los bancos no pongan obstáculos, para que las familias puedan hacer sus préstamos de viviendas.

Las promotoras del interior del país recordaron que la propuesta plantea dividir el país en dos zonas para efectos del régimen de interés preferencial. La Región 1, compuesta por Panamá y Panamá Oeste y la Región 2, por el resto del país.

Sin embargo, indicaron que esta diferenciación, basada en datos oficiales, responde a realidades territoriales muy distintas.

Citaron que datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) confirman que en provincias como Chiriquí, Coclé y Veraguas, los salarios promedio están por debajo del umbral requerido para calificar a un préstamo hipotecario de $50,000.

Además, dijeron, la cobertura bancaria es limitada, los costos logísticos son más altos y el desempleo ha aumentado en los últimos años.

En Chiriquí, con un salario promedio de $628.00, el 65% de los trabajadores formales no alcanza el ingreso mínimo requerido ($768.00) para optar por un préstamo hipotecario con la propuesta actual del interés preferencial, mientras que, en Coclé, el 68.5% queda por debajo del umbral, con un salario promedio de $618.

La misma situación se da en Veraguas, donde ingreso promedio es de $700.00 por lo que el 58% de los trabajadores tampoco califica.Estas cifras no solo reflejan desigualdad, reflejan exclusión.

Por ello, las asociaciones proponen que la Región 2 reciba un ajuste porcentual adicional en cada tramo del subsidio. Además, subrayaron que esta ley también puede ser una herramienta de sostenibilidad territorial.

Recalcaron que cada casa construida en el interior activa empleo local, dinamiza ferreterías, transportes, pequeños comercios y reduce la presión migratoria hacia zonas urbanas saturadas.

“La Ley de Interés Preferencial es mucho más que una herramienta financiera. Es el punto de partida para una política pública que garantice justicia social y sostenibilidad en todo el país. Es la oportunidad de construir un Panamá más justo, más humano y más conectado con su gente,” concluyeron los voceros.