Propuestas para reformar la CSS no son la solución; protestas podrían llevar a Panamá perder grado de inversión

Reformar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) requiere de soluciones financieras estructurales, explicó a los medios de comunicación la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), este miércoles 11 de diciembre, durante un conversatorio, donde, a su vez, hizo el balance de situación del Centro Bancario Internacional (CBI) a octubre y analizó las dos propuestas que surgieron la semana pasada de gravar sobre los depósitos interbancarios y de cobrar un impuesto a las operaciones financieras.

Milton Ayón Wong, regente de la SBP, manifestó que “hay varias propuestas en el sector financiero. La de gravar los depósitos interbancarios no resolvería nada y entiendo que en la Asamblea ya no la están considerando, porque nos pidieron los números y los dimos, ya que eso puede resolver unos $50 millones, cuando el problema son $2.000 millones”.

Tomado como premisa que en la propuesta de la bancada del partido Realizando Metas y mixta, no indicaron un porcentaje o monto estimado a lograr a manera de ejercicio, la SBP dijo que a octubre el Sistema Bancario Nacional (SBN) -que otorgó en crédito interbancario externo al sector financiero unos $6.070 millones, donde ese sector se subdivide en dos, los créditos interbancarios con $4.324 millones y el resto del sector financiero $1.746 millones (financieras, cooperativas, etc.)- los intereses ganados sobre préstamos ascendieron a $208 millones; mientras que los depósitos interbancarios externos u offshore totalizan unos $7.948 millones, que generan en intereses pagados unos $303 millones, cuando podrían llegar a la mitad.

Al sumar los intereses ganados sobre préstamos y adicionar los intereses pagados sobre los depósitos interbancarios externos surge un total de $511 millones, que a una tasa de 5 % representarían $25 millones y al 10 % otros 51 millones [siendo este el monto de la propuesta].

“El monto antes descrito [$51 millones] no solucionaría el problema estructural de la CSS -afirmó la SBP- sino que mandaría un mensaje internacional negativo del país, poniendo en riesgo su ventaja competitiva, que se basa en cumplir con altos estándares internacionales y que se encuentra alejada de la política”.

La propuesta de los diputados buscaría gravar sobre los depósitos extranjeros en el CBI, que representan el 38 % del total, y que a octubre de 2024 se situó en $41.766 millones. En orden de importancia figuran los depósitos de Colombia, con $7.806 millones; Venezuela, con $2.782 millones; Ecuador, con $2.733 millones; Costa Rica, con $2.320 millones; República Dominicana, con $2.154 millones; Estados Unidos, con $2.142 millones; Perú, con $1.992 millones; Guatemala, con $1.965 millones; Honduras, con $1.726 millones y El Salvador, con $1.491 millones.

“Entiendo que en la Asamblea ya no lo están considerando [la propuesta]. Se debe valorar bien cada medida o propuesta, donde se introduzca alguna tasa que pueda poner en riesgo la competitividad del Centro Bancario Internacional”, dijo Ayón Wong.

“Hoy, Panamá tiene una marca importante en el área financiera de la región, donde la gente deposita el dinero aquí por seguridad, por el dólar, y aunque otros países han querido copiar el modelo del dólar, no les ha funcionado, porque nosotros nacimos dolarizados, y ellos, Ecuador y El Salvador, tienen banco central. Somos modelos distintos”, comentó el titular de la SBP.

A su juicio, de concretarse una propuesta así se ahuyentarían las líneas de corresponsalía bancaria, que permiten que el costo de operaciones (financiamiento para hipotecas, automóviles y préstamos personales) en el país sean a plazos increíbles, porque en el país opera un Centro Bancario Internacional.

“La realidad es que hoy en día la gente vive más que en la década de los 60, cuando la tabla actuarial [vigente] que indicaba que la expectativa de vida era hasta 70 años y hoy es 82 años”.

El superintendente pensó que la propuesta sería a cinco años y no a tres, como plantea la reforma presentada por el Ejecutivo. En países como Alemania, los trabajadores se pensionan por vejez a los 67 años, citó.

Mientras tanto, indicó que la propuesta del economista Ernesto Bazán de cobrar un impuesto a las operaciones financieras podría estudiarse porque “sí funciona” en otras jurisdicciones, pero cuando el gobierno tiene un problema de déficit fiscal, no en seguridad social, por lo que el caso de Panamá es diferente.

El primer obstáculo de la propuesta es que el país no cuenta con un banco central y de acogerse y aplicarla conllevaría a crear un control de todas las transacciones financieras de la banca, y ni la SBP cuenta con esa información, si no que habría que desarrollar un tipo de trazabilidad de todas las operaciones que hace cada banco, donde entonces cada transacción tendría un cargo, detalló el superintendente Ayón Wong.

La discusiones sobre reformar la Ley 51 de 2005 sí podrían llevar a Panamá a perder el grado de inversión de salir las masas a protestar, ya que es un tema que están siguiendo de cerca las calificadoras de riesgo.

Para el director de Estabilidad Financiera de la SBP, Javier Motta, el riesgo actual de Panamá sin perder el grado de inversión son dos: económico y social. En el caso económico están: alza en las tasas de interés, aumento de la inflación y aumento del déficit fiscal; mientras que el social sería la sostenibilidad de la seguridad social y eventos de cierre callejero que impactan en la economía.

Pero con la pérdida las afectaciones en el sector real abarcan una reducción de la inversión extranjera directa, estancamiento del consumo y lenta recuperación de empleo. En cambio, para la banca, el impacto se daría en la reducción del RC, aumento de la tasas de interés, lenta actividad crediticia, disminución de los ingresos financieros, aumento en el costo de fondo y reducción del financiamiento externo.

Por su parte, el superintendente manifestó que “si la Asamblea no apoya realmente la propuesta del Ejecutivo, eso daría una señal a los mercados internacionales de que Panamá no es un país serio, donde el Gobierno ha identificado el problema se presentó una propuesta que tiene una sustentación económica y financiera, y tenemos que ver cómo salimos adelante con ese problema, que debió ser atendido hace 10 o 5 años”.

A la SBP le preocupa más el impacto que tienen las protestas y los cierres de calles, ya que esos afectan también la imagen del país y podrían poner en riesgo el grado de inversión, y es por ello que sugiere que el tema siga negociándose en la mesa y no con protestas.

A octubre, el balance de situación del CBI arrojó en activos, un total de $153.564 millones, cifra que representa un crecimiento de 7 % con respecto a 2023, que en valores absolutos es de $11.000 millones.

Motta indicó que el comportamiento económico actual no es el más positivo. Explicó que cuando la economía crecía arriba del 5 %, los activos, los créditos y las inversiones bancarias crecían arriba del 10 %, ahora, con una proyección de crecimiento económico de 2,4%, el crecimiento de los activos lo ve muy positivo y lo sustenta la cartera de crédito por $94.859 millones, un crecimiento de 8,9 %, de los cuales el crédito local asciende a $62.000 millones, con 6,6 % de crecimiento y la cartera externa crece un 14 %.