Promotores de vivienda del interior en incertidumbre por vencimiento del Fondo Solidario

Entre Herrera y Los Santos existen 20 proyectos habitacionales construidos bajo el esquema del programa Fondo Solidario de Vivienda (cuyo valor no supera los $70,000), que no se han podido vender, tras el vencimiento del decreto del bono de $10,000, en aquellas viviendas que no fueron construidas hasta el 30 de junio de 2024.

Diosa Cedeño de Tello, secretaria de la junta directiva de los Promotores de Vivienda de Azuero, explicó que esta situación ha generado un inventario de lotes segregados con viviendas construidas, que cuentan con servicios básicos, calles, aceras, cunetas y alcantarillados.

Según explicó la representante de los promotores, “no ha sido posible vender estos proyectos habitacionales por dos razones: los bancos han cerrado las puertas y el Estado no reconoce la disposición transitoria de la ley del Fondo Solidario de Vivienda, que abriría la posibilidad de una extensión temporal”.

“No estamos vendiendo porque los bancos estatales han retirado el producto de su cartera y el efecto es muy peligroso porque existen terceros de buena fe involucrados en el financiamiento, como son los bancos, proveedores o empresas de factoring y, por ellos, hacemos el llamado para de alguna manera consensuar con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) una renovación al menos temporal”, recalcó De Tello.

El Fondo Solidario de Vivienda culminó su vigencia el pasado 30 de junio de 2024, después de cinco años de extensión, por falta de presupuesto y ley que pueda ampararlo.

El ministro de Miviot, Jaime Jované, justificó que “el problema del programa es que no tenía presupuesto y a la entidad solo se le permite realizar lo que se establece en la ley, es decir, no se puede hacer nada que no esté presupuestado”.

El titular de Vivienda explicó que “el Estado generó un proyecto sin el respaldo presupuestario, que ha generado una gran cantidad de cuentas por pagar, en un programa de asistencia social como es el Fondo Solidario de Vivienda”.

Con respecto a la morosidad que mantiene el Estado, De Tello detalló que en Herrera y Los Santos, por ejemplo, ésta alcanza los $20 millones, dentro de los $140 millones que se le adeuda a todo el sector del país, otro problema que se suma a la lista.

“Los pagos pendientes vienen desde la administración pasada. Aunque se han recibido algunas cartas promesa de pagos, los agremiados no han recibido los fondos”, aclaró la secretaria de la junta directiva de los Promotores de Vivienda de Azuero.

Al mismo tiempo recordó que el ministro de Vivienda les ha manifestado la promesa de cumplir con todos los pagos pendientes, en especial lo adeudado del Fondo Solidario.

De Tello aseguró que el programa “sí es exitoso”, ya que sí se aplica la relación costo y beneficio; y, además, es el menos costoso para el Ministerio de Vivienda.

Según cifras proporcionadas, el consumo de estos proyectos de interés social representan más del 80% del mercado en las provincias Herrera y Los Santos, el porcentaje restante son viviendas por arriba de $70,000 y corresponden a interés preferencial.

El problema, agregó, radica en la alta deuda que dejó el gobierno anterior porque existían otras prioridades, de lo contrario todos los panameños con salarios mínimos podrían aspirar a tener una vivienda, hoy en día.

El ministro de Vivienda, por su parte, dijo que el gobierno saliente dejó transferencias para hacerle frente a las deudas de este programa y ya han hecho desembolsos para atender las responsabilidades atrasadas de 2021, 2022, 2023 y todo el presente año.

Jované indicó que se ha avanzado con dos desembolsos de $19 y $29 millones, respectivamente, para cubrir hasta el 2023 y se tiene en proceso los dos primeros meses del 2024.

Para sobrellevar la presión que genera el vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda, los promotores de Herrera y Los Santos plantean que el Miviot renueve el decreto que habla de inspección de proyectos y plazos de pagos negociable entre ambas partes, así como hacer inspecciones técnicas para registrar los proyectos que están en desarrollo.

En este sentido, el ministro de Vivienda ya ha informado que se encuentran estudiando tres alternativas posibles para mantener el programa. Entre las opciones, según Jované, están las siguientes: la primera sería pasar el monto solidario de las unidades de vivienda a un tramo del interés preferencial, con tasas especiales, para quitarle esa carga al Estado de un desembolso único e instantáneo que “es muy difícil presupuestar”.

La segunda sería hacerlo por ponderación, que consiste en un desarrollo habitacional donde se calificaría las dimensiones e infraestructuras correctas: agua, educación, vialidad, entre otros; y dependiendo del cumplimiento de estas normas se distribuyen los $10 mil, que podrían ser en $2,500, $5,500, $7,500 y $10,000.

La tercera alternativa consistiría en impulsar la densificación para tratar de contener el crecimiento horizontal, que representa una carga al Estado en todo lo que es servicios públicos.

En este sentido, De Tello indicó que están dispuestos a verificar las tres alternativas del Miviot, a través de un borrador del proyecto para que valide cómo se aplica y se ajusta a las necesidades del interior del país, tanto de los empresarios como de los compradores. “Queremos revisarlas, pero no descartamos ninguna opción que sea beneficiosa para todas las partes”, concluyó.