Promotoras avalan propuesta del gobierno de traspasar proyectos de viviendas al ramo de interés preferencial

Los promotores del interior ven positivo que el Gobierno Nacional tenga las intenciones de traspasar al ramo de la Ley de Interés Preferencial, los proyectos de vivienda que se encuentran paralizados por el vencimiento del decreto del programa Fondo Solidario de Vivienda (FSV), desde el 30 de junio de 2024.

“Que los proyectos entren en la Ley de Interés Preferencial lo veo perfecto y todo el gremio lo ve muy bien. Te hablo de Veraguas y Chiriquí, que estamos en constante comunicación”, comentó Isaías Cárdenas Cedeño, promotor de vivienda en Azuero.

Para Cedeño todas las iniciativas son positivas siempre y cuando no se paralice la inversión privada de manera “tajante”, cuando todavía vienen de un arrastre del 2021 y 2022.

Aunque existan las alternativas con la Ley de Interés Preferencial, dijo, seguirán solicitando extender el Fondo Solidario de Vivienda y cumplir con el artículo No. 21 del Decreto, conocido como transitorio para todos los proyectos que están en función.

“Queremos que se respete, es decir, que no se aprueben más proyectos, pero que la inversión privada que ya está hecha que se respete”, afirmó la fuente.

En ese sentido, el promotor de Azuero sugirió a las altas autoridades del Gobierno Nacional mirar las construcciones de vivienda del interior del país separadas de la ciudad capital, porque incluso las formas de construcción son diferentes.

“Recuerdo que el presidente (José Raul Mulino) dijo que había proyectos de 2,000 a 3,000 casas, cuando aquí los proyectos más grandes son de 200 casas, o sea, no son macro como se ve allá”, aclaró.

Cedeño también recordó que “el presidente (Mulino) también ha confirmado que los bancos estatales: la Caja de Ahorros y el Banco Nacional no están ofreciendo el Fondo Solidario, cuando se habla de un sector que es tripartita: promotoras del sector privada, banca (pública y privada) y Estado, componentes que tienen que estar armónicamente trabajando juntos”.

“Ellos (el Gobierno) tienen la obligación y el compromiso de sentarse a resolver este problema porque es una industria. Hay que resaltar que ese beneficio que dan al cliente dinamiza la economía, porque por cada dólar que se invierte en la construcción se refleja para el Estado, ya sea en 7% en materiales, empleomanía, pagos de permisos o impuestos”, advirtió.

El Fondo Solidario de Vivienda culminó su vigencia el pasado 30 de junio de 2024, después de cinco años de extensión, por falta de presupuesto. Con ello terminó el bono de $10,000 que otorgaba el Gobierno Nacional (a través del Miviot) a las personas y/o familias, como abono inicial a su vivienda cuyo valor no superara los $70,000, y para todas las viviendas del segmento que fueron construidas después de la fecha.

Ahora solo queda la Ley Interés Preferencial que tiene una vigencia hasta diciembre de 2025 y que contempla el tramo preferencial de 4% en los préstamos para viviendas a nivel nacional, por 10 años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $45 mil y no exceda de $80,000; igualmente 4%, por ocho años no renovables, para préstamos para viviendas a nivel nacional, cuyo financiamiento sea mayor de $80,000 y no exceda de $120,000.

También abarca el tramo preferencial de 2% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical a nivel nacional, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $120,000 y no exceda de $150,000; y finalmente 1.5% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $150,000 y no exceda de $180,000, únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

El ministro de Miviot, Jaime Jované, justificó que “el problema del programa (del Fondo Solidario de Vivienda) es que no tenía presupuesto y a la entidad solo se le permite realizar lo que se establece en la ley. Es decir, no se puede hacer nada que no esté presupuestado”.