Productores agropecuarios y empresarios, entre la agonía por algo 'inédito' y denuncias penales

Tras un mes de protestas y cierres de calles contra la Ley 406, el agro sufre las consecuencias. Se plantean medidas drásticas. Por un lado, la Cámara de Comercio de Tierras Altas interpuso una querella penal contra 21 personas por los bloqueos de las calles, y los productores afirman que están afectando la alimentación del resto del país.

La denuncia penal va contra 20 panameños y un extranjero, como el “último recurso”, aseguró ayer en conferencia de prensa la presidente del gremio, Maru Gálvez.

“Hemos impulsado un diálogo pacífico con estos manifestantes, en tres ocasiones, pero ya estamos en nuestro límite, por eso esta querella es nuestro último recurso”, dijo.

A Gálvez la acompañó el abogado David Cuevas, quien relató que la querella se basa en los delitos de asociación ilícita para delinquir, daño y terrorismo. Sobre este último delito, Cuevas explicó que el artículo 292 del Código Penal apunta a que si un grupo de personas se organiza para “perturbar la paz y tranquilidad de una población” y “coaccionar a un gobierno” es terrorismo.

“Esto no se va a acabar con el tema minero, estas personas van a seguir haciendo lo mismo con otros reclamos sociales”, ponderó el abogado, quien aseguró que el mecanismo de cierres de calles no es sostenible para la economía nacional.

La denuncia penal es respaldada por Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quien explicó a La Estrella de Panamá que se trata de una “medida legal válida” que cobra sentido en un momento en que no se ha visto el respaldo adecuado de las autoridades.

Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, manifestó tras la conferencia de prensa que desde la capital se solidarizan por la situación que está pasando en Chiriquí y otras provincias, las cuales terminan por afectar a los consumidores.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de interponer querellas penales contra los manifestantes en Panamá, Fábrega dijo que esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y que, de momento, no es algo que tengan contemplado.

Mientras que la postura de los gremios productivos también es alarmante. Para el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Ovidio Saavedra, lo que está ocurriendo desde octubre pasado en el país es “inédito”.

El líder de la Anagan lamentó que “parte del pueblo esté desvirtuando la alimentación del resto del país”, con el bloqueo de las vías.

Saavedra explicó que su sector está compuesto de 45.000 explotaciones que, en su mayoría (80%) se compone de pequeños productores y sirve para darle trabajo al 32% de la población rural, pero que con los continuos cierres de calles, eso corre peligro.

Luis Carlos Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip), aseguró que su renglón está pasando por momentos “muy complicados”.

Detalló que antes de las protestas se solían trasladar entre 40.000 y 45.000 libras de productos, pero que debido a los cierres se han perdido más de cuatro contenedores, siendo las provincias más afectadas: Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí.

Adicionalmente, los cierres de calles están afectando el proceso de alimentación de las aves, lo que impacta en su desarrollo y puede ocasionar que terminen muriendo.

Frank Tedman, de la Asociación Nacional de Productores de Leche, comentó que previo a las protestas se producían a diario 500.000 litros de leche y que en la actualidad están registrando pérdidas cuantiosas, pues no pueden llegar desde las fincas a las lecherías, plantas y centros de acopio, lo que puede terminar por obligarlos a tener que reducir su cantidad de vacas.

“Para poder reemplazar una vaca se requiere de un proceso de 36 meses, como mínimo, por eso no es sostenible tener que reducir la cantidad de vacas que tenemos”, puntualizó.

Por la Federación de Cámaras de Panamá (Fedecamaras), su presidente, Alicia Jiménez, apuntó que aunque las protestas son un derecho constitucional, es importante que estas no afecten a la ciudadanía, especialmente dentro del sector productor que ve afectado sus ciclos de producción.

“Se están destruyendo los ciclos productivos de todos los agricultores y eso va a dejar secuelas muy difíciles de solventar”, aseveró

El Congreso de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria del Sector Privado catalogó lo que está sucediendo con los cierres de calles, en el interior del país, como “[un intento] de destrucción sistemática del sector agropecuario”.

“No nos vamos a quedar callados y ser simples víctimas de lo que está ocurriendo, producto de la inacción y el silencio de las autoridades que constitucional y legalmente están llamadas a proteger la vida de los panameños”, señaló la organización en un comunicado.

Desde el Congreso exigen la “intervención inmediata” de las autoridades para garantizar el libre tránsito, con el objetivo de comenzar el proceso de reactivación y recuperación de todos los sectores económicos del país, para poder garantizar la alimentación, salud, educación y empleo de los panameños.