Panamá y otros 35 miembros de la OMC piden finalizar la negociación del subsidio pesquero

Casi 40 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre ellos ocho países latinoamericanos, reclamaron que se reimpulsen las negociaciones para la eliminación global de subsidios a la pesca y se consiga en julio el acuerdo que no pudo materializarse en la última XIII Conferencia Ministerial.

A través de dos comunicados, uno de ellos suscrito exclusivamente por siete países de la región latinoamericana (Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay), un total de 36 miembros de la organización han expresado su confianza en que pueda lograrse el acuerdo en el mes entrante, según los documentos mostrados este viernes por fuentes próximas a la OMC.

Las negociaciones actualmente son presididas por el embajador islandés ante la OMC, Einar Gunnarsson, y según los firmantes de los comunicados (entre ellos también Chile, Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido y numerosas naciones isleñas) debería lograrse el acuerdo de cara a la próxima reunión del Consejo General de la organización, los días 22 y 23 de julio.

En 2022 ya se logró, tras 20 años de negociaciones, otro acuerdo inicial para la reducción global de los subsidios a la pesca ilegal, que cada año suman unos 22.000 millones de dólares, pero ahora se debate ampliarlo a otras prácticas que ponen en peligro la biodiversidad del fondo marino.

Las conversaciones para una ampliación del acuerdo continúan desde entonces, ahora con el fin de extenderlo a las ayudas a capturas que se consideren sobrepesca, que suman según los expertos otros 34.000 millones de dólares.

Unos 70 países se han adherido a la primera parte del acuerdo, por lo que faltan aproximadamente unos 40 para que finalmente entre en vigor, algo que los observadores consideran vital para asegurar la sostenibilidad de los océanos.

La India encabeza los países más reacios a avanzar en estas negociaciones, que ya bloqueó en la XIII Ministerial celebrada este año en Abu Dabi (26 de febrero-3 de marzo), al defender que los países en desarrollo disfruten de un periodo de transición de hasta 25 años antes de que se les obligue a poner fin a esas ayudas.