Panamá planea crear una autoridad minera y reformar el Código Minero

El ministro de Comercio e Industrias (Mici), Federico Alfaro Boyd, anunció este lunes que el Gobierno Nacional planea crear una autoridad minera. Además, programa reformar el Código Minero que data ya de 1963. El actual rige la mayoría de las actividades relacionadas con los depósitos minerales del país, incluida la instalación de un régimen para otorgar concesiones de exploración y producción a particulares.

El ministro del Mici se refirió al respecto durante una visita a las instalaciones del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), luego de que a inicios de marzo pasado el Gobierno Nacional y Minera Panamá lograran un acuerdo del texto final del contrato de concesión del proyecto Cobre Panamá y en medio del proceso de consulta pública “no vinculante”.

El acuerdo entre el Gobierno Nacional y Minera Panamá se logró tras más de un año de negociaciones y discusiones y, según reiteró Alfaro, con este nuevo contrato se buscaba que reflejara los mejores intereses para el país, y así lo refleja no solo en la parte económica y fiscal, sino en los límites a la extracción, por ejemplo.

“El contrato de concesión anterior le permitía a la empresa extraer cualquier tipo de material, pero el nuevo lo limita solo al cobre y a sus minerales asociados”, afirmó Alfaro. Detalló que cuando se extraen los recursos minerales del yacimiento, más del 50% del material extraído es cobre pero también hay otros minerales como oro, plata, molibdeno y otros.

Alfaro dijo que el reciente acuerdo establece una nueva fórmula de regalías, más beneficiosa para los panameños que el anterior contrato de concesión de 1997. Así, de solo recibir entre 2% y 5% en función de la ganancia bruta por la explotación del cobre, con el contrato de 1997, ahora el Estado recibirá de 12% a 16% y, adicional, la minera pagará impuesto sobre la renta, impuesto de dividendos, impuesto de remesas e ITBMS por compras.

Se esperan ingresos mínimos para el Estado panameño por $375 mil en cada año de vigencia del contrato, 10 veces más que lo que recibía el país con el contrato ley de 1997, tal y como anunció el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en enero de 2022.

La distribución de fondos será la siguiente: 50% de los fondos se asignará al programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, 20% se asignará a aumentar las jubilaciones y pensiones a $350 mensuales, 25% se asignará a proyectos en los municipios aledaños, principalmente para proyectos y becas, y 5% se destinará para la construcción y desarrollo del Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, con el objetivo de actualizar la teoría y práctica de la enseñanza en las aulas de clase.

Uno de los asuntos que ha despertado confusión entre la sociedad es el tema de los otros minerales obtenidos al extraer el concentrado de cobre del yacimiento de la mina Cobre Panamá, como por ejemplo, el oro.

El ministro Alfaro reiteró que el contrato de concesión es claro al decir que esta es una concesión para el cobre y sus minerales asociados, y lo que sea que se extraiga dentro del concentrado de cobre “está contemplado dentro de la fórmula de regalías del propio contrato, de los minerales que se encuentren dentro del concentrado de cobre”.

Afirmó que este contrato no le da una concesión a la empresa de extraer otros minerales fuera del concentrado de cobre más allá de la primera opción de poder solicitar una concesión para la extracción de oro, por ejemplo. Solo le da la opción de solicitarla.

El titular del Mici explicó que para esa solicitud, evidentemente se tiene que cumplir con todos los requisitos del Ministerio de Comercio de Industrias, con todos los requisitos establecidos en la ley con un estudio de impacto ambiental, entre otros.

“Este nuevo contrato es mucho más limitado porque solo le permite a la empresa extraer y explorar el cobre y sus minerales asociados. No le permite a la empresa tener una concesión de otros minerales adicionales más allá de los que están dentro el concentrado de cobre”, aseveró Alfaro.

En el contrato también se delimitó la zona específica en que se pueden mantener servidumbres, se incluye además un plan de cierre de minas, un programa de reforestación, tienen que pagar por el uso del agua que usan para la extracción del mineral, procesarlo y enviarlo de la planta de procesamiento al puerto, sostuvo Alfaro.

El nuevo contrato también contiene una cláusula anticorrupción que permite al Estado dar por terminada la concesión si se comprueban actos de corrupción incurridos por la empresa y el compromiso por escrito de iniciar la transición de su planta de energía de carbón hacía un mayor uso de fuentes de energías renovables, entre otros términos.

Según explicó Alfaro, es difícil estimar un monto de la riqueza mineral en el área de concesión de la mina porque eso fluctúa en relación al precio del cobre.

Han estimado que un precio del cobre a $3,63 significa que la mina estaría pagando por lo menos $375 millones. La semana pasada el precio del cobre estaba en aproximadamente $4,10 o $4,15 y mientras más aumente, más recursos va a recibir el Estado.

Indicó que lo cierto es que los estudios de la propia empresa arrojan que dentro de las 12.950 hectáreas de área de concesión, hay potencial, o hay una vida útil de la mina que va más allá de los 40 años, entre 50 o hasta 60 años.

Manifestó que hay que entender que Panamá es un país –según estudios que se vienen realizando desde 1970– rico en minerales, así como hay otros países que son ricos en petróleo o en una serie de industrias, pero a la fecha no han sido explotados: oro, cobre, molibdeno, probablemente.

Alfaro considera que Panamá tiene todo el potencial para convertirse en un país minero, de la talla de otros como Chile y Perú, pero para ello tenían que elevar nuestros estándares y asegurar que tenían las reglas del juego para que esa extracción y esa explotación de recursos minerales, que fueran cónsonos con los estándares internacionales, y que estaban cobrando un precio justo por esa explotación y esa extracción de nuestros recursos naturales.

Con respecto a la consulta pública, Alfaro destacó que de acuerdo con lo que establece la ley y las normas vigentes “no es una consulta vinculante”, pero asegura “no” haber visto en la historia reciente otro contrato de concesión que haya sido tan públicamente debatido y disponible a la población antes de ni siquiera firmarlo.

“El proceso con el cual hemos llevado esta consulta, de información, de transparencia, de elevarlo a la web, de que todo el que quiere verlo tenga acceso a todo el contenido ha sido inédito en comparación con otras concesiones anteriores”, expresó.

Adelantó que este proceso de consulta pública del contrato de concesión del proyecto “Mina de Cobre Panamá” (puesto en marcha en la plataforma Ágora) demora aproximadamente 30 días, y debe de terminar el 22 de abril de 2023.

A la fecha han recibido en la página web comentarios de más de 11 mil personas. Esos comentarios están siendo recopilados para determinar cuáles son las preguntas más frecuentes.

Entre los temas del nuevo acuerdo a los que se puede acceder se incluye: texto oficial, resumen de términos, tablas comparativas de los términos económicos clave y la comparación de aspectos entre el actual y la Ley 9 de 1997.

“La consulta pública sirve para aclara todas las dudas que tenga la población referente al contenido del propio contrato”, comentó Alfaro. Cumplido este proceso de consulta, el texto acordado debería llegar a la Asamblea Nacional para el mes de julio para su discusión, adelantó Alfaro.

Según Alfaro, lo más importante de este proceso de consulta es retroalimentarse de cuáles son las preguntas más frecuentes que tiene la comunidad, que tiene la población, lo más importante son temas económicos, laborables y ambientales.

Reiteró que si bien el proceso “no es vinculante”, sí nos ha permitido retroalimentar y poder tener espacios como este para contestar las preguntas más frecuentes y aclarar las preguntas que surjan, aunque está consciente de que hay ciertos movimientos de desinformación también, como por ejemplo, el tema del espacio aéreo.

“Panamá no ha cedido absolutamente nada, lo único que este contrato le da a la empresa es el derecho de solicitar una restricción del espacio aéreo cuando esté realizando actos de voladura con dinamita, que puede tener un impacto negativo en la seguridad. Además, esta restricción sobre el espacio aéreo se viene dando desde 2017 (de forma) temporal en tiempo y en altitud”, dijo Alfaro, asegurando que ha hablado con el director de Aeronáutica Civil y sobre eso “nada va a cambiar”.

Entre las preguntas más frecuentes están la diferencia entre el área de concesión y el área de uso y servidumbre, el tema de los minerales asociados versus una posible concesión que le da derecho a la extracción de otros minerales, respuestas que permiten a la población tener un conocimiento más allá de lo que se ha explicado públicamente.

Como parte del proceso de consultas también han ido a las comunidades. La semana pasada estuvieron en Coclesito, donde recibieron a más de 300 miembros de la comunidad, incluyendo a representantes y al alcalde del distrito. “Creo que la población está consciente de que este es un contrato muy superior al que teníamos anteriormente. La población sí requiere, y parte de las áreas aledañas, sí son muy puntuales en asegurar que el gobierno vele por los intereses ambientales. El tema ambiental es muy importante para las áreas aledañas, la economía también es muy importante”, manifestó.

El ministro dijo que una de las críticas “poco fundadas” de algunas personas es que este contrato no es de 20 más 20, sino de 20, más 20, más 20 años, pero “eso no es cierto”.

Precisó que en las cláusulas se establece claramente que el contrato tiene una vigencia de 20 años, la posibilidad de una prórroga adicional por 20 años más, y ahí termina el contrato.

“El contrato culmina a los 40 años”, afirmó Alfaro, pero “si el Estado determinase beneficios para el país, tiene toda la prerrogativa de sentarse a negociar un nuevo contrato”, aseveró.

Asimismo tiene la prerrogativa de sentarse con la empresa y decir: “no te voy a renegociar este contrato, se lo voy a dar a otra empresa; o tiene la prerrogativa de decir ya nosotros estamos avanzados suficientemente como para tomar las riendas de esta operación y la vamos a tomar nosotros”.

“Todas esas son opciones que tiene el Estado al momento de finalizar los 40 años; lo cierto es que hay una vida útil de la mina que va más allá de los 40 años”, puntualizó Alfaro.