Panamá necesita más de $4 mil millones en financiamiento para la transición energética de aquí a 2030

“Hasta la fecha se calcula que de aquí a 2030, Panamá podría estar necesitando por encima de $4 mil millones en inversión para desarrollar todas la iniciativas para la transición energética”, dijo a La Estrella de Panamá, el secretario Nacional de Energía, Jorge Rivera Staff.

El 95% de todo este monto vendría de inversiones del sector privado y los recursos se usarían para infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, instalaciones de eficiencia energética, techos solares, nuevas plantas de generación renovables, nuevos carros eléctricos, que permitan avanzar en los objetivos de la agenda de transición energética, precisó.

Sin embargo, para Rivera Staff es importante que el país tenga un marco regulatorio y legal que permita que esas inversiones se den de forma consistente. El entrevistado se refirió al respecto este martes 16 de mayo, durante el foro Aspectos Jurídicos y Regulatorios de la Agenda de Transición Energética.

En este escenario, la abogada panameña especialista en regulación económica de servicios públicos, Vilma Estribí, presentó una propuesta de reformas a la Ley 6 de 1997 que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad. Con el foro se busca identificar posibles ajustes regulatorios y legales necesarios para impulsar la agenda de trabajo de la Secretaría.

Esta primera sesión, organizada por la Secretaría Nacional de Energía, con apoyo del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, permitirá ir afinando esos ajustes.

“Estamos planteando ajustes a la regulación, a las leyes, a la normativas, a los mecanismos de financiamiento que también se necesitan porque no hay una garantía de que si el país se queda con las condiciones que tiene y no hace estos ajustes, no se vaya a quedar atrás”, afirmó.

Hay varias leyes que además de la Ley 6 se estarían revisando, como por ejemplo la Ley 45 de 2004 de incentivos a pequeñas plantas renovables en el país y que rige la creación de la Secretaría Nacional de Energía, a la cual se le revisarían los mecanismos de transparencia.

Rivera Staff precisó que la importancia de hacer este ejercicio no solo radica en el punto de vista de las actividades del sector, sino también porque hay muchos modelos de negocios nuevos que se han dado en el mundo y la regulación panameña no está preparada para eso. “Hay que hacer esos cambios. Hay también muchos cambios tecnológicos importantes, como las baterías y los carros eléctricos, etcétera. Nuestra legislación y regulación se actualiza para poder incorporarlas de una forma más efectiva”, aseveró.

En la Ley 6 de 1997 se identificaron cuatro áreas a modificar: la primera es la mejora de la gobernanza sectorial, para el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Energía, de la Autoridad de los Servicios Públicos y de la Oficina de Electrificación Rural. Se busca la independencia del operador del sistema eléctrico, que se tiene pendiente desde hace ya varios años. “Hoy la función del operador del sistema (conocido como Centro Nacional de Despacho) está como parte de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa). Si creamos un operador independiente del sistema le damos autonomía a esta figura. Se saldría fuera de la égida o del paraguas de Etesa. Ese es el cambio que se haría con relación a Etesa”, explicó.

La segunda es darle fortaleza a los ciudadanos, más alternativas de energía, en este caso serían la posibilidad de la comercialización independiente de energía, para que los ciudadanos tengan la opción de adquirir su energía más allá de las distribuidoras en tarifa, y la creación de la figura del prosumidor, fortalecer la figura en la cual un ciudadano, un cliente, no solo consume energía sino que ahora también va a poder producirla y venderla en el sistema. La Real Academia Española (RAE) define al prosumidor como la “persona que produce, distribuye y consume bienes, servicios, saberes y conocimientos, mediante la participación voluntaria en los sistemas alternativos de intercambio solidario, para satisfacer sus necesidades y las de otras personas de su comunidad”.

Y la tercera es la mejora de la condiciones para la incorporación de más energía renovable, dentro de las cuales está incluso la posibilidad de almacenamiento de las baterías, que hoy la legislación no lo contempla.

Rivera Staff aseguró que “el trabajo se está llevando adelante”, a pesar de las dificultades que causó la pandemia de la covid-19 y las crisis internas y externas, pero “hay que mantener el paso”, por eso están planteando los ajustes a la regulación, a las leyes, a las normativas, a los mecanismos de financiamiento.

Hoy, un poco más del 80% de la generación eléctrica anual en Panamá proviene de fuentes renovables y la meta para 2030 es alcanzar el 90%. También se busca que alrededor del 25% del total de las ventas de vehículos sea eléctrico, eficiencia energética, 5% de almacenamiento a gran escala en el sistema eléctrico y que el 100% de los panameños tenga acceso a energía moderna y sostenible. Los combustibles fósiles representan el 70% del consumo total de energía primaria en la región.

Un reciente estudio del Grupo Banco Mundial, titulado “Scaling Up to Phase Down” (Ampliar para eliminar), advierte que sin los medios para financiar la transición energética y la infraestructura de la red eléctrica, los países en desarrollo a menudo pagan más por la electricidad, no pueden acceder a proyectos de energía renovable y de eficiencia energética, y quedan atrapados en proyectos de combustibles fósiles con costos altos y volátiles.

“Lo que estamos planteando es una agenda de transición energética, no solo de transición eléctrica, y ahí la movilidad eléctrica abre una gran puerta para poder descarbonizar, para depender cada vez menos de combustibles fósiles“. La idea es que “en el futuro o en los próximos años, en vez de llenar nuestros vehículos con combustibles fósiles importados, lo empecemos a cargar con electricidad renovable de Panamá”, agregó Rivera Staff.

La Agenda de Transición Energética es la principal propuesta de política pública de Estado del actual gobierno. Su punto de partida lo constituye el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París en materia de lucha contra el cambio climático.