Panamá 2025: proyecciones y desafíos económicos

Para este año 2025 se espera que Panamá mantenga un crecimiento económico moderado, con proyecciones que varían entre el 3 % y el 5 %. Factores como la diversificación económica y las inversiones en infraestructura son clave para este crecimiento.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la administración de Felipe Chapman, estima que el producto interno bruto (PIB) real crezca 4 %, y el nominal alcance 6 %.

A estas proyecciones se suman las dadas por JP Morgan, que estima 5,2 % para este país, mientras que Moody’s vaticina un 4 %; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe un 3 %; el Fondo Monetario Internacional un 2,5 %, Barclays 2,2 % y la Unidad de Inteligencia Económica un 2,0 %. El Banco Mundial (BM), por su parte, ha expresado que Panamá debería experimentar un crecimiento estable de 3 % este 2025, aunque enfrenta desafíos relacionados con la desigualdad y la necesidad de reformas estructurales.

Raúl Bethancourt, economista y miembro del Colegio de Economistas de Panamá, mencionó que si bien las proyecciones de crecimiento económico en 2025 son alentadoras, “todo va a depender en cómo el Gobierno termine de manejar las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS) y las decisiones sobre la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón”.

De manera más concreta, Allan Corbett, profesor universitario auxiliar de maestría de la Universidad de Panamá (UP), explicó que la comparación entre las proyecciones del Gobierno y los organismos internacionales revelan una complejidad inherente en la evaluación del crecimiento económico que normalmente tienen que ajustar a mediados del año o al final, por sus características de ser precavidos, por ende, siempre están por debajo de lo reportado por el Gobierno.

En materia de sectores, Bethancourt comentó que se está apostando a los mismos factores tradicionales para impulsar el crecimiento económico de Panamá en 2025: puertos, aeropuerto, turismo, Canal de Panamá, cuando se tendría que priorizar en el sector industrial y agrícola. “No se debe confundir inversiones en infraestructuras con inversiones para generar el desarrollo portuario, el desarrollo agroindustrial”, dijo.

El economista Víctor Cruz coincide con Corbett en que el sector agro y el industrial, sin descuidar el comercio al por mayor y al por menor y, por supuesto, al sector bancario, dinamizarán el crecimiento y el empleo.

Mientras que el exministro de Economía Fernando Aramburú-Porras, por su parte, consideró que otro sector que podría dinamizar la economía es el minero, si el Gobierno, previa anuencia de la población y la Asamblea, decidiera abrir la mina de cobre bajo nuevos términos “más favorables y sostenibles” para el país. “Esto también ayudaría a mejorar el clima de inversiones en el país e impulsará el empleo y las finanzas públicas”, recalcó Aramburú-Porras.

Sobre el impacto que tendrían las reformas de la CSS en la economía panameña este 2025, Aramburú recalcó que es importante resolver la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que esto impacta en el perfil de riesgo país y en las finanzas públicas significativamente.

Las calificadoras de riesgo han destacado la importancia crítica de las reformas de la CSS. Según Standard and Poor’s, la implementación exitosa de estas reformas es esencial para mejorar la sostenibilidad fiscal del país y evitar la pérdida del grado de inversión.

Corbett advirtió de que el problema no resuelto de la CSS es un factor crítico que va a influir en la estabilidad social y, por ende, en el crecimiento económico del país, ya que “la falta de acuerdos en las reformas que impidan la verdadera solución de largo plazo puede generar un descontento social y desconfianza en las instituciones, lo que afectaría negativamente la inversión extranjera y el consumo interno”.

Del mismo modo, advirtió que cualquier indicio de inestabilidad o recortes en beneficios podría generar un efecto negativo. “La incertidumbre podría llevar a un comportamiento más conservador en el gasto, lo que podría ralentizar el crecimiento económico”, ponderó.

Con respecto a la mina Cobre Panamá, Cruz cree que este es un caso cerrado hasta el momento. Aseguró que la evaluación para vender el material extraído o su reapertura dependerá de grandes consensos a la vista de las dificultades fiscales que enfrenta la economía panameña.

Corbett, por su parte, no vislumbra ningún acuerdo durante 2025, más allá de sentar las bases para una negociación sobre el cierre o compensación por ese efecto. A su juicio, cualquier negociación vendría después de 2025, cuando exista un mejor ambiente político y económico para establecer negociaciones sobre explotación o un definitivo “no”.

No obstante, para Bethancourt, las reformas a la CSS y las decisiones sobre la minería tendrán un impacto de “incertidumbre”, ya que se prevén en primera instancia enfrentamientos sociales que pondrán en peligro la estabilidad política y económica del país, influyendo negativamente en las proyecciones macroeconómicas, que solo se pueden revertir con grados de confianza, lo que hasta la fecha no se tiene.

En 2025, las evaluaciones de las calificadoras de riesgo podrían generar “incertidumbre” en medio de la expectativa de que el Gobierno pueda traer inversión extranjera directa y obtener mejores accesos de financiamiento.

Fitch Ratings informó que Panamá pasó de ‘BB+’ a ‘BBB-’. Le siguió Standard & Poor’s que subió un escalón al país situándolo en ‘BBB-’ de ‘BB+’, y finalmente, Moody’s que elevó la calificación de deuda de Panamá y le dio grado de inversión al pasar de ‘Ba1’ a ‘Baa3’.

El economista Cruz hizo hincapié en que la caída del grado de inversión, por parte de Fitch, es otro freno que debe atender el Gobierno, ya que su nivel favorece o no el financiamiento que requiera en el futuro o el sector privado extranjero que desee invertir en el país.

Recalcó que “las inversiones, más que el gasto en funcionamiento, deben ser el norte del Gobierno, ya que mejoran la plataforma de hacer negocios y promueven inversiones extranjeras vitales para dinamizar aún más la economía nacional”.

En materia laboral, el consultor laboral René Quevedo recordó que el más reciente Informe Laboral del Instituto de Estadística y Censo (INEC) indica que entre agosto 2023 y octubre 2024 se perdieron 54.307 empleos formales no agrícolas. Según él, estos resultados confirman que el impacto laboral de la abrupta interrupción de la actividad minera y consecuente pérdida del grado de inversión fue muy superior al dado por el Ministerio de Trabajo en abril de 2024, cuando anunció que el cierre minero había ocasionado un aumento de 1,5 % en la tasa de desempleo, equivalente a 3.413 empleos perdidos.

De hecho, el consultor laboral dijo que entre enero y octubre 2024, el Mitradel tramitó unos 23.700 nuevos contratos laborales por mes, casi 9.000 menos (-27 %) que hace cinco años. Indicó que “urge flexibilizar sobre los requerimientos para el financiamiento bancario a la empresa privada, particularmente microempresarios, que representan la columna vertebral de la generación de empleo en el país”.

Panamá es un país cuya economía está estrechamente ligada al comercio y a los flujos de inversión internacional y, según Bethancourt, uno de los shocks que sufre el país son las altas tasas de interés en Estados Unidos, debido a que estos pueden significar un costo mayor para el financiamiento externo y una posible disminución en la inversión extranjera directa. Además, dijo, el fortalecimiento del dólar, como resultado de estas políticas, podría impactar negativamente en la competitividad de las exportaciones panameñas.

Corbett recordó que “el crecimiento económico de Panamá en 2025 dependerá de una combinación de factores internos y externos, ya que la gestión efectiva de los desafíos institucionales, la diversificación de la economía y la adaptación a las dinámicas del comportamiento del consumidor serán fundamentales”. Además, “la capacidad de Panamá para comunicarse y posicionarse en el ámbito internacional, especialmente en un contexto político cambiante, será determinante para su futuro económico”, ponderó.

Para 2025, el gobierno del presidente, José Raúl Mulino, se manejará con un Presupuesto General del Estado de $26.084 millones, es decir, 15 % menos (o $4.605 millones menos) con respecto al de 2024, como parte de una estrategia financiera conservadora. En el desglose del presupuesto, $20.530 millones son para gastos de funcionamiento y $5.554 millones para inversión.

Para 2025, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) deberá seguir una trayectoria decreciente hasta alcanzar la meta del 1,5% del PIB nominal, a partir de 2030. Esto sería de la siguiente manera: 2025 (4,0%), 2026 (3,5 %), 2027 (3,0 %), 2028 (2,5 %), 2029 (2,0 %) y 2030 en adelante (1,5 %).

El Plan Estratégico de Gobierno incluye la estrategia económica y social del Sector Público No Financiero, bajo una programación financiera a cinco años y un plan de inversiones públicas por $30.277 millones hasta 2029, con un impacto directo en sectores clave como: agricultura, logístico, financiero, industrial, educación, salud y turismo, entre otros.

A juicio de Aramburú-Porras, la propuesta se ve “bien” en papel, ya que el plan de inversión cubre todo los sectores prioritarios; sin embargo, queda esperar “ver si pueden cumplir, ya que las finanzas están muy deterioradas y se va a necesitar aumentar los ingresos corrientes y bajar los gastos corrientes para poder realizar estas inversiones y dinamizar la economía, mientras controlan el déficit fiscal a niveles más razonables”.

Sin embargo, Bethancourt cuestionó que el plan refleje una adecuada planificación de nuevas inversiones para generar estrategias para aprovechar las ventajas competitivas del país. “Panamá es un país marítimo y no se ve reflejado en la estrategia del Gobierno”, concluyó.