Un país sin construcción

Para nadie es un secreto que la industria de la construcción goza de poca simpatía en algunos sectores ciudadanos. Sus características ruidosas, los inconvenientes temporales que causa a la población y a la movilización de los ciudadanos, los señalamientos sobre la insuficiencia de los servicios públicos, particularmente agua potable y saneamiento, y las limitaciones del sistema vial son, entre otras, las causas de los constantes cuestionamientos que recibe este sector productivo.

Por otra parte, se culpa a la construcción de las inundaciones que se producen en distintas áreas de la ciudad, de los problemas pluviales, independientemente que sean causados por falta de mantenimiento o malas prácticas ciudadanas, de afectaciones del ancho de las vías y de las insuficiencias de espacios públicos, todas responsabilidades de entidades estatales.

A esos cuestionamientos se añade la posición de quienes reclaman justificadamente un desarrollo urbano ordenado, la protección del medio ambiente, del patrimonio histórico, de la flora, la fauna y los humedales. Sin excluir a aquellos que se oponen a todo lo que signifique desarrollo y progreso, ya sea por razones de conveniencia, convicción o simplemente de gusto o simpatía.

Frente a esta relación de percepciones y realidades, la gran pregunta que debemos hacernos es quién establece las reglas del juego para el sector y a quién le corresponde verificar su cumplimiento. La respuesta es simple y sencilla. Las reglas del juego para lograr el desarrollo urbano ordenado de nuestras ciudades las establece a nivel nacional y regional el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y los municipios son responsables de los planes de desarrollo urbano locales. En las normativas participan una veintena de entidades públicas que tienen la atribución de verificar su cumplimiento. No existe otra actividad económica con tantas regulaciones como el sector de la construcción.

Sin embargo, la sociedad panameña recibe con demasiada frecuencia una imagen distorsionada e injusta del sector y pocas veces se destacan sus aspectos positivos y la contribución que hace al desarrollo material y social del país.

Sin pretender que esta industria esté libre de culpa, valoremos los aspectos positivos de lo que hacemos y la contribución para el beneficio colectivo y los esfuerzos por alcanzar la aceptación y el reconocimiento de la comunidad a la cual servimos.

Consideremos por un instante cuáles serían las repercusiones de un país donde colapse la industria de la construcción. Miles de familias panameñas se quedarían sin una opción habitacional, incrementándose el hacinamiento y desmejorando sus condiciones de vida, más de 188,000 trabajadores directos, que reciben salarios anuales por $1,900 millones, y 120,000 indirectos, estarían expuestos a perder sus plazas de trabajo, se reducirían las actividades conexas, produciéndose la pérdida de empleo de muchos panameños que laboran en empresas fabricantes y suministradoras de bienes y servicios para la construcción.

El Estado, por otra parte, dejaría de recibir ingresos en concepto de impuestos provenientes del sector, reduciéndose sustancialmente los recursos que sirven para el financiamiento de obras públicas y para atender otras necesidades fundamentales de la población panameña.

La Caja de Seguro Social dejaría de percibir los ingresos anuales por el orden de $287 millones anuales en cuotas obrero patronal. Los ingresos municipales, que totalizaron $40 millones en los últimos cinco años solo en Panamá y San Miguelito, también se reducirían significativamente, al no percibir los tributos y derechos municipales provenientes de la construcción.

Miles de profesionales de la ingeniería y la arquitectura y de otras carreras profesionales y técnicas reducirían su actividad profesional y sus ingresos, lo cual afectaría de manera directa a la clase media, que tanto aporta a la economía nacional. La inversión privada dejaría de generar inversiones por el orden de $5,000 millones anuales en construcción, lo cual repercutiría sustancialmente en el comportamiento de la economía y, en consecuencia, en el desarrollo social y económico del país. La disminución de las actividades de la industria también afectaría a la banca, la industria de fianzas y seguros y sustancialmente el mercado inmobiliario.

A partir de esta concepción, compartimos con otros sectores productivos y grupos responsables de la sociedad civil organizada, la importancia de contar con reglas del juego previamente consultadas y oportunamente establecidas que sirvan de parámetro fundamental al desarrollo sostenible del sector. Resulta positivo, además, que establecidas las reglas del juego para el sector, sean respetadas por los promotores y contraristas, pero también por el resto de la sociedad, cerrando los espacios a quienes se opone a todo proyecto que no les guste o simpatice.

En una sociedad democrática, el desempeño de los sectores productivos debe estar garantizado por el cumplimiento de la ley, y sustentado en los derechos adquiridos y en el respeto que compromete a todos frente a las actuaciones que se desarrollan en el marco de la legalidad. Es por ello que reclamamos de las autoridades el establecimiento de reglas del juego debidamente consultadas y que, una vez fijadas merezcan el respeto de todos, incluyendo el de aquellos que se oponen a lo que hacemos por razones de gusto o conveniencia.

De esa manera, los inversionistas y promotores podrán contribuir al desarrollo nacional sin los sobresaltos que ponen en riesgo su inversión. Los contratistas cumplirán con su responsabilidad al ejecutar las obras que demanda el país, teniendo como única condición acatar las normativas que regulan nuestra actividad. Y la sociedad en su conjunto recibirá el producto de nuestro trabajo mediante obras, viviendas, oportunidades de empleo y los beneficios generales que produce una actividad llamada a ser la industria del bienestar humano.

DIRECTOR GENERAL DE LA CÁMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAPAC)