OCDE, oportunidad no un demonio

La Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) se estableció en 1948 para ejecutar el plan Marshall, con miras a la reconstrucción de un continente devastado por la guerra. Al desarrollar este plan, los gobiernos, reconocieron la interdependencia de sus economías, allanando el camino para una nueva era de cooperación que cambió la faz de Europa.

Alentados por su éxito y la perspectiva de un escenario global, Canadá y Estados Unidos se unieron a la OECE en diciembre de 1960, naciendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 30 de septiembre de 1961, cuando entró en vigor su convención constitutiva. Después se unieron otros países, incluido Japón en 1964. Con la incorporación de Colombia y Costa Rica, son 39 los países, muy distintos entre sí, que pertenecen a este grupo. Pertenecer a este club de países da un sello de calidad, sobre todo a países en vías de desarrollo.

Con 60 años de experiencia, la OCDE ha colaborado con gobiernos para establecer estándares internacionales y proponer soluciones a diversos retos sociales, económicos y ecológicos. Se trata de un foro único de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Asesora en el establecimiento de estándares a nivel mundial en ámbitos que van desde el desempeño económico, la generación de empleo, la educación pública eficaz, la política comercial, el entorno para el emprendimiento y la innovación, la protección del medio ambiente, la calidad y recolección de datos, y política tributaria. Estos son algunos de los temas que Panamá requiere mejorar con urgencia.

Es muy importante para Panamá fijarse como objetivo ser miembro de la OCDE. Ello nos obligará a adoptar una visión de Estado, a eliminar el cortoplacismo de planes económicos quinquenales que cambian con el advenimiento del nuevo gobierno. Colombia se planteó desde 2013 ingresar a la OCDE, igual que lo hizo Costa Rica. Panamá estará en una posición de desventaja con respecto a sus dos vecinos, pues pertenecer a la OCDE los hará más atractivos para empresas que quieran invertir en la región.

Un obstáculo es el mito que muchos panameños tienen sobre la OCDE. Desde hace años se la demoniza, pues persiste la idea que ella le “impone” al país una agenda en el aspecto tributario. Eso no es así. Dentro de la OCDE existen mecanismos de diálogo en los que participan países y jurisdicciones, entre estos Panamá, que discuten ideas y fijan reglas sobre fiscalidad internacional. El más prominente de estos mecanismos es el Foro Global de transparencia e intercambio de información para fines fiscales, al que Panamá pertenece junto con 160 países y jurisdicciones de todo el mundo. El Foro Global aplica un sistema de revisión de pares en la que todos los países y jurisdicciones tienen voz y voto, incluyendo a Panamá. Sus decisiones son luego aceptadas o rechazadas en reunión plenaria.

El problema de Panamá es la poca memoria institucional que tenemos. Cada cinco años cambiamos de funcionarios, salvo pocas excepciones, que parten de cero para aprender las reglas (los partidos políticos son agencias de empleos).

Existe entre muchos panameños la percepción de que Panamá “no necesita” a la OCDE, y que esta sería una camisa de fuerza para el país. Esto es un grave error. En primer lugar, los Estados miembros de la OCDE constituyen una diversidad de modelos económicos, desde países con un arraigado sentido de libre empresa e innovación, como Estonia, Israel y Holanda, hasta países más socialistas como Francia y Bélgica. En segundo lugar, Panamá no es una superpotencia como Estados Unidos o China, ambos con capacidad de rule-setters. Por ser una economía pequeña y de servicios, Panamá es un rule-taker, por lo que le conviene operar dentro de las estructuras que tienen mayor influencia, no fuera de ellas. La OCDE es la principal agencia mundial, como lo es la Alianza del Pacífico a nivel de América Latina (a la cual Panamá también debería ingresar).

A pesar del sueño de estadistas como Mariano Arosemena que visualizaba a un “Panamá abierto al mundo”, lamentablemente en nuestro país desde sus inicios como República, se han venido aprobando leyes orientadas a la protección de actividades comerciales e industriales para beneficiar a pequeños grupos económicos. Como ejemplo, la ley 30 de 1904 para protección de la producción salinera; la ley 51 para proteger la producción de café; la ley 14 de protección azucarera; y con el fin de dominar la Asamblea Nacional, en 1906 se aprobó su primer contrato ley. La lista de contratos proteccionistas es larga. Panamá fue el último país que entró al GATT, y casi nos quedamos por fuera de la Organización Mundial del Comercio; todo por unas pocas pequeñas empresas industriales que pusieron todo tipo de recursos legales para no perder las leyes que les concedían monopolios.

¿Cambiaremos algún día? ¿Tendremos planes económicos y políticas de Estado que duren más de cinco años? ¿Lograremos incluir en el desarrollo del país a las provincias y comarcas que no están en la zona interoceánica? ¿Tendremos una integración territorial con conectividad terrestre, aérea y marítima para desarrollar el país?

La lamentable pandemia que nos ha traído muerte y desgracia nos muestra la gran vulnerabilidad de nuestro sistema. Pero al mismo tiempo nos presenta la gran oportunidad de hacer los cambios estructurales necesarios para dar el gran salto hacia la equidad, la integración y la competitividad. ¿Dónde está el líder y el partido político capaces de convertir a Panamá en un país competitivo, que acabe con la desigualdad y la pobreza?