Nuevo programa de inclusión apunta a mejorar la competitividad de las mipymes

El Ministerio de Comercio e Industrias (MiciI), en colaboración con la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), y Mastercard y sus aliados, lanzó ayer el “programa de inclusión financiera”, un plan que tiene como objetivo fomentar la digitalización y el crecimiento a través de nuevas plataformas tecnológicas.

El ministro del Mici, Federico Alfaro Boyd, dijo estar muy orgulloso porque “es la primera vez que el gobierno, el sector bancario y las fintech se unen para crear un ecosistema que impulse la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme). Panamá es, a partir de este momento, un país pionero en este tipo de iniciativas”.

“Los beneficios que resultan de este programa conjunto”, continuó el ministro Alfaro, “contribuirán a impulsar múltiples acciones que tiene en marcha el Gobierno Nacional para incentivar la digitalización, formalización y bancarización de emprendedores y mipymes, que ahora también tendrán la oportunidad de recibir conocimientos y herramientas que les faciliten de forma rápida y segura su acceso a la economía digital y la banca formal de la mano de expertos de Mastercard y sus aliados”.

Las mipymes desempeñan un papel crucial como motor de desarrollo económico y de bienestar del país, según un informe del Mici. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estima que había aproximadamente 200.000 mipymes en Panamá en 2021, es decir, el 96,3% del total de empresas activas y el 49% de las fuentes de empleo formal.

Un reciente estudio de Mastercard y Américas Market Intelligence reveló que casi 90 millones de latinoamericanos no tienen acceso a servicios financieros que necesitan para hacer más eficiente el manejo de su dinero, informó Kristine Matheson, Country Manager de Mastercard para Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Matheson aseguró que las nuevas experiencias digitales seguras, rápidas y confiables que se desprenden de este programa, mejorarán la calidad de vida de los panameños.

A su vez, el director de Ampyme, Óscar Ramos Jirón, destacó que su institución se mueve constantemente a favor de los emprendedores y empresarios para procurar acciones que gestionen el acceso a financiamiento, “y así mantenemos nuestro rumbo, siempre con el apoyo de aliados estratégicos, tanto del sector público como del privado”.

El programa de inclusión financiera trabaja en dos aspectos fundamentales: la educación financiera y las soluciones financieras focalizadas. El primero se desempeña a través de plataformas educativas digitales y gratuitas de Mastercard, brindando a las mipymes y a los emprendedores participantes las herramientas y conocimientos básicos requeridos para diseñar, lanzar, administrar, digitalizar y hacer crecer sus negocios. Entre las herramientas a usar destacan la Odisea del Emprendedor, la MicroMentor y la Aceleradora Virtual del Incae Business School. Las soluciones financieras focalizadas quieren desarrollar y posicionar productos de pago y adquisición especialmente pensados para atender las necesidades de las mipymes y de los emprendedores panameños a través de una colaboración con las instituciones financieras aliadas de Mastercard y las fintech.

El ministro Alfaro destacó que la comisión de Comercio y Asuntos Económicos efectuará una visita a Donoso a principios de la próxima semana.

“Una vez concluida esa visita podremos esperar cuál va a ser la posición y opinión de la comisión de Comercio”, dijo Alfaro. A través de las varias visitas por parte de la comisión de Comercio de la Asamblea Nacional (AN) y el Mici se han podido hacer varios cambios al contrato minero, recalcó. El proyecto de ley N° 1043, que aprueba el contrato de concesión celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A., se encuentra actualmente en primer debate en la AN.

El nuevo contrato, que substituye el de 1997, establece una regalía del 12% al 16% de la ganancia bruta y un pago mínimo de $375 millones al Estado.

Una de las preocupaciones, de las varias que han brotado del nuevo contrato minero, es el tema de la delimitación, ya que los campesinos de Colón están preocupados porque se le expropien sus tierras, además de la contaminación.

“En el contrato está claramente delimitado cuál es el área de concesión, que son 12.955,5 hectáreas, que por cierto es menor al área de concesión que establecía el contrato de 1997”, dijo Alfaro. Además de eso, hay otras aproximadamente 4.000 hectáreas adicionales para uso de servidumbre, algo que no se delimitaba en el contrato anterior. Alfaro fue categórico a la hora de afirmar que el nuevo contrato minero es “dramáticamente” mejor al contrato que el actual gobierno heredó, el cual fue declarado inconstitucional; “mejor tanto a nivel ambiental como laboral, fiscal y económico”. El Mici está abierto a cualquier duda que tenga la comisión de Comercio una vez efectuada la visita in situ de la próxima semana, dijo Alfaro, aunque aclaró que, según él, para muchos detractores del contrato no se trata de discutir las cláusulas del mismo, sino oponerse a la minería en general.

Alfaro recordó que Cobre Panamá aporta 7.000 empleos directos y 40.000 empleos indirectos al país, un 3,5% al producto interno bruto (PIB) y entre $800 millones y $900 millones a proveedores locales.

Cobre Panamá es una de las minas de cobre nuevas más grandes abiertas a nivel mundial desde 2010.