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- 23/05/2023 16:02
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Destinar mayores recursos económicos parece ser la última oportunidad que tiene el planeta para cumplir la ambición de contener el aumento de la temperatura a 1,5ºC, respecto a la era preindustrial.
Según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF, por sus siglas en inglés), el mundo necesita entre $3 mil y $6 mil millones al año hasta 2050 para financiar la transición de “cero emisiones netas”. Se estima que entre el 60% y el 70% de ese capital debe provenir del sector privado.
La “transición neta cero” propone recortar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca posible de emisiones nulas, con algunas emisiones residuales que sean absorbidas desde la atmósfera, mediante, por ejemplo, el océano y los bosques.
“El tiempo se está agotando para alcanzar el objetivo de 1,5 grados centígrados de calentamiento para 2030, por lo que la financiación combinada puede ser la clave para combatir el cambio climático”, alerta el reciente trabajo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) titulado Informe de síntesis AR6: cambio climático 2023.
El pasado 18 de enero de 2023, en el foro de Davos, el secretario general del Foro Económico Mundial, António Guterres, advirtió que las emisiones de gases de efecto invernadero están en niveles récord y siguen creciendo. “El compromiso de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados está a punto de esfumarse”, señaló.
Ahí es donde las finanzas, la cooperación internacional y la tecnología son facilitadores críticos para acelerar la acción climática. “Sin inversión será inevitable experimentar un aumento de la temperatura global de 1,5 grados centígrados, lo que provocará un aumento de los efectos del cambio climático, los cuales supondrán una grave amenaza para la salud, el empleo y el bienestar de las personas en todo el mundo”, alerta Naciones Unidas.
El informe asegura que existe suficiente capital y liquidez a nivel mundial para cerrar las brechas mundiales de inversión, dado el tamaño del sistema financiero mundial, pero hay barreras para redirigir el capital a la acción climática, tanto dentro como fuera del sector financiero mundial. Entre los obstáculos macroeconómicos figuran el endeudamiento y la vulnerabilidad económica de las regiones en desarrollo.
De acuerdo con el estudio, la ampliación de las corrientes financieras requiere una clara señalización por parte de los gobiernos y la comunidad internacional. Esto incluye una mayor alineación de las finanzas públicas, la reducción de las barreras regulatorias, de costes y de mercado reales y percibidas, y mayores niveles de financiación pública para reducir los riesgos asociados con las inversiones de bajas emisiones.
“Las corrientes financieras controladas no alcanzan los niveles necesarios para la adaptación y para alcanzar los objetivos de mitigación en todos los sectores y regiones. Estas brechas crean muchas oportunidades y el desafío de cerrarlas es mayor en los países en desarrollo”, advierte.
Precisa que los inversores, los intermediarios financieros, los bancos centrales y los reguladores financieros pueden modificar la subvaloración sistémica de los riesgos relacionados con el clima. “Se necesita un etiquetado sólido de los bonos y la transparencia para atraer a los ahorradores”, apunta.
Indica que las mayores brechas y oportunidades de financiamiento climático se encuentran en los países en desarrollo. Por lo tanto, el apoyo acelerado de los países desarrollados y las instituciones multilaterales es un factor decisivo para mejorar las medidas de mitigación y adaptación, y puede abordar las desigualdades en la financiación, incluidos sus costos, condiciones y vulnerabilidad económica al cambio climático.
La ampliación de las subvenciones públicas para la financiación de la mitigación y la adaptación en las regiones vulnerables, por ejemplo, en el África subsahariana, sería eficaz en función de los costos y tendría un alto rendimiento social en términos de acceso a la energía básica.
Las opciones para aumentar la mitigación y la adaptación en las regiones en desarrollo incluyen: mayores niveles de financiación pública y flujos de financiación privada movilizados públicamente desde los países desarrollados a los países en desarrollo en el contexto del objetivo de $100.000 millones al año del Acuerdo de París; aumentar el uso de las garantías públicas para reducir los riesgos y aprovechar los flujos privados a menor costo; desarrollar los mercados de capital locales, y fomentar una mayor confianza en los procesos de cooperación internacional.
En una publicación de Reuters se estima que los inversores privados controlan activos por un valor aproximado de $210.000 millones en todo el mundo, mientras que los bancos tal vez otros $200.000 millones..
El reporte señala que si bien lo acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París está ayudando el apoyo financiero internacional, tecnológico y de creación de capacidades a los países en desarrollo, ello permitirá una mayor implementación y acciones más ambiciosas.
Y es que mediante la integración de la equidad y la justicia climática, las políticas nacionales e internacionales pueden ayudar a cambiar las vías de desarrollo hacia la sostenibilidad, especialmente movilizando y mejorando el acceso a la financiación para las regiones, los sectores y las comunidades vulnerables.
La cooperación y la coordinación internacionales, incluidos los conjuntos de políticas combinados, pueden ser particularmente importantes para las transiciones de sostenibilidad en las industrias de materiales básicos con gran intensidad de emisiones y muy comercializadas que están expuestas a la competencia internacional.
La gran mayoría de los estudios de modelización de emisiones supone una cooperación internacional significativa para asegurar las corrientes financieras y abordar las cuestiones de la desigualdad y la pobreza en las vías que limitan el calentamiento global.
Los cambios en la financiación privada incluyen una mejor evaluación de los riesgos relacionados con el clima y las oportunidades de inversión dentro del sistema financiero, mejorar los perfiles de riesgo-rendimiento de las inversiones climáticas y desarrollar las capacidades institucionales y los mercados de capital locales.
Un reto importante en la lucha contra el cambio climático es la transición energética. Así la inversión para la transición energética en 2022 totalizó $1.1 billón, 31% más que el año anterior, pero muy por debajo del requisito estimado del FMI, según datos de BloombergNEF. Y aunque la inversión está creciendo, aún existe una brecha considerable entre lo que se necesita y lo que se compromete.
En Panamá, por ejemplo, se calcula que de aquí a 2030 se podrían necesitar más de $4.000 millones en inversión para desarrollar todas la iniciativas para la transición energética, dijo recientemente el secretario Nacional de Energía, Jorge Rivera Staff.
La Agenda de Transición Energética es la principal propuesta de política pública de Estado del actual gobierno panameño, de cara a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París en materia de lucha contra el cambio climático.