Miviot prioriza el interés preferencial para solucionar el bono solidario

Como estrategias para el programa Fondo Solidario de Vivienda, “se están buscando alternativas principalmente a través de los intereses preferenciales”, así lo confirmó la dirección de comunicaciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), al ser consultados sobre los avances que para mantener los proyectos habitacionales subsidiados, luego de que culminó su vigencia el pasado 30 de junio de 2024, después de cinco años de extensión.

El ministro de Vivienda, Jaime A. Jované, ha planteado en reiteradas ocasiones pasar el monto solidario de las unidades de vivienda al interés preferencial, con tasas especiales, para quitarle esa carga al Estado de un desembolso único e instantáneo que “es muy difícil presupuestar”.

De hecho, la alternativa estratégica en mención se contempla en el “Plan estratégico quinquenal 2024-2029” del Miviot, publicado en la plataforma de monitoreo de transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), para “cumplir con los objetivos trazados para disminuir el déficit habitacional y apoyar al sector privado, manteniendo el Programa de Fondo de Inversión Social”.

El documento detalla que dos alternativas estratégicas para considerar: Opción 1: “Durante el periodo de extensión el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial honrará los compromisos adquiridos hasta ese momento. Simultáneamente en estos seis meses se llamará a una mesa de trabajo de alto nivel que entre a analizar la ley con todas las partes involucradas, a nivel estatal (Miviot, MEF, Banco Nacional y Caja de Ahorros) y a nivel privado la alianza Inter gremial de la construcción para lograr un consenso de un mejor formato de Fondo Solidario de Vivienda que beneficies a todas las partes y a los ciudadanos”.

Y la opción 2 que plantea el documento es: “Eliminar el pago del Bono Solidario y subir el subsidio dentro de las viviendas hasta un valor de $70,000 a 5,5% y hacer las corridas financieras pertinentes que bajarían la carga financiera al Estado y continuaría con el repago a las entidades bancaria por medio de créditos fiscales y otras figuras similares con la que actualmente se está trabajando”. Esta segunda opción está muy acorde con la alternativa propuesta a través de los intereses preferenciales.

La solución a la situación del Fondo Solidario de Vivienda, a través del interés preferencial, parece tener el apoyo desde los sectores involucrados. Isaías Abdiel Cárdenas Cedeño, presidente de las Promotoras de Vivienda de Azuero, por ejemplo, dijo que hace dos semanas presentaron ante el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Miviot una propuesta a la que denominaron el “interés preferencial social”.

“La propuesta es la misma alternativa que maneja el Miviot, que sería eliminar el bono solidario para pasarlo al interés preferencial social, en la que el Estado ya no pondría el 4% sino el 5,75%”, explicó Cárdenas. “Fue muy bien armada y liderada por todas las provincias centrales, como Azuero, Coclé, Veraguas y Chiriquí”, recalcó.

Otro gremio que maneja una propuesta similar es la Cámara Nacional de la Construcción (Capac), que le presentó al Miviot una iniciativa para transformar el bono solidario en un tramo de interés preferencial para viviendas de hasta $70.000.

Para el presidente de las Promotoras de Vivienda de Azuero es importante revisar tanto el Fondo Solidario de Vivienda como el interés preferencial de hasta $120.000, ya que el 93% de la población panameña usa estos subsidios. “Estamos hablando de la clase trabajadora que necesita los subsidios del bono solidario y los profesionales que necesitan hasta $120.000. Eso es muy importante porque el 93% de la población usa ambos subsidios y es un número bastante fuerte”, recalcó Cárdenas.

Quien también ha entrado en la discusión de este tema es la Asamblea Nacional, que través de la Comisión de Economía y Finanzas, la semana pasada, decidió pasar a segundo debate la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones.

El proyecto, presentado e impulsado por la presidenta de la Asamblea, la diputada Dana Castañeda, establece que los préstamos hipotecarios con intereses preferenciales podrán ser otorgados hasta el 31 de diciembre de 2027, con excepción de los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de $120.000, y no exceda de $180.000, los cuales serán otorgados hasta el 30 de junio de 2026.

Castañeda explicó que lo que se está proponiendo en esta norma es que se extienda el plazo del tiempo hasta el 30 de junio del 2026, para poder terminar los casos que están en trámite.

Agregó que el sector inmobiliario, como todos los sectores del país, hoy están esperando que les den un “salvavidas” para poder levantar este país.

Las discusiones que hay tras el vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda se deben porque ahora solo queda la Ley de Interés Preferencial que tiene una vigencia hasta diciembre de 2025. La norma contempla el tramo preferencial de 4% en los préstamos para viviendas a nivel nacional, por 10 años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $45.000 y no exceda de $80.000; igualmente, 4%, por ocho años no renovables, para préstamos para viviendas a nivel nacional, cuyo financiamiento sea mayor de $80.000 y no exceda de $120.000. También abarca el tramo preferencial de 2% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical a nivel nacional, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $120.000 y no exceda de $150.000; y finalmente 1,5% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $150.000 y no exceda de $180.000, únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

En el caso de que la Ley de Interés Preferencial no sea una alternativa, el Miviot buscaría la opción de crear un desarrollo habitacional donde se calificarían las dimensiones e infraestructuras correctas, agua, educación, vialidad, entre otros y dependiendo del cumplimiento de estas normas se distribuyen los $10.000, que podrían ser en $2.500, $5.500, $7.500 y $10.000, según se ha informado. La otra propuesta sería impulsar la densificación para tratar de contener el crecimiento horizontal, que representa una carga para el Estado en todo lo que es servicios públicos.