Miviot: ‘No hay ni presupuesto, ni ley para amparar el bono del Fondo Solidario de Vivienda’

“Actualmente no hay ni presupuesto, ni ley para amparar el bono de los $10 mil (del Fondo Solidario de Vivienda) en aquellas viviendas que no fueron construidas hasta el 30 de junio de 2024 (fecha en que venció el decreto del programa), sin embargo, el Estado honrará el pago de las que se edificaron hasta esa fecha”.

Así lo afirmó el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované, quien señaló que para mantener el Fondo Solidario de Vivienda, que culminó su vigencia el pasado 30 de junio de 2024, después de cinco años de extensión, se encuentran estudiando tres alternativas posibles.

Entre las opciones, según Jované, están las siguientes: la primera sería pasar el monto solidario de las unidades de vivienda a un tramo del interés preferencial, con tasas especiales, para quitarle esa carga al Estado de un desembolso único e instantáneo que “es muy difícil presupuestar”.

La segunda sería hacerlo por ponderación, que consiste en un desarrollo habitacional donde se calificaría las dimensiones e infraestructuras correctas, agua, educación, vialidad, entre otros y dependiendo del cumplimiento de estas normas se distribuyen los $10 mil, que podrían ser en $2, 500, $5,500, $7,500 y $10 mil.

La tercera alternativa consistiría en impulsar la densificación para tratar de contener el crecimiento horizontal, que representa una carga al Estado en todo lo que es servicios públicos.

“Hemos estado revisando varias opciones para ofrecer una herramienta que permita continuar trabajando con estas normas. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de la necesidad que tenemos en el Estado de contener el gasto para mejorar las finanzas del país”, contó el ministro de Vivienda, quien brindó dicha explicación del Fondo Solidario de Vivienda en la apertura de la Feria Convivienda 2024, el evento insignia de las promotoras del sector privado, mismas con las que el Miviot tiene deudas millonarias.

En este contexto, Jované envío el mensaje que las alternativas que se están revisando para el Fondo Solidario de Vivienda no significa un abandono a los compromisos pendientes con las promotoras afiliadas, ya que el Gobierno saliente dejó transferencias para hacerle frente a las deudas de este programa y ya han hecho desembolsos para atender las responsabilidades atrasadas de 2021, 2022, 2023 y todo el presente año.

Reveló que se ha avanzado con dos desembolsos de $19 y $29 millones respectivamente, para cubrir hasta 2023 y se tiene en proceso los dos primeros meses de 2024.

El titular de Vivienda manifestó que el problema del Fondo Solidario de Vivienda es que no tenía presupuesto y a esta entidad solo se le permite realizar lo que se establece en la ley, es decir, no se puede hacer nada que no esté presupuestado.

Confesó que “el Estado generó un proyecto sin el respaldo presupuestario, que ha generado una gran cantidad de cuentas por pagar, en un programa de asistencia social como es el Fondo Solidario de Vivienda”.

En teoría, las viviendas que forman parte del fondo reciben un apoyo de $10,000 por parte del gobierno, para que las personas puedan dar el abono inicial, pero en los últimos años, la falta de pago por parte del gobierno, hizo que los promotores tuvieran que cargar con esa responsabilidad.

Del Fondo Solidario de Vivienda, el gobierno anterior adeudaba a la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), $140 millones, de esos dejaron $100 millones para cubrir esa deuda y ahora hay $60 millones en trámites, planteó Alejandro Ferrer Solís, presidente de este gremio.

Tras estos resultados, Ferrer indicó que ve positivo que el Miviot muestre el interés de continuar con estos programas que “han dado tantos resultados a nivel de solución de viviendas”.

“Como gobierno y conociendo la situación compleja, ellos deben tomar la mejor decisión posible para sostener estos programas porque más allá de ofrecer una vivienda, también hablamos de una industria que es importante para la economía del país”, rescató el presidente de Capac.

En este contexto, Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), mencionó que la eliminación del Fondo Solidario de Vivienda abre una puerta para abordar los nuevos programas que se deben hacer para prorrogar o sustituir dicho fondo.

Recalcó que “lo importante es que entendamos que nosotros necesitamos ayudar a los clientes para que califiquen porque la situación laboral que tienen, en estos momentos, es un poco complicada. Así que estamos en ese impass. En este momento, los promotores están haciendo ofertas especiales para que las personas puedan calificar”.

El presidente de Convivienda, Gabriel Diez, por su parte, indicó que, como desarrolladores, ha aportado más de 130 mil viviendas en los últimos siete años.

Sin embargo, señaló que el incremento de las ventas para los próximos años solo será posible con el pago de adeudos a los promotores en concepto del bono solidario de vivienda, y con cambios en la ley de interés preferencial. “De esta forma, le permitimos a los bancos tener confianza en el sistema y garantizar préstamos interinos e hipotecarios con más facilidad que la que se tiene actualmente”, puntualizó.