Quiebra de British llega a la Asamblea

PANAMÁ. La quiebra de la Aseguradora British American Insurance sigue dando de qué hablar.

Entre las más de 10 mil víctimas que según el superintendente nacional de Seguros y Reaseguros, Luis Della Togna dejó el colapso financiero de la empresa, se encuentran varias figuras públicas entre ellas diputados, empresarios y periodistas.

Uno de las figuras públicas que emprenderá acciones en contra de la empresa es el diputado Alcibíades Vásquez Velázquez, quien espera ‘que todo el peso de la ley les caiga a estos estafadores’, indicando que procederá ‘a pelear, exigiendo nuestros derechos’.

Aunque sin especificar qué tipo de daño sufrió ni a cuánto asciende el mismo, el diputado informó que junto a un equipo de dos abogados se encuentra ‘preparándose para interponer todos los recursos que sean necesarios, ya sea en Panamá o internacionalmente’.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Arosemena dijo que es difícil que un ente regulador pueda hacer algo por solucionar este problema.

Afirmó que, no obstante, mediante el Órgano Ejecutivo podría darse una mayor acción a través de la Superintendencia de Seguros para lograr que se fiscalice verdaderamente a las empresas aseguradoras.

CAMBIO DE LEYES

La quiebra de la British ha llevado a varios diputados ha proponer cambios en leyes que regulan tanto a las aseguradoras como a la empresa privada en general.

El diputado oficialista Adolfo Valderrama anunció que dentro del legislativo se evalúa la posibilidad de presentar una propuesta de ley que les permita a las empresas que están en procesos de quiebra entrar en una etapa en la que se les dará una segunda oportunidad de volverse a recuperar.

En tanto el diputado Vásquez Velásquez indicó que la actual legislación para perseguir el delito y penalizarlo no está acorde con una delincuencia que está actuando y utilizando recursos sofisticados tecnológicamente para estafar.

El propio superintendente Della Togna, informó que próximamente introducirán en la Asamblea Nacional una petición para modificar la ley que regula al sector, de manera que le brinde más facultades al ente regulador para afrontar mejor situaciones como la actual.