El impacto negativo de gravar las remesas

F rente a cualquier medida económica, es necesario evaluar todos los aspectos. La reciente medida que a través del proyecto de ley 621 busca gravar las remesas con la finalidad de cubrir el aumento a los jubilados afecta una actividad estratégica. No existe duda alguna de la justicia social que merecen nuestros jubilados, pero la interrogante surge por la procedencia de dichos fondos para sostener este aumento.

Nuestro país ya tasa las remesas con un impuesto de 12.5%, por lo que proponer un impuesto adicional de 7% es incurrir en un caso de doble tributación. Las remesas generan ingresos significativos, tanto por el envío como por la recepción, prevaleciendo mucho más por las remesas que salen del país a economías vecinas, producto de personas que se encuentran laborando en este destino.

Según datos oficiales de la Contraloría General de la República, en los últimos cinco años el envío de remesas desde Panamá ha superado los $3 mil millones. Para los migrantes ha sido atractivo poder enviar recursos a sus países, dadas las condiciones actuales.

Un estudio del Ministerio de Economía y Finanzas del 2014 mostraba que las remesas desde Panamá provienen de trabajadores que envían recursos con una mediana de $650 al mes. En este sentido, dicho informe mostraba que los trabajadores que envían remesas de dinero al exterior se distribuyen por todo el país, y en las distintas actividades económicas. Entre las más comunes se encuentran la docencia y la enseñanza, reparación de vehículos, construcción y, en el caso de las mujeres, la prestación de servicios en los hogares.

Gravar las remesas también puede impactar directamente en la clase trabajadora, que oscila entre más del 70% que devenga 800 dólares mensuales o menos, agravando la situación económica y social. Ha sido en este periodo donde hemos evidenciado una desaceleración económica.

Es una situación que también puede impactar en el arribo de nuevos migrantes y la nueva inversión de la banca internacional. Es un destino para buscar nuevos mercados, así como oportunidades de crecimiento y generación de ingresos, dinamizando de igual manera la competencia, el mercado de trabajo y la productividad.

Gravar implica elevar los costos de envío, poniendo en peligro el sistema financiero y el libre flujo de capitales que a la fecha ha identificado este destino, siendo un atractivo clave entre economías de la región y del mundo, lo que nos restaría competitividad, que a la fecha ya ha sido afectada o mermada.

Como conclusión, cabe señalar que dentro de la medición global de las remesas existe una gran parte que no se contabiliza como producto de canales más informales, ya sea a través de terceros que llevan los recursos a familiares de migrantes. En 2017, se registraron oficialmente alrededor de 1.9 millones de transacciones según el Ministerio de Comercio e Industrias, por lo que gravarlas podría incentivar la creación de canales informales para enviar esos recursos a otros destinos.

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