El 44% de los contribuyentes utilizan factura electrónica

El director general de Ingresos (DGI), Camilo Valdés planea reformar el Decreto de Gabinete No.109 de 1970 que reorganiza a la DGI dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y que ya tiene 54 años de vigencia.

“Hay que adecuarla a los tiempos de hoy para poder utilizar mejor la tecnología y la inteligencia artificial para poder fiscalizar y dar trazabilidad a los componentes de mejor manera”, comentó el director de la DGI, este jueves, durante un evento del Colegio Nacional de Periodistas, sin profundizar mayores detalles del proceso.

“Es un trabajo largo porque es un problema estructural, que no es solo de la institución sino del régimen legal que conlleva a una reforma racional que tomará de uno o dos año”, añadió.

En este contexto, Rafael Brown, magistrado presidente del Tribunal Administrativo Tributario (TAT), coincidió con Valdés y mencionó que con las reformas a la DGI buscan la independencia y autonomía sujeta para que la DGI se maneje como una autoridad y no como una dirección. “Ya son tiempos modernos y hay tecnología”, ponderó.

Valdés explicó que la legislación es un Decreto de Gabinete del 7 de mayo de 1970, que se creó así porque en esa época no había Asamblea Nacional y el país legislaba desde el Consejo de Gabinete.

Después de esos años, dijo, la última reforma que hubo para actualizarla fue con la Ley 33 del 2010, en la que se incorporó todo lo relacionado a la tributación internacional.

“Para aquellos años, el país estaba adecuando sus normas en función de los estándares internacionales y se estaba iniciando la negociación de tratados para evitar la doble imposición en intercambio de información tributaria. Sin embargo, después de esa reforma han pasado 14 años y evidentemente necesita actualizarse”, manifestó el director de la DGI.

La necesidad de una reforma, según Valdés, es por que hoy en día las administraciones tributarias están más avanzadas que ellos en materia de tecnología, no solo para el tema recaudatorio, sino de fiscalización y trazabilidad de movimiento de contribuyentes, que no pueden hacer porque el marco legal se los impide.

“Definitivamente hace falta actualizar eso. No solo es el marco regulatorio de la DGI, sino también del Código fiscal porque ya no hay número ni letra para todos los artículos que tienen de todas las reformas y tras reformas que se le han hecho”, criticó el director de la DGI.

Por ejemplo, el magistrado presidente del TAT comentó que en países como Colombia tienen un sistema de recaudación digitalizado, que demuestra la inversión que ha hecho el Estado para automatizar y digitalizar los procesos con el objetivo de facilitar el acceso de los contribuyentes para el pago de sus impuestos, mejorar la comunicación de la entidad con el contribuyente, que al final se traduce en un sistema que gestiona todos los reportes de manera automatizada.

“El sistema está tan actualizado que la autoridad tributaria y fiscal ya sabe qué es lo que adeuda cada contribuyente porque tienen un sistema que está consolidado en materia de fiscalización. Eso solo se logra, a través del fortalecimiento de nuestras instituciones, que requiere inversión y leyes. Todo esto entendiendo que si nosotros logramos una recaudar de manera eficiente podremos ser más prósperos”, subrayó Brown.

A juicio de Valdés, “hay que hacerle algún ajuste al código de procedimiento tributario para buscar la autonomía y la independencia de la DGI”, ya que cree que Panamá, si no es el único, es de los pocos países en el mundo con una autoridad tributaria que forma parte de la instancia gubernamental, cuando en el resto de los países son autónomas porque la naturaleza de las funciones que llevan a cabo lo exige de esa manera para evitar el conflicto de intereses.