La falta de ley de cabotaje, una lastra para su desarrollo

“La verdadera lastra para el sector marítimo nacional es la inexistencia de una ley de cabotaje, para la industria marítima auxiliar, que permita ejercer más control y seguridad sobre nuestras aguas y aprovechar nuestra posición geográfica en beneficio de Panamá y no solo de las potencias marítimas”, dijo José Digerónimo, secretario ejecutivo de la Asociación de Armadores Panameños.

Es una falta de respeto y una distorsión de la realidad afirmar que esta es una ley que no debe existir, porque perjudica los intereses de ciertas potencias marítimas extranjeras, supone un paradigma donde Panamá es “Pro Mundi Beneficio” de la peor forma entendida posible, cuando en realidad podemos convivir con beneficios mutuos en nuestro propio mercado nacional.

Para el gremialista hay cabilderos casi todos abogados, diplomáticos o panameños colaboracionista, que siempre se han vinculado a esos intereses extranjeros para menoscabar los derechos de las empresas y empresarios panameños y eso es normal, repiten varias veces en los gremios relacionados y se mantienen alerta ante las posibles amenazas a su “statu quo”.

Los panameños debemos pensar con luces largas. El mejor beneficio para los panameños en este momento es el de cerrar la puerta y dejar que los panameños que hemos aprendido durante los últimos 30 o 40 años a ganarnos el sustento gracias al mar, nos desarrollemos y demos el siguiente paso.

"Adversé en el pasado una ley de cabotaje durante Martinelli", añadió el vocero, porque no hacía esa conexión con el conjunto de instrumentos legales para el desarrollo logístico, como lo son las leyes de cabotaje terrestre y aéreo. Es más, en ese momento se trataba de una ley que beneficiaba solo a unas pocas empresas de un sector, que, si bien es muy importante en ingresos, no es el grueso de los trabajadores del mar.

Añadió, que hoy estamos ante una ley que contempla a todos los sectores del cabotaje panameño, desde el panguero en Bocas del Toro que transporta turistas y que tiene muchas veces que competir contra empresarios sudamericanos que intentan invadir el mercado con sus embarcaciones, hasta a los buques que participan en sofisticadas operaciones de trasiego de barco a barco en nuestras aguas, que ven muchas veces como empresas extranjeras llegan y usan nuestras aguas para hacer sus faenas en detrimento de los locales.

Veamos aún más allá, estas empresas no pagan impuestos, no benefician en ninguna forma a nuestra economía, y si tienen algún derrame o accidente con sus naves, seremos nosotros, con nuestros impuestos, quienes tendremos que tratar de limpiar nuestros mares, dar respuesta a las emergencias o remocer escombros, dijo el vocero.

Cuando hablamos del sector marítimo, estamos hablando de la economía que estamos desarrollando y que debe ser la principal fuente de ingreso de nuestro país. Necesitamos que este en las manos locales.

Pero hora, se encontraron con diversos integrantes panameños del sector marítimo que están poniendo cara, lo que los atemoriza, dado que pueden perder sus prerrogativas. No deben abordar este tema con agresividad, si no con reconciliación, para que todos podamos ganar y no solo ellos, afirmó.

El empresario Carlos Ernesto González de La lastra, reconoció que la iniciativa tiene artículos importantes, durante un conversatorio de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), donde no fue invitado ningún representante del Ejecutivo y gremios que apoyan el proyecto de ley, según el vocero de ARPA, el diálogo debe implicar debate.

Sin embargo, González De La Lastra afirmó que no hay puertos de cabotaje y el único servicio que ha existido con muchas deficiencias es el que se presta desde el Muelle Fiscal, cerca del Mercado del Marisco. Digerónimo dijo que puede desconocerse por falta de actualización, que a lo largo y ancho de todo el país se ofrecen los servicios de cabotaje y en provincias como Chiriquí y Bocas del Toro etc., la actividad es una base de desarrollo importante, donde Panamá entera deber verse reflejada.

Digerónimo recogió la inquietud y afirmó que precisamente por lo que apunta el vocero de Apede es necesario gestionar y reglamentar el sector, aunque entiende que la AMP está desarrollando infraestructuras para Puerto Armuelles y otras iniciativas privadas.

“Es que un país con diversos negocios marítimos, además del Canal de Panamá, debe por definición poseer una marítima auxiliar robusta y no dependiente de las grandes potencias, porque estamos perdiendo dinero si no capitalizamos nuestra posición, que igualmente puede ser desarrollada con Panamá como gran socio y no recogiendo las sobras que deja la gran industria de las potencias que representan los colaboracionistas locales con todo derecho”, afirmó.

Para González de la Lastra “lo que se quiere es proteger cuatro empresas que tienen barcazas …muchas de las cuales son causantes de derrames de combustible en la zona”.

Creo que está errado, contestó Digerónimo, ese fue el caso de la antes mencionada ley Martinelli, cabotaje es suministro de atención a las necesidades de las naves avituallamiento, servicios de lanchas, transporte, reparación, asistencia de derrames, mantenimiento, búnker, por su puesto y unos 38 puertos a lo largo del país estamos hablando de un movimiento de aproximadamente 2 billones de dólares, según un estudio elaborado por el economista Rubén Lachman, antes de su fallecimiento.

Sería interesante, dijo Digerónimo, actualizarse e investigar y que se entienda que son naves extranjeras en su mayoría las que provocan los derrames y que con frecuencia no pueden ser alcanzadas por la falta de una regulación de cabotaje, las especies naufragas es una consecuencia, por ejemplo. Ese dato se lo podemos aportar.

Sobre la protección a las empresas, el gremialista dijo que eso lo refutan las empresas y asociados de esta industria que solo buscan sobrevivir y desarrollarse como las grandes potencias de Asia, Europa y Estados Unidos, cuya ley es modelo de la que está en discusión y afirmó desconocer cuántas empresas transnacionales o embajadas representa el vocero o cuantos bufetes de abogado, que se pagan con los impuestos dejados de cobrar por Panamá.

Lo cierto es que la razón por Panamá nos asiste y cualquiera tiene el derecho de defender a las potencias extranjeras. Nadie va a irse de este mercado, mientras Panamá sea el “Puente del Mundo y el Corazón del Universo”, pero debemos buscar ser un poco menos “pro mundi beneficio”, y trabajar pro Panamá, dijo el vocero gremialista.