Estados financieros de la CSS al 2023: ¿Qué hay detrás de las cifras?

La publicación de los estados financieros de la Caja de Seguro Social (CSS) al 31 de diciembre de 2023 y 2022, facilitan un mejor entendimiento sobre la realidad que vive la entidad en varias de sus cuentas y programas.

Para el ex presidente del Colegio de Economistas de Panamá y ex director de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Moreira, aunque es muy valioso tener la información financiera de la CSS de los dos últimos años, para tener una idea sólida de la real situación de esa institución, “es necesario contar con una serie histórica que ilustre las tendencias de las principales cuentas de sus estados financieros y así determinar las medidas para enfrentar los déficits de sus principales programas”.

Uno de los detalles que llamó la atención de Moreira es que aunque los resultados del ejercicio en el 2023 por $578,406,497, mostró una mejora muy importante con relación al año 2022, que registró un déficit de $88,011,295, debido principalmente a un aporte extraordinario por parte del Gobierno Nacional para la Sostenibilidad del programa de invalidez, vejez y muerte (IVM), este comportamiento deja claro “la incapacidad de la CSS para satisfacer sus necesidades de forma autónoma sin requerir el auxilio económico del Gobierno Nacional”.

Según los estados financieros, para el ejercicio contable correspondiente al periodo terminado el 31 de diciembre de 2023, el IVM en su componente exclusivamente de beneficio definido muestra un déficit de $673,573,263, lo cual significa que, tras recaudar todos los ingresos del programa, hubo un faltante por esa cantidad para cubrir los gastos, principalmente para el pago anual de los pensionados.

La cifra representa un aumento de $18,988,608 versus el comportamiento en diciembre de 2022, cuando se reportó $654,584.655, según los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 y 2022.

La CSS confirmó que el gran total de cuentas incobrables acumuladas, al 31 de diciembre de 2020, alcanza los $44,902,485. Indica, además, que los aportes del Estado recibidos por la CSS para hacer frente a los diferentes aumentos otorgados a jubilados y pensionados y aporte para cubrir la sostenibilidad del déficit del subsistema exclusivamente de beneficio definido (SEBD), ascendieron a la suma de $860.276.586, y forma parte de este monto la cancelación del déficit del riesgo de IVM para la vigencia 2020, por la suma de $517,474,312.

En Panamá, coexisten dos sistemas de pensiones dentro del régimen obligatorio de la CSS: uno es el antiguo sistema de reparto (subsistema exclusivamente de beneficio definido) y el otro es el nuevo sistema con cuentas individuales (subsistema mixto).

El subsistema de beneficio definido o solidario del programa del IVM de la CSS enfrenta una crisis de déficit financiero, reducción de cotizantes activos, impactos de la pandemia y evasión de cuotas. Las reformas a la CSS es uno de los retos que deberá enfrentar el nuevo gobierno del presidente José Raúl Mulino.

El IVM, conocido popularmente como el Sistema Solidario, responde a una multiplicidad de variables, las cuales de manera individual pueden ser evaluadas con su respectiva cuota de participación en el desempeño de la economía y por ende en las pensiones. Algunas como la fecundidad, mortalidad, migración, pobreza, distribución de la riqueza, sueldos y salarios, ocupación, subempleo, desempleo, crecimiento económico, inflación, son importantes.

Pero, “llama poderosamente la atención que siempre que se discute este tema, solo se enfatiza en la edad de jubilación, el porcentaje de aportes a la CSS y la cantidad de cuotas, como si fueran lo único que incidiera en el sistema de pensiones”, explicó el economista Víctor Cruz.

Si bien es cierto que son fundamentales, el economista aclaró que “los ajustes que se hicieron luego de los consensos derivados del diálogo nacional por la CSS impulsados en el período gubernamental 1999-2004, llevados a la práctica entre 2005 y 2007, generan un escenario distinto al desempeño del IVM hasta esas fechas”.

Por lo tanto, consideró que “hoy día el estado de nuestras pensiones requiere un nuevo enfoque. Algunas de ellas son particularmente esenciales en el desempeño del programa de IVM y, por alguna razón, no se mencionan cuando se discute este tema, a saber: el envejecimiento de la población, la informalidad y la esperanza de vida”.

“Si se combina el comportamiento de estas tres variables como elementos claves para apalancar financieramente el Sistema de Pensiones de Panamá, específicamente el Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) o Sistema Solidario, es claro que esto no funciona en el tiempo, algo que desde hace rato se conoce, pero los actores principales no lo quieren reconocer”, subrayó Cruz.

Añadió que “las decisiones que se adopten, tienen necesariamente que ser comunicadas con claridad a la población en aras de que se entienda que los ajustes que se determinen requerirán sacrificios de la sociedad”. Precisamente, parte de los desafíos que enfrenta la CSS tienen que ver con el promedio de vida de la población. Cuando se creó la institución, las personas vivían un promedio de 10 años más después de la edad de jubilación; hoy la expectativa de vida supera los 25 años y sigue extendiéndose, agregó.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el informe preliminar que hizo sobre los estados financieros y actuariales de la CSS recomendó establecer cambios en las medidas paramétricas. Entre ellas, un aumento en la edad de jubilación y la equiparación de la misma para hombres y mujeres.

El financista y profesor auxiliar de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Allan Corbett, comentó que “el país necesitará aplicar las paramétricas, porque la CSS no puede recibir lo que no ha ahorrado y no le pueden decir al Gobierno Central que lo haga”.

“Todo lo que el Gobierno Central usaría para pensiones lo quitaría para el fondo de inversión, que es carreteras, puentes, salud, todo lo demás. Entonces, no hay forma que la CSS busque pedir más a exentas de lo que reciba del gobierno central. Si la CSS quiere más dinero debe ahorrar más dinero. No hay de otra”, sentenció Corbett, quien aclaró que los tres programas que tiene la CSS son diferentes y cada uno tiene sus propios fondos.

Los únicos ingresos que deberían venir del gobierno, según el financista, deben ser por parte de la inflación. “Esto se debe a la pérdida del poder adquisitivo que tendrán las personas por la inflación. Eso sí, pero no se debe esperar que sea el gobierno quien pague la jubilación”, manifestó.

Por otro lado, la Junta Actuarial de la CSS también ha hecho referencia a la delicada situación financiera del sistema de pensiones; y organizaciones gremiales han urgido tomar decisiones con impacto profundo para salvaguardar el programa de pensiones. Más del 80% de la población cotiza con la CSS, con la expectativa de recibir una pensión cuando no sea parte de la población laboralmente activa.

Moreira, por otro lado, observó que en los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, las cuentas por cobrar aumentaron $48,8 millones con relación al 2022. Aún cuando, dijo, se dio una disminución importante por el monto de $38,3 millones en el renglón de Cuota Empleado Empleador y de Riesgos Profesionales por $,2 millones, las cuentas por cobrar por aumento en la Ley 27 de $13,1 millones, Tesoro Nacional aumentó pensiones según Ley 70 por $15,6 millones y los aporte del Estado 0.8% de Salarios Básicos Asegurados por $32,9 millones, “representan los aportes más importantes del aumento de esta cuenta, deudas que son responsabilidad principalmente del Gobierno Nacional”.

Corbett, por su parte, mencionó que “no” cree que el gobierno central adeude más de mil millones en cuentas por cobrar a la CSS, ya que durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo se pagaron $900 millones, una deuda acumulada entre los cinco años de la administración de Juan Carlos Varela y cuatro años de Ricardo Martinelli.

Los $900 millones, según el financista, salieron de la primera partida presupuestaria de $5 mil millones que salió a pedir el entonces ministro de Economía Héctor Alexander, durante el 2020, antes de que cayera la pandemia.

“En estos momentos, las cuentas por cobrar deberían estar entre $300 o $200 millones, no mil millones, al menos que no se haya pagado en los últimos dos o tres años de la administración de Cortizo, ya que Héctor Alexander consiguió y pagó los $900 millones atrasados. Habría que ver si ese dinero entró o no lo tiene reportado ahí la CSS. Hay que recordar que estás cosas son bien políticas, porque puede ser que no tengan las cifras al día o un montón de cosas más”, aclaró el financista.

Para el economista Moreira, a pesar de todos los requisitos burocráticos por los que transcurren, los préstamos hipotecarios que otorga la CSS aumentaron a $13,6 millones. Para ello “es necesario en este caso establecer procedimientos de control posterior de la Contraloría General de la República, con el objeto de incrementar las operaciones de este fondo que tiene el doble beneficio de otorgar hipotecas verdaderamente accesibles y por la otra parte constituye una importante fuente de recursos para la institución”.