En Panamá, se enciende el debate por la permanencia o no del control de precios

La decisión que tomó el Gobierno Nacional de poner fin al control de precio del arroz, tras el descubrimiento de irregularidades, encendió otra vez el debate sobre la eliminación o no de esta iniciativa, que ya tiene más de 10 años vigente.

Productores, industriales, economista y consumidores avalan una eliminación total del control de precios para que el mercado se mueva más hacia la libre competencia con la oferta y demanda, y así se puedan brindar las medidas para que se de una competencia sana entre todos los entes productivos de la cadena alimentaria del país.

El Decreto Ejecutivo N.º 165, que establece el control de precios fue prorrogado por seis meses adicionales, hasta el 31 de diciembre de 2024, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 8 del 26 de junio. Se prevé que el Gobierno Nacional analice nuevamente dicha medida en su momento. Ver infografía.

En medio de esta realidad, el presidente del Sindicato Industriales de Panamá (SIP), Raúl Montenegro, explicó que el control de precios no beneficia a nadie. “No beneficia en el sentido que si a un comercio, industria o empresa, no le es rentable producir un artículo, sencillamente dejará de producirlo y automáticamente se centrará en producir todos los otros artículos que no tengan un precio regulado”, advirtió.

Por su parte, Pedro Acosta, dirigente de la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá (Uncurepa), sostuvo que el control de precios ha sido un fracaso tanto en el arroz como en los demás productos incluidos, por lo tanto, cree que la media se debe revisar y regular.

“La tarea del gobierno sería revisar todo lo que se ha hecho con el control de precio, tomando en cuenta que se prorroga cada seis meses. Sin embargo, por cada extensión no se han hecho ni los estudios ni las recomendaciones, porque sencillamente lo renuevan cada seis meses para mantener un status quo que ha prevalecido por 10 años”, cuestionó Acosta.

Ovidio Saavedra, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), comentó que el control de precios afectó, tanto a productores como a consumidores. “Es más, ahora nosotros no solo esperamos que el gobierno lo revise. Nosotros le vamos a exigir que lo revise para que este control de precios tenga un final, porque solo ha funcionado como un pronunciamiento político”, manifestó.

En este contexto, Augusto Jimenez de la Asociación de Productores de Tierras Altas coincidió con Saavedra y manifestó que “si continúa el control de precio quiere decir que el nuevo gobierno se dejará llevar por las presiones políticas, que por las decisiones técnicas que podrían ofrecer mejores precios para todos los consumidores”.

Recordó que “los productores no son parte del problema, sino la solución, ya que buscan construir a la soberanía alimentaria del país, en la medida en que puedan aportar a la economía, al producto interno bruto, al empleo y al desarrollo económico, a través de ofrecer precios rentables en el mercado”.

El debate entre los diferentes sectores se basan en que son muchos los reclamos que existen en torno al control del precios, entre las que se encuentran las limitaciones en las ganancias de los productores.

Por ejemplo, en los 10 años que ha estado vigente el control de precios, los ganaderos han tenido un tope en seis cortes de carnes, que les ha ocasionado disminución en el cobro de alrededor de $160 millones, en concepto de carne bovina.

“Son $160 millones que nadie nos ha resarcido. Ahora nosotros estamos muy pendientes de que esto (el control de precio) termine porque nos ha abierto un orificio profundo en el bolsillo de los ganaderos”, confesó Saavedra.

Otro de los reclamos es que el control de precios generó un desabastecimiento de los productos porque las personas lo acaparaban rápidamente. Mientras que al mismo tiempo se daba un alza en los precios de otros productos que se encontraban fuera del control de precios.

Dicho desabastecimiento se genera porque los decretos ejecutivos del control de precios no obliga a los comerciantes vender los productos, informó Jonathan Adames, jefe de Verificación de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

“El decreto no obliga al comerciante a vender el producto, de lo contrario debe cumplirlo. Eso es lo que genera la escasez de ciertos productos porque los comerciantes no ven un margen de ganancias”, constató Adames.

El presidente de Anagan, por otro parte, recalcó que la disminución o retención de los precios ocasionó para los ganaderos que otros cortes de carne, que no estaban bajo el control de precio subieran un 1% o 2%, generando dificultades de acceso a los consumidores.

Asimismo, el representante de la Asociación de Productores de Tierras Altas recordó que la papa, el tomate y la cebolla hace poco más de dos años desapareció del control de precios, tras su comercialización en el mercado negro, que produjo un aumento en los precios. “El control de precios lo que provocó fue desabastecimiento porque si tú le pones un tope al precio final, lo que hace eso es ahuyentar la oferta”, puntualizó Jiménez.

A medida que el debate del control de precios se torna más álgido, también se habla de un encarecimiento que podrían sufrir los productos, a raíz de la posible eliminación del control de precios. Sin embargo, las opiniones están divididas.

Por un lado, el economista Juan Jované ve probable que una vez se levante el control de precios, los costos van a subir. No obstante, reconoció que para un gobierno en funciones será difícil levantar toda la lista en un mismo tiempo. “Sí lo pueden hacer, pero creo que lo harán parcialmente para que el aumento no sea un golpe duro, por lo tanto, estarían eliminando los productos uno por uno”, comentó Jované.

Saavedra, por otro lado, no cree en un aumento de los precios si se eliminara el control de precios, porque quien hace eso es la oferta y la demanda. “Lo podemos ver claramente en Merca Panamá porque cuando hay muchos plátanos su precio baja, de lo contrario sube, y así sucesivamente en todos los productos, en los que la oferta y la demanda regulan los precios”, subrayó.

En medio de esta realidad, el dirigente de Uncurepa señaló que el consumidor va a comprar lo que le pongan en el supermercado y al alcance de su bolsillo. “Para ello, necesita libre acceso a una oferta, y la oferta no solo debe ser de productos nacionales porque el consumidor tiene derecho a escoger lo que le pongan en la oferta, tanto de productos nacionales como importados”, expresó.

De enero hasta junio, la Acodeco ha impuesto 538 multas por $224,900 por incumplimiento en las normativas de control de precios en los comercios inspeccionados. Los minisuper (401) y los supermercados (62) son los más multados, seguido de las abarroterías (52), almacenes (8), cooperativas de consumo (7), otras (3), quioscos (2), mercado público (2) y puestos de carnes (1).

El jefe de verificación de la Acodeco comentó que todos los meses se interponen las multas. Por ejemplo, dijo, las lentejas, la salchicha y las tunas son los productos con más incumplimientos, a raíz del desconocimiento que tienen los comerciantes de la norma.

Adames aclaró que el departamento solo fiscaliza, pero “no es responsable de la inclusión o no de los productos dentro del control de precios”. Y, añadió que tampoco miden la calidad, porque eso es una responsabilidad de otras instancias.