Empresarios, economistas y financistas califican de ‘acertadas’ y ‘cautelosas’ las decisiones de Mulino

Como ‘acertadas’ y ‘cautelosas’. Así calificaron empresarios, economistas y financistas las decisiones que el presidente, José Raúl Mulino, ha tomado en sus primeros casi cien días de gobierno. Por su parte, los trabajadores creen que todavía es muy prematuro para evaluar alguna política económica y se tendrá que esperar un poco más de tiempo para poder medir efectivamente. Mulino tomó el poder el 1 de julio de 2024 y el 8 de octubre cumple los primeros cien días al mando del país.

Desde su llegada a la silla presidencial, el mandatario ha establecido medidas con enfoque hacia la estabilidad fiscal, la inversión en infraestructura, empleo y la reactivación económica. La primera estuvo relacionada a la aprobación al plan de contención del gasto público hasta por $1.387 millones en el Presupuesto General del Estado vigente (2024), debido a la caída de los ingresos presupuestados.

Así como también la creación de un programa rotativo de emisión de títulos de valores del Estado, denominado Notas del Tesoro y su colocación en el mercado local de capitales por un monto de hasta $6.000 millones con plazos desde 2 hasta 10 años. Además de la posibilidad de contratar esquemas financieros con instituciones financieras locales e internacionales.

En materia de inversión en infraestructura, el mandatario impulsó un paquete de obras, como la expansión del Metro de Panamá y la construcción de hospitales, entre esos el hospital de Metetí en Darién, la licitación del nuevo Hospital Oncológico y la construcción de la Ciudad Universitaria. También el seguimiento al cuarto puente sobre el Canal.

El anunció de un desembolso de $145 millones para préstamos hipotecarios y el refrendo de contratos por $1.200 millones para aliviar deudas con proveedores del Estado, adicional a los $877 que ya serán pagados a este sector.

Del mismo modo, lanzó la creación de 4,000 empleos a través de ferias organizadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), así como la puesta en marcha del programa Mi Primer Empleo, con el objetivo de beneficiar inicialmente a mil jóvenes, proporcionando oportunidades laborales y formación profesional.

El mandatario también inició el establecimiento de mesas de trabajo para desarrollar un paquete de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), entre el sector privado y trabajador, para definir soluciones, entre estos, para la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ya alcanza un déficit arriba de los $670 millones, al 31 de diciembre de 2023.

Mulino también decidió la aplicación de medidas de retorsión contra países que insistan en clasificar a Panamá como paraíso fiscal. Esto incluye restricciones a empresas de esos países en licitaciones públicas.

Otras fueron la eliminación del subsidio del Fondo Solidario de Vivienda y del control de precio del arroz de primera, junto con la compensación de $7.50 a los productores, la cual se pagará solo hasta el 30 de abril de 2025, cuando finaliza el ciclo agrícola.

Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el Presupuesto General del Estado 2025 por $26,084 millones, con un enfoque en la optimización de gastos operativos y el fomento de la inversión pública. Este presupuesto refleja una reducción del 15% en comparación con el año anterior y busca mantener un déficit fiscal del 3% del producto interno bruto (PIB).

Entre los principales temas, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Temístocles Rosas, consideró que “entre los ajustes necesarios fue la aprobación del plan de contención del gasto público, ya que no había un ritmo entre los gastos y los ingresos presupuestados”.

El economista, Roger Durán, por su lado, valoró que si bien había cosas por corregir, “el tema de la contención del gasto público era sumamente imprescindible para reestructurar las finanzas públicas del Estado”.

Para Eduardo Gil secretario general de Convergencia Sindical delegado del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) hay que “tener cuidado” que en medio de la contención del gasto público y la necesidad de recortar planilla todo termine en una persecución contra los trabajadores públicos que sí rinden en las entidades, con el único propósito de seguir patrocinando “clientelismo político”, que solo atrasaría el funcionamiento del Estado por tratarse de personas sin experiencia ni conocimiento de las funciones públicas.

Igualmente, advirtió que cuando no se generan otras alternativas de empleabilidad en el sector privado, una contención del gasto público, a través del despido masivo de personas, puede producir un efecto completamente adverso al disminuir el mercado interno y contraer la economía.

Respecto al manejo sobre el pago a los acreedores, el financista y profesor auxiliar de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Allan Corbett, es de la teoría que hubiera sido mejor si el Gobierno hubiera utilizado el mecanismo de documentos negociables para disminuir esa deuda, ya que se trata de documentos que entrarían inmediatamente al mercado, con un rendimiento de 2,5% o 3% por ser de corto plazo.

“Esa hubiera sido una forma fácil de salir de esos $1.200 millones en su momento dado. Solamente tenían que trasladar el pago y esperar que la economía siguiera el ritmo que tenía. Incluso, la banca los hubiera podido comprar”, comentó Corbett.

Mientras que Gil criticó que los gobiernos ven el pago de los proveedores como un mecanismo para decir que van a reactivar la economía, cuando solo debería ser una responsabilidad para cancelar esas cuentas. “Sabemos que los pagos se tienen que dar, pero muchas veces se espera que con esta acción se va a generar una reactivación de la economía, pero eso no siempre se verifica”, señaló.

Por otro lado, los economistas y empresarios calificaron de “positivo” el programa Mi primer empleo. Sin embargo, desde el Conep creen que el programa debiera tener más capacidad financiera para aumentar el número de jóvenes beneficiados. Sin embargo, el Conato cuestionó que el programa solo apoya a las empresas con los incentivos, ya que no se asegura una permanencia de los jóvenes.

El financista defendió que no se pueden crear trabajos permanentes porque eso viene posterior al crecimiento económico y la necesidad de las empresas para seguir contratando más personas.

Con la mesa de diálogo de la CSS, según Corbett, “el Gobierno se está manejando con bastante prudencia, aunque todavía falta mucho”. Tratándose de temas que no son fáciles recalcó que se deberán hacer sacrificios, como aprobar las paramétricas y anexar la edad jubilación con la esperanza de vida para evitar las actualizaciones cada 10 o 15 años. Recordó que la CSS tiene dos temas: el financiero y los problemas de la atención y medicamentos.

Tomando en cuenta la visión proempresarial de Mulino, el secretario general de Convergencia Sindical espera que el mandatario se desprenda de esa elección y logre gestionar con equilibrio su política de Estado, de lo contrario, advirtió, todo terminará en un estallido social que provocaría un colapso a la economía, a raíz de lo que resulte en la CSS.

El Conep, por otra parte, destacó cómo el ministro de Economía, Felipe Chapman, ha tenido una posición clara de hablar con transparencia y franqueza a las calificadoras de riesgo, que son las que se encargan de medir la condición crediticia del país.

Lo anterior, para Durán, es mandar “las señales” para que el país recupere el grado de inversión y tener proyecciones no especulativas o negativas, sino positivas o estables. “Todo eso manda buenas señales para atraer inversión extranjera directa o inversión local en la economía para que se comience a dinamizar qué es lo que se quiere para que la gente pueda tener su trabajo de calidad y no precarios”, recalcó.

Durán concluyó en que “no es una mentira decir que las cosas no están bien por el mal manejo, pero también es bueno decir que estamos haciendo medidas para estar mejor o dar esa confianza de que se quiere hacer las cosas bien”.