DGI adeuda $684.5 millones a los bancos por el interés preferencial

La Dirección General de Ingresos (DGI) adeuda $684.5 millones a los bancos en interés preferencial. La deuda corresponde al periodo de 2019 y 2023.

Durante quince años (2007-2022), el Estado de Panamá ha pagado a los bancos $1,274 millones en interés preferencial, $78 millones anuales, según las únicas estadísticas que existen de la Cuenta del Tesoro.

El interés preferencial fue creado mediante la Ley 3 de 1985. La esencia original de régimen permitía a personas de ingresos bajos y medios acceder a un préstamo hipotecario para la compra de la primera vivienda con intereses inferiores a la tasa de mercado.

Cuando el comprador acude a solicitar el financiamiento de la vivienda, el banco le hace un descuento de la tasa de interés dependiendo del precio del inmueble. Los descuentos que los bancos aplican a las tasas de interés de los préstamos hipotecarios los paga el Estado con créditos fiscales que certifica y emite la DGI para que sean usados para pagar impuestos.

Esto quiere decir, que el Estado deja de percibir ingresos procedentes de los impuestos de los bancos para subsidiar un porcentaje de la tasa de interés de las nuevas viviendas. Para tener una idea del sacrificio fiscal, las cuentas del tesoro establecen que 2007 hasta 2022 - en promedio - el Estado ha pagado $78 millones anuales en subsidios de interés preferencial.

Los bancos presentan a la DGI el monto de los descuento. “El gobierno debe procesar dichas solicitudes con diligencia. Debe ser un proceso ágil”, explicó Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

Para los bancos, el interés preferencial es considerado “el mejor programa de subsidio” del país porque ha permitido a cientos de personas tener una vivienda propia. Los bancos, por su parte, tienen la oportunidad de colocar préstamos y dinamizar la economía, explicó Berguido. Los números no dejan dudas. La cartera de crédito hipotecario para la compra de la primera vivienda ha experimentado un importante crecimiento. Los créditos otorgados para la compra de la primera vivienda pasaron de $1,467.5 millones en 2005 a $8,358 millones en 2023.

La cartera de hipoteca ha sido impulsado por la extensión de los rangos de la ley y el acceso a financiamiento de los compradores e inmobiliarias gracias a un sistema financiero más sofisticado. En casi cuatro décadas, se ha modificado tres veces el régimen para ampliar el rango de la vivienda subsidiada con el interés preferencial. En ese periodo el tramo aumentó 260% pasando de $50 mil en 1985 a $180 mil en 2019. A esto se le suma el otorgamiento del bono solidario de $10 mil, que es usado como abono inicial, para viviendas que no excedan los $70 mil, explicó Maribel Wang de Adames, economista, en su estudio “Evolución del precio de la vivienda en Panamá: Perspectiva de una burbuja”.

Pero – advierte Berguido – si el programa no se cumple a tiempo, “como ahora”, deja de ser atractivo. “Lo que obliga a los bancos a buscar alternativas de colocación de fondos en otras actividades”, concluyó el presidente ejecutivo del gremio de bancos.

En 2019, el gobierno pagó a los bancos una deuda que mantenía la anterior administración en créditos fiscales. Pero, posteriormente llegó la pandemia y el gobierno concentró sus recursos en superar la crisis sanitaria. Superada la pandemia de Covid-19 e iniciada la reactivación de la economía, los bancos han continuado desembolsando préstamos hipotecario y acumulando más créditos fiscales.

Para el financiamiento de la vivienda, el banco exige como garantía el 100% del bien inmueble. Si el comprador enfrenta problemas con las cuotas, el banco intenta un arreglo de pago. Pero, si no se concreta retiene el bien inmueble y posteriormente lo remata para recuperar su dinero. Adicional a esto se asegura el abono inicial del comprador de la vivienda y gana interés del saldo.