Desigualdad, un detonante de desdicha social

La disparidad de riquezas entre clases sociales es algo común en el ámbito mundial. Sin embargo, a esta realidad se han sumado otras tendencias en cuanto a temas de raza, género y territorio.

La desigualdad económica limita la capacidad de inclusión, y es por ello que la sociedad civil encuentra otras limitantes al desarrollo.

Tal como lo evidencia la disparidad entre cifras del %PIB versus el asentamiento de sociedades aún más excluyentes, la riqueza en el mundo ha aumentado pero la privación a la vida digna también se acentúa.

Al contrastar las estadísticas de incremento de riqueza global versus la desigualdad, vemos que según el Libro Global de Riquezas (Décima edición Credite Suisse, 2019), este incremento del 2.6% –hasta los 360 mil millones– en 2019, registra una riqueza por adulto de $70,850.00 equivalente a 1.2% por encima del reporte 2018.

En cuanto al informe sobre la desigualdad global (World Inequality Lab, 2018), en décadas recientes la disparidad económica ha aumentado prácticamente en todos los países, a pesar del crecimiento de economías emergentes como China.

En el ámbito internacional son cada vez más los activistas que se suman a la lucha contra la denuncia de la acumulación de riquezas. La oenegé Oxfam, de Reino Unido, en el foro de Davos (2020) ha hecho público nuevamente su pronunciamiento sobre la disparidad entre los ricos frente a la extrema pobreza. Se precisa que el 1% del planeta posee más del doble de la riqueza del 90% de la población mundial, y que los 22 hombres más ricos tienen más riqueza que toda la población femenina de África.

¿Quiénes pertenecen al 1%? Este porcentaje transmite la idea de que se trata de un número muy reducido de personas, con sumas exorbitantes de dinero. Sin embargo, en los análisis se ha detallado que un individuo solo precisa la posesión de $760,000.00 en activos (Oxfam, 2016) para ser parte del club.

En los países desarrollados, la capacidad de tener esta suma en concepto de patrimonio es más probable que en países en desarrollo o emergentes. En ciudades como París, Francia, solo basta con tener una residencia u otro inmueble en el centro de la ciudad y se estaría clasificando.

Para establecer una diferencia más precisa de las acumulaciones excesivas, se citan entonces otras referencias porcentuales, como el denominado 0,1% o incluso el 0,001% para hacer hincapié en los considerados mil millonarios. Actualmente se estima que este grupo posee más riqueza que el 60% de la población mundial.

Para los sociólogos, el tema escapa de ser meramente económico. Estos profesionales sugieren que la desigualdad distancia a las personas tanto en lo físico, como en lo experimental y lo emocional.

Tales afectaciones son alarmantes porque definitivamente rompen con el objeto de los contratos sociales, medios que buscan establecer unidad entre los integrantes de la sociedad civil y crear fuentes robustas de desarrollo y crecimiento.

Para los estudiosos de la sociología, la desigualdad es un estatus normal que se origina de la divergencia de oportunidades entre las estadísticas que clasifican a la población desde el menor al mayor ingreso. Mientras en el primer grupo menos del 50% participa en la educación básica escolar, en la medida de concentración de riquezas un 90% participa y termina estudios secundarios.

Lo que estos profesionales enfatizan es que el problema de la desigualdad se torna inmanejable a partir de las dinastías o concentraciones de riqueza que pasan de generación en generación, dando lugar al asentamiento de poder.

Pero, ¿hasta qué punto puede señalarse estas concentraciones como culpables del problema estructural?

Aquí es cuando las políticas institucionales juegan un rol importante. No precisamente desde la perspectiva impositiva, desde la cual se alega que las imposiciones fiscales progresivas pondrían un alto a la acumulación, sino contemplando su injerencia en el contexto de formación social.

Reflexionando sobre la imposición y sus frutos, la recaudación de recursos no es eficiente al no haber mecanismos institucionales apropiados y transparentes que localicen los esfuerzos a la atención de temas sensitivos con respecto a la formación social. Este último se basa en la existencia de sistemas educativos, que son la base para forjar un capital humano que pueda hacer frente a la evolución de los sistemas.

Actualmente, en el istmo se vive una situación que personifica esta afirmación sobre la correcta localización del esfuerzo y el recurso económico. Decisiones por parte de un gobierno municipal que busca materializar una obra que en el contexto económico actual, podría clasificarse como lujo más que una necesidad.

La desigualdad económica es un problema que escapa de la concentración de riqueza en manos privadas, se trata más bien de una integración de roles con la administración pública. De lo contrario, no existiría heterogeneidad en la celeridad con la que incrementa la desigualdad entre países.

Aquella frase de que “los países son más ricos y los gobiernos cada vez más pobres”, no debe confundirse con que el último es resultado del primero. Porque el primero ha estado evolucionando al ritmo de este último actor.

En el ámbito regional se estiman mejoras en cuanto a crecimiento. Sin embargo, el aporte de este crecimiento a la reducción de la desigualdad se verá permeado por la falta de planes holísticos que aborden el problema.

De acuerdo con las cifras regionales discutidas en plataformas internacionales, el crecimiento económico se desaceleró en 18 de los 20 países de América Latina, y en 23 de las 33 economías de la región de América Latina y el Caribe.

Se registró un 0,1% de crecimiento regional en 2019 y se estima un 1,3% de crecimiento en 2020 (Cepal, 2020).

La desigualdad económica es el resultado de la disimilitud de ingresos y la distribución de la riqueza. No obstante, no es el único problema.

Tal como lo ilustra la matriz de la desigualdad (abril 2019), publicada por la división de desarrollo social de la Cepal, la complejidad del tema abarca género, ciclo de vida, factores étnico racionales y territoriales. La lucha contra la disparidad escapa de la mera distinción porcentual y de la señalización de unos cuantos culpables.