Déficit en presupuesto del Mides, por $5 millones, no le permitirá agregar nuevos beneficiarios hasta el 2025

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha detectado un déficit de $5 millones dentro del presupuesto, una situación que ha representado el impedimento de ingresar a nuevos beneficiarios dentro de sus programas de ayuda social.

Con esta situación, ahora la entidad solo tiene el objetivo de manejar su recursos “lo más justo posible” para cumplir con el último y cuarto pago del año que les toca hacer.

Por el momento, el Mides inició desde este lunes 2 de septiembre hasta el 13 de septiembre, el tercer pago de los programas de transferencias monetarias condicionadas, que beneficiará a 191,412 panameños, con una inversión de $55.834,560. Ver gráficas.

De acuerdo con la ministra del Mides, Beatriz Carles, el déficit corresponde al periodo de transición del 2024, cuando la administración anterior siguió pagando los programas a pesar de que tenían un presupuesto recortado.

“Como les hablé: hay $5 millones en un déficit que tengo que ver cómo subsanar. Este año, tenemos casos que quisiéramos registrarlos en los programas porque de primera mano se ve la necesidad, pero no tenemos la posibilidad económica”, confesó la ministra del Mides, este lunes, durante un encuentro con medios.

Otro reto que enfrenta el Mides, según Carles, es el recorte por más de un millón que sufrieron en medio del plan de contención del gasto público, que aprobó el presidente de la República, José Raúl Mulino. “Este recorte ya estaba contemplado y no tocó ninguno de los programas”, mencionó.

Si bien es cierto que el déficit presupuestario de la institución ha ocasionado que no pueda agregar nuevos beneficiarios a los programas hasta los primeros meses del 2025, Carles aclaró que no planean eliminar ninguno de los subsidios. “Los nuevos beneficiarios esperamos ponerlos en los primeros meses del 2025. La idea es comenzar en enero a tener nuevos beneficiarios”, subrayó la alta funcionaria.

No obstante, la ministra del Mides prevé bajar el déficit de $5 a $3 millones, con las auditorías que hará en los diferentes programas, luego de detectar posibles fallas en cuanto a la elegibilidad de los beneficiarios, sumado a algunos ahorros que ya han hecho.

Para ello, dijo, se encuentra preparando el registro de lo que resta de este año junto con los promotores. “Primero iremos a ver los casos que tienen incongruencias y luego vamos a ver las personas que reciben beneficios, pero que no están registradas”, contó Carles.

En este contexto, la directora de Inclusión y Desarrollo Social (DIDS), Magalis Araúz, explicó que el padrón actual de beneficiarios cuenta con 191.412 personas, por lo que el proceso de verificación de los expedientes se ha dividido en fases.

En la fase inicial, revisarán 21,418 expedientes que han sido detectados con posibles fallas en cuanto a elegibilidad en el sistema, requisitos de ingreso o cumplimiento de corresponsabilidades.

Según Araúz, este grupo inicial será sometido al proceso de verificación durante un periodo aproximado de dos meses. “Dependiendo de las irregularidades que se detecten, se procederá a gestionar su permanencia o exclusión del programa mediante las vías legales correspondientes”, expresó.

Este proceso ordenado implica la revisión y validación exhaustiva de la base de datos de la Plataforma de Registro Nacional de Beneficiarios (Renab) y de los expedientes físicos de beneficiarios, con la finalidad de validar que cumplan con los requisitos normativos y legales establecidos para recibir asistencia social.

Igualmente, recogen las observaciones y verificaciones en sitio realizadas por parte de supervisores durante el pago hecho en áreas de difícil acceso.

El proceso de verificación de expedientes permite detectar y prevenir irregularidades, y asegura que la información suministrada por los beneficiarios cumpla con todos los criterios establecidos.

Para la ministra del Mides, “los programas de transferencia monetaria deben llevar al beneficiario a una mejora en su calidad de vida”.

Sin embargo, agregó que la entidad tiene otros programas que pudieran ser como un seguimiento, como es el caso de Redes Territoriales, que consisten en brindarles insumos agropecuarios, como semillas o plantas, a las personas para que puedan producir sus propios alimentos y así puedan salirse de los programas de transferencias monetarias condicionadas.

Según Carles, estos programas, salvo el de Ángel Guardián y 120 a los 65, deben estar por un periodo determinado para que la entidad tenga la oportunidad de sacar a las personas con otros tipos de ayuda para que se vuelvan productivos.

“Esperamos hacer esto a partir del próximo año. El sistema consistiría en evaluar los que pasarían de los programas de transferencia condicionada a los programas de seguimiento, para que así logren ser más productivos. De esta forma, también abrimos campos para que entren nuevas personas a los programas de transferencias condicionadas”, enfatizó.

Carles reiteró la necesidad de optimizar los recursos disponibles para que estos sean asignados de manera justa y eficiente a quienes realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad.

“Con este proceso, el Mides busca fortalecer la institucionalidad, mejorar la credibilidad y la confianza en sus programas sociales. Además de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente, beneficiando a los más necesitados y aumentando la confianza de la comunidad en la administración pública”, concluyó la ministra del Mides.