CoNEP reaviva la idea de modificar el Código de Trabajo, esta vez para la promoción de IED

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) revive en su plan Visión País 2050 la idea de modificar el Código de Trabajo, como mecanismo para la promoción de la inversión extranjera directa (IED).

En su plan, el gremio propone vincular los esquemas de compensación a los niveles de productividad laboral y no hacer ajustes periódicos del salario mínimo por presiones políticas, sino que respondan a realidades económicas, porque ello afecta negativamente la competitividad en muchos sectores de la economía.

También plantean que se debe preparar la mano de obra con base en los objetivos nacionales y regionales, ya que la baja calidad de recurso humano disponible actualmente y las disposiciones legales, en materia salarial, “pesan mucho” a la hora de tomar decisiones de inversión, tanto para los capitales nacionales como para los extranjeros.

El CoNEP sustenta su propuesta en que países como Costa Rica y Colombia identifican las actividades específicas en las cuales se concentrará la IED, preparan su fuerza laboral y salen a buscar empresas globales, en determinados nichos, y con perfiles que cumplan con sus objetivos estratégicos.

En el caso de Panamá hay que establecer cuáles son las áreas geográficas hacia las que se debería canalizar la IED, en actividades ubicadas en las zonas previamente identificadas (por ejemplo, el estudio del área logística de la Autoridad del Canal de Panamá).

“No se trata de discriminar la inversión, sino de fomentar la que nos interese más, generando un entorno y un aparato promocional público-privado que las atraiga”, aseveró CoNEP.

En concreto, los empresarios consideran que se necesita evolucionar a otros esquemas de promoción de la inversión, basados en la competitividad y en objetivos estratégicos nacionales. Además, de que el país requiere un ejercicio interno de identificación del tipo de industria con productos o servicios de alto valor agregado y demanda internacional creciente que se desea desarrollar, que permitan elevar la calificación de la fuerza laboral local y los niveles de competitividad.

El Código de Trabajo de Panamá fue aprobado mediante Decreto de Gabinete del 30 de diciembre de 1971 y publicado en Gaceta Oficial el 18 de febrero de 1972. Entró en vigencia el 2 de abril de 1972, por lo que en 2024 cumple 52 años.

Para Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical (CS), la aspiración de modificación al Código de Trabajo del CoNEP no es algo nuevo para el sector empleador, muy por el contrario, ha sido una constante que se ha mantenido en el sector empresarial de Panamá y en muchos países de Latinoamérica, para incentivar o promover el incremento de los márgenes de ganancia de las inversiones.

Sin embargo, Gil aseguró que esta estrategia solo ha demostrado ser “vieja, ineficiente y fracasada para un modelo integral de desarrollo, porque no ha podido responder al proceso distributivo de la riqueza en muchos países, lo que provoca una desigualdad creciente y una serie de convulsiones sociales”.

“La reforma al Código de Trabajo como las reformas fiscales para atraer IED es una estrategia ineficiente y que además no genera los resultados que promete. Esto, obviamente, es insistir sobre algo que ya fracasó, pero que todavía se mantiene en la mentalidad de alguna parte del sector empresarial”, cuestionó el secretario general de CS.

El consultor laboral René Quevedo, por su parte, comentó que el planteamiento del CoNEP sobre la modificación del Código de Trabajo, como parte de la estrategia para atraer nueva IED, debe ser puesto en el contexto de una economía que solo genera empleo informal, producto del deterioro de la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos.

“Si bien el Código de Trabajo no es, por sí solo, el causante de la pérdida de la confianza en el clima para la inversión privada y la explosión de informalidad en el país, flexibilizarse para adaptarlo a las nuevas realidades suena lógico”, resaltó el consultor laboral.

Quevedo añadió que “urge crear las condiciones para transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio y así atraer inversión privada, nacional y extranjera, ya que sin inversión privada seguiremos generando empresas informales”.

Quevedo detalló que hoy tenemos unos 26.000 asalariados privados menos que hace 10 años, pero se agregaron 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Es decir que en la década 2013-2023, cada trabajador formal de la empresa privada que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por tres funcionarios y nueve informales, síntoma de un severo proceso de precarización y estatización laboral, que se va a agravar.

“Nos hemos convertido en una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada, lo cual no es sostenible”, advirtió el especialista laboral.

Gil recordó que Panamá tiene una concentración de su economía en la prestación de servicio, sobre todo con el Canal de Panamá, el sector portuario, pero ha dejado de lado al sector primario y ha perdido la posibilidad de integrar el país con una estrategia económica en esa dirección.

Agregó que también ha permitido la pérdida de la participación de la industria en la economía, debido a que hay un decrecimiento en el sector industrial, un sector que sí genera productividad y valor interno, así como mejores condiciones laborales.

“Panamá ha dejado que su industria decaiga y no ha generado nuevas estrategias industriales. Se ha ido sometiendo cada vez más a los dictámenes de las grandes empresas multinacionales que tienen una estrategia completamente diferente”, enfatizó el secretario general de CS.

Visión País 2050 plantea que la IED en Panamá ha decrecido con relación al año 2018. Sin embargo, después de los números alcanzados en 2020 (solo $172 millones), que marcó un decrecimiento del 95%, se mostró una leve e insuficiente recuperación, logrando $1,6 mil millones en el año 2021 y $2,9 mil millones en 2022.

Asimismo mencionó que los efectos del caso de Minera Panamá constituyen, probablemente, un factor que podría hacer descender aún más los niveles de inversión o retrasar la recuperación del año 2018, así como afectaciones a la seguridad jurídica. Para ello recomienda redoblar los esfuerzos para crear condiciones propicias a sectores innovadores y de tecnología, por ejemplo, el de semiconductores.

Desde el punto de vista de la institucionalidad, cree que la mayoría de las agencias de promoción de inversiones de la región latinoamericana son relativamente recientes, a lo que se suma la falta de compromiso presupuestario y de recursos humanos, salvo algunas excepciones como es la Ley 159 de agosto 2020 que crea el régimen especial EMMA y la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones.

Entre las soluciones, de acuerdo con Visión País 2050, está contar con una oferta país clara para el inversionista y entender que la atracción de la IED debe evolucionar del ofrecimiento de incentivos al ofrecimiento de entornos competitivos (mano de obra, infraestructura, sectores estratégicos, etc.).

Reforzar y actualizar los instrumentos legales que ofrecen estabilidad jurídica a los diferentes esquemas de atracción de la IED (por ejemplo: Zona Libre de Colón, Zona Franca, SEM y sectores específicos, como el marítimo - portuario, etc.).

Empoderar a los gobiernos locales para que cada región, en asociación con el sector privado y en coordinación con la autoridad central, siga la estrategia nacional y pueda atraer la IED.

Crear marcos especiales de inversión, con base en actividades estratégicas, identificadas como prioritarias para el desarrollo del país. Elevar a categoría de ley las estrategias de desarrollo sectorial, que pasen a formar parte de una política de Estado y no de gobierno.

Más allá de los trabajos que se buscan en torno a la IED, el secretario general de CS enfatizó que es necesario que la visión de país se construya a partir de la participación de todos los sectores, organizaciones, grupos ambientalistas, grupos indígenas, los productores, los sindicatos, trabajadores, y que no sea siempre el sector empresarial el que determina la línea o estrategia económica. “Si queremos realmente avanzar hacia un modelo de desarrollo, necesitamos que esa estrategia de visión de país sea construida desde la visión de todos los sectores, de manera integral y no de un solo sector como ha estado ocurriendo en toda nuestra historia como nación”, concluyó Gil.