Canal de Panamá gana laudo arbitral y fortalece su imagen internacional

Parece ser que los intentos del consorcio Grupo Unidos por el Canal, S.A. (Gupcsa) y sus accionistas (excepto Cusa) de anular los laudos arbitrales no rindieron frutos y lo condenaron a pagar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) $271,8 millones.

La agrupación liderada por la empresa española Sacyr intentó, en tres ocasiones, dejar sin efecto la sentencia, pero esta semana fue el Tribunal Supremo de Estados Unidos quien rechazó admitir los recursos interpuestos por el consorcio. “Es muy difícil que un tribunal de justicia revoque un laudo arbitral”, explicó a este medio el abogado Francisco Carreira, especialista en el tema.

Según Carreira, una revocación de este tipo solo se puede dar en casos de corrupción de los árbitros u otras situaciones “extremadamente graves”, algo que no es común que suceda. “Esto no es frecuente que pase ni en Estados Unidos ni en Panamá, porque la política judicial internacional suele preservar los laudos arbitrales”, analizó.

Los laudos entre la ACP y el consorcio tienen larga data y están relacionados, entre otras cosas, con una serie de reclamaciones que hizo la ACP sobre la composición del basalto y la fórmula del hormigón que empleó la compañía en el desarrollo del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.

Del lado del contratista también hubo reclamaciones, pues solicitaban que se les devolviesen unos $463 millones en concepto de supuestos sobrecostos en la ejecución del proyecto. Aunque, la Junta de Resolución de Conflictos solo les reconoció $233 millones.

En una nota compartida por la ACP, el 1 de enero de 2015, el entonces administrador de la entidad, Jorge Luis Quijano, dijo que “aunque en esa instancia había un reconocimiento parcial en ambas direcciones, nos corresponde hacer un análisis profundo, técnico y jurídico de esta decisión para dar el paso que más convenga a los intereses del Canal”.

La victoria parcial no fue bien recibida por el consorcio, el cual intentó impugnar la decisión, alegando que había una presunta parcialidad entre los árbitros y la ACP, pero este intento fue rechazado por un juez de Miami en una sentencia fechada el 14 de noviembre de 2018.

El 26 de septiembre de 2020, la Junta de Resolución de Conflictos dictó que el Gupcsa tenía que devolver $240 millones a la ACP, tras no atender las reclamaciones que hizo la entidad sobre el tema del basalto. Aunque la ACP tuvo que pagar $25 millones en concepto de gastos adicionales de laboratorio y por la existencia de fallas no detectadas en el terreno.

Tras ese revés, Gupcsa acudió al Tribunal de Apelaciones del undécimo circuito judicial de Estados Unidos, para sustentar su hipótesis de la parcialidad del proceso, pero esa entidad también desestimó su postura. La sentencia dictada el 18 de agosto de 2023 estableció que el tribunal se “negaba a conceder la anulación simplemente porque estas personas trabajaron juntas en otro lugar. El expediente no revela ninguna prueba de parcialidad real en el arbitraje Panamá 1. Y en cuanto a la posible parcialidad, Grupo Unidos ha establecido solo que algunos de los participantes en el arbitraje estaban familiarizados entre sí, y ‘la familiaridad debido a la confluencia de áreas de especialización no indica parcialidad”.

La firma Atkin Chambers Barristers, que representó a la ACP durante todo este proceso, dijo en un documento emitido el 23 de agosto de ese año que “los laudos fallaron a favor de la ACP en los principales problemas relacionados con el basalto utilizado para fabricar agregados y el diseño de mezclas de concreto, además de rechazar los reclamos de los accionistas de Gupcsa sobre el retorno de la inversión”.

Como última medida, el consorcio intentó llevarlo ante el máximo órgano judicial de Estados Unidos, que en una resolución emitida el pasado 25 de marzo se negó a admitir el caso para su estudio, dando solidez a los laudos arbitrales. En consecuencia, Gupcsa tendrá que pagar $271,8 millones, que son el resultado de los $284,7 millones que tenía que desembolsar en un inicio, menos los $12,9 millones que se le reconocieron al contratista por las condiciones de los cimientos y con los laboratorios en el sitio del Canal.

A juicio de Carreira, esta decisión representa una conclusión dentro del proceso. “Ya es una decisión tomada y con ello se termina este proceso arbitral”, ponderó.

“Panamá ganó, de eso no hay duda, porque no revocaron la sentencia”, destacó el abogado, quien detalla lo difícil que es dimensionar el tamaño de la victoria, porque estos procesos tienen un alto grado de confidencialidad.

“La imagen internacional de Panamá queda fortalecida con esta decisión”, concluyó Carreira, quien resaltó que esto beneficia la imagen de la ruta interoceánica a largo plazo.