Aprochi: Durante su vigencia el interés preferencial ha demostrado ser un éxito total

El proyecto 1039, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios, ya se encuentra en espera de una sanción o veto presidencial, después que fuera aprobado por los diputados en tercer y último debate.

Con este avance, las expectativas dentro de la industria de la construcción aumentan. En una entrevista con La Estrella de Panamá, Carlos Enrique Troetsch, presidente de la Asociación de Promotores de Chiriquí (Aprochi), defendió que la iniciativa presentada por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes, buscaba extender el bono preferencial, hasta 2025.

Aunque se dieron algunos cambios, Troetsch indicó que se mantienen los mismos porcentajes de 4%, 3%, 2.5% y 1% en los diferentes estratos sociales de casas que oscilan entre $45 a $70 mil, de $70 a 120 mil, de $120 a 150 mil, de $150 a 180 mil.

Constató que con el proyecto 1039 se van a tratar de mantener los porcentajes que se están aplicando hoy en día, como aportes del Estado, para mantener las tasas de interés lo “suficientemente bajas” para que las familias que necesiten una casa puedan conseguirla.

“Todos estamos conscientes que el proyecto que se llevó a la Asamblea ha demostrado durante los años que se mantuvo en vigencia, que ha sido un éxito total. Sería una lástima que nuestros gobernantes no lo vieran de esa manera porque es una iniciativa que ha demostrado que por cada dólar que el estado invierte en cualquier proyecto, se le retorna con creces el mismo año, así que no es un gasto del Estado”, puntualizó el presidente de Aprochi.

“Ahorita mismo el Estado acaba de extender el subsidio del combustible, eso es un gasto porque no es un ingreso que regresa a las arcas públicas, pero el interés preferencial es un dinero que automáticamente da trabajo, activa a la economía y a varios sectores, ya que todo el mundo empieza a trabajar automáticamente cuando esta iniciativa entran en vigencia”, añadió.

A inicios de este mes, el ministro del Miviot sostuvo una reunión con promotores inmobiliarios de las provincias centrales y Chiriquí, para darle seguimiento a sus peticiones de pago de compromisos pendientes.

En el encuentro estaba la agrupación Promotores de Vivienda Unidos, que incluye a los de Azuero, Veragüenses y Aprochi. Allí Paredes les explicó que se encuentra en la consecución de fondos para hacerle frente a las promotoras que trabajan conjuntamente con el ministerio.

Expuso que el Miviot emite 800 resoluciones del Bono Solidario de Vivienda por mes, de mil expedientes que se ingresan para obtener el beneficio del aporte para el primer hogar. Adicionalmente se trató el tema de las resoluciones del Fondo Solidario, así como el proceso de firma y desembolso.

Sobre el Fondo Solidario, Troetsch indicó que existe una deuda de $83 millones, a nivel nacional. Una de las mayores preocupaciones, dijo, es que desde el 2014 este fondo se ha estado renovando, a través del Miviot, mas no de un presupuesto establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, reconoció que el Estado ha pagado del 2013 al 2022 unos $205 millones. “El ministro del Miviot se había comprometido a conseguir para el 20 de agosto unos $20 millones para pagar las casas de la primera mitad del 2022, que ya fueron entregadas, sin embargo, estamos a la espera de respuesta de los pagos de las que fueron entregadas a la mitad del 2023”, contó.

Tras los retrasos en los pagos, Aprochi ha optado por entregar primero las casas a los clientes y después esperar a que sean ellos quienes den a la promotora los $10 mil del fondo del Miviot. “El bono solidario no nos lo dan a nosotros, sino que se lo dan a la persona que cumple con el perfil que ya estableció el Miviot. Qué hacemos nosotros, cómo sabemos que el dinero no se lo darán aún cuando la casa es entregada, le pedimos a la persona que no los endose. De esa manera nos aseguramos que el dinero llegue directo a nosotros”, aclaró.

Con todo lo antes expuesto, Troetsch mencionó que el escenario es preocupante para una industria de la construcción, que representa una inversión privada directa para todas las arterias económicas del país, de aproximadamente $100 mil millones anuales, según las proyecciones de Indesa. Agregó que del 2020 a 2022, los aportes del 7% estuvieron alrededor de $167 millones, que llegaron al Estado. Sin embargo, con el actual escenario, confesó que se están sacando más permisos de construcción, pero no se está construyendo al mismo ritmo. Por ejemplo, dijo, que los 22 socios de Aprochi, totalizan 52 proyectos, del cual cada uno anda por el orden de 100 a 150 casas, que representan una inversión de $200 millones.

“No son números exactos, pero son las estadísticas que hemos estado manejando. Si las 150 casas se hacen este año sería bueno, pero no es el caso porque el promotor tiene muchos cuidados y solo esta haciendo 50 o 40 casas, no es por falta de capacidad, sino porque si no cobramos el bono Miviot no tenemos con qué pagar nuestros compromisos”, alertó Troetsch, quien a su vez recomendó al Estado medir la importancia que tienen los gremios de la construcción haciendo los pagos adeudados, pero que sea acorde con lo que se está invirtiendo en el país.