Este viernes 20 de diciembre se conmemoran los 35 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Hasta la fecha se ignora el número exacto de víctimas,...
A usted Presidente: No podemos construir un país destruyéndolo
- 06/05/2024 23:00
- 06/05/2024 16:54
En un entorno más preocupado por encontrar “culpables” que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos, se siguen recibiendo señales de un acelerado deterioro de la situación económica y laboral del país, que no se va a resolver simplemente “identificando quienes son los buenos y quienes son los malos”.
Síntomas del agravamiento del panorama socioeconómico del país incluyen:
·La calificadora de riesgo Fitch Ratings le quitó el grado de inversión a la deuda soberana panameña, debido al aumento de los desafíos fiscales y de gobernabilidad en el país
·La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, anunció que el cierre de la operación minera elevará la tasa de desempleo en 1.5%, lo cual, en una Población Económicamente Activa (PEA) de 2,094,241 personas (INEC, agosto 2023), representa la pérdida de 31,413 empleos
·El flujo de inversión extranjera directa (IED) en el 2023 fue de $2,014 millones, 31% menos que en el 2022 y prácticamente la mitad del monto recibido en el 2019 ($3,895 millones).
·Según un informe de la firma Konzerta, la mitad de las empresas del país han reducido personal.
·La Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP) informó que las ventas en los restaurantes del país durante el primer trimestre del 2024 están 15 a 20% por debajo de las cifras del mismo período del año pasado, claro indicativo de menores niveles de consumo.
Quizás el aspecto más relevante de este panorama no sea la pérdida del grado de inversión, sino la pérdida de nuestra capacidad de diálogo, que según Fitch, fue clave en la pérdida del grado de inversión.
El informe de Fitch del 28/3/2024 comienza señalando: “La rebaja de la calificación de Panamá a 'BB+' refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país”.
Finaliza el primer párrafo indicando... “El cierre de la mina de cobre de Minera Panamá complica aún más las perspectivas fiscales y pone de relieve los crecientes desafíos de gobernanza”...
En un informe publicado el 16 de julio 2020, The Economist alertó del deterioro de la credibilidad del gobierno, indicando que éste necesitaba “restaurar rápidamente” la confianza pública en su administración, o corría el riesgo de que se dieran disturbios sociales.
Luego, el 17 de marzo del 2021, la Unidad de Inteligencia de The Economist publicó un informe titulado “Politics, populism and policy: operational risk in Latin America” (Política electoral, populismo y política: riesgo operacional en Latinoamérica), donde hizo un análisis del creciente riesgo que el populismo y la pérdida de credibilidad de los gobiernos representan para el clima empresarial y la inversión extranjera en la región.
Según el semanario inglés, la pérdida de confianza y la inefectividad del gobierno en un entorno de presión populista representan un grave riesgo para las inversiones en nuestro país. La advertencia fue clara y directa.
Con la crisis minera de octubre-noviembre 2023, “se cumplió la profecía” de The Economist, con los resultados que ya conocemos.
En el 2012, Panamá se encontraba en la cúspide de los trabajos de ampliación del Canal, con grado de inversión, 4% de desempleo y 37% de informalidad laboral. Sin embargo, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), elaborado en el 2012, publicado el 16 de abril 2013 y titulado “La protesta social en América Latina”, ubicó a Panamá como el país con la mayor conflictividad social por habitante en Latinoamérica.
Según dicho reporte (Tabla 4.2, página 142), Panamá registró 5.5 conflictos sociales por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de conflictividad social per cápita de todo el Continente.
Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz en 1991, dijo una vez: “si quieres poner fin a los conflictos, debes estar dispuesto a hacer compromisos”. Al final del día es cuestión de prioridades y la pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto “vale” para nosotros la convivencia pacífica y la paz social?
Necesitamos capacidad para construir un país de todos y para todos, así como funcionarios formados y entrenados para manejar constructivamente nuestras diferencias.
Requerimos liderazgo que nos una. El reto que hoy tenemos, debemos enfrentarlo juntos.