Grupo Aval, multado con $80 millones por pagar sobornos

Corporación Financiera Colombiana SA (Corficolombiana), una institución colombiana de servicios financieros, controlada por el Grupo Aval, pagará una multa de $80 millones de dólares por sobornar a altos funcionarios del gobierno colombiano.

Con el pago de la millonaria suma, las autoridades estadounidenses penales, civiles y administrativas no imputarán cargos al conglomerado colombiano.

La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue coordinada con las autoridades de Colombia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esta última institución impuso una multa de $40 millones. Mientras que el Departamento de Justicia impuso otros $40.6 millones. Esto a cambio de cerrar los expedientes abiertos contra el conglomerado desde 2018.

Las autoridades estadounidense determinaron la responsabilidad del conglomerado empresarial colombiano dentro de un esquema de sobornos para hacerse de la construcción del proyecto de la Ruta del Sol 2, uno de los corredores viales más importantes de Colombia.

Según documentos judiciales, el conglomerado empresarial efectuó un acuerdo de enjuiciamiento diferido ((DPA, por sus siglas en inglés) de tres años con el Departamento de Justicia por la acusación penal que mantenía en el Distrito de Maryland para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero Ley (FCPA).

Entre 2012 y 2015 – según documentos judiciales - Corficolombiana pagó más de $23 millones en sobornos a altos funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y, además, a un ejecutivo de la agencia estatal de infraestructura para ganar un contrato para construir y operar una autopista de peaje conocida como la Extensión Ocaña-Gamarra. Lo hizo de la mano de Odebrecht SA (Odebrecht), un conglomerado global de construcción con sede en Brasil.

Para realizar el esquema de soborno, Corficolombiana hizo que otras entidades celebraran contratos ficticios con empresas asociadas con intermediarios que traspasaron los pagos de los sobornos a los funcionarios del gobierno colombiano.

En última instancia, Corficolombiana obtuvo aproximadamente $28,63 millones en ganancias del negocio de manera corrupta.

“La resolución de hoy, la primera coordinada con las autoridades colombianas en un caso de soborno transnacional, refleja el compromiso del Departamento de Justicia de trabajar hombro con hombro con nuestros socios extranjeros para combatir la corrupción transnacional y responsabilizar a las empresas que descaradamente pagan sobornos para obtener ganancias económicas”, dijo la Fiscal General Auxiliar Interina Nicole M. Argentieri del Departamento de Justicia División Penal.

Corficolombiana también acordó continuar cooperando con el Departamento de Justicia en cualquier investigación criminal en curso o futura relacionada con esta conducta. Además, en virtud del acuerdo, el conglomerado acordó continuar mejorando su programa de cumplimiento, proporcionando informes a la justicia estadounidense de la implementación de medidas de cumplimiento durante la vigencia del DPA.

“La resolución de hoy muestra que la justicia tiene un alto precio para aquellos que intentan sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros”, dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI.

“Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante esquema de soborno en el extranjero, y por eso está siendo responsabilizada”, dijo el Fiscal Federal Erek L. Barron para el Distrito de Maryland.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el Departamento de Justicia centraron la responsabilidad en el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo.

Corficolombiana era propiedad mayoritaria y estaba controlada por Grupo Aval Acciones y Valores SA, un holding colombiano y emisor en los Estados Unidos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, arremetió contra el conglomerado después de conocer la decisión del Departamento de Justicia.

“Desde la Superintendencia de industria y comercio hasta la fiscalía se dedicaron a dejar sin justicia el caso Odebrecht por defender los intereses particulares del grupo Aval. Hasta la multa les quitaron”, dijo Petro.