Gobierno calcula un déficit de -2.82 en el presupuesto de 2023; buscan reducir los subsidios

El anteproyecto de ley 843 que fija el presupuesto nacional para 2023 asciende a $27,162,983,671 según el documento presentado el pasado 28 de julio ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Para alcanzar esta cifra, el gobierno calculó un crecimiento del 5% y tiene programado un financiamiento de $2,192,633,700, (déficit de -2.82%) es decir, el monto de la deuda que adquirirá para completar el gasto público.

No obstante, esto es solo en papel. Es muy posible que se afinen los números dados los compromisos adquiridos en la mesa única del diálogo ya que tan solo el renglón de educación representa un porcentaje importante en el ajuste. Tentativamente se estipuló un presupuesto de $2,227,984,895 para el Ministerio de Educación -un aumento de $5.6 millones en comparación al año anterior-. En dicho ejercicio hubo un compromiso de principios en el cual el gobierno asignará el 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en la Vigencia Fiscal de 2023, y elevar esta asignación al 6% en el 2024.

Mientras que para el sector salud, a pesar de que se mantiene bajo control la pandemia de la covid-19, se proyectaron $1,961,007,018, números parecidos al presupuesto elaborado para esta entidad en 2022, que se calculó en unos $40 millones menos ($1,925,590,950).

Los desafíos más importantes del gobierno radicarán en la contención del gasto y la evaluación de los subsidios que deben continuar y los que hay que eliminar y mantener un déficit que no espante a las entidades crediticias e inversionistas. Todo esto en un contexto que dependerá, en gran medida, del comportamiento del precio del petróleo y sus derivados, que podrían afectar el estimado proyectado para el subsidio del tanque de gas, la electricidad y el transporte público. Razón por la que es muy probable que el presupuesto planteado en papel varíe, ya sea por la eliminación de algunos subsidios que se habían implementado para aliviar los efectos de la pandemia o por la cotización del oro negro.

La planilla, que asciende a más de 275 mil funcionarios, sigue siendo uno de los renglones más abultados en los que algunos economistas han recomendado hacer recortes como parte del plan de contención del gasto y todo parece indicar que así se hará, de acuerdo a funcionarios del Ejecutivo consultados.

El economista Guillermo Chapman sugiere afinar el lápiz para determinar cuánto dinero es necesario ahorrar para atacar los síntomas atendidos en la mesa del diálogo. “Hacer un plan creíble”, dice, e invitar a quienes estén recibiendo una pensión y continúen en la planilla a que se retiren en un plazo de tres meses y no ser reemplazados.

No obstante, otras entidades autónomas tendrán que tomar sus propias medidas, como las universidades.

Para el próximo año, el gobierno estima que se requerirán $2,049,845,782 en subsidios, pero con la intención de bajarlo a $1,647 millones considerando que algunos subsidios como el Vale Digital podrían desaparecer dependiendo el comportamiento de la pandemia.

En el desglose que se destina este dinero se contemplan $37,803,675 para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), de los cuales $7,748,605 corresponden al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) entidad mediante la cual el gobierno planea subsidiar productos de la canasta básica al público. Esto no indica que sea la cifra que se necesita para cubrir el monto de los subsidios del sector agropecuario acordados en la mesa única del diálogo. El Mida no ha dado a conocer de cuánto dinero se trata. La Estrella de Panamá intentó saber el estimado y preguntó a tres altos funcionarios, pero ninguno proporcionó los números.

El año pasado, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se paró frente a los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional explicó que en los últimos diez años la deuda pública y subsidios se triplicaron y que la planilla se había incrementado 2.7 veces. Un comportamiento que limita la política fiscal del país.

En el proyecto de ley no contempla el subsidio al combustible, más bien el gobierno espera recibir unos $300 millones por las ventas de gasolina, mientras que en 2022 proyectó un ingreso de $278.6 millones por este concepto. Como se acordó con los sectores sociales en la mesa única del diálogo, en la cual se pactó congelar el precio de la gasolina a $3.25 por un periodo de tres meses, no parece haber intención de prolongar este subsidio.

En cuanto a la proyección de ingresos se espera recaudar $10,800 millones el próximo año y tener un gasto de $12,863 millones, lo que involucra un déficit de -2.82%.

La Asamblea Nacional aumentó a $150 millones, de los cuales empleará $83 millones para la planilla, que actualmente tiene 3,890 funcionarios eventuales y permanentes, según los datos que aparecen en el portal de la Contraloría General de la Nación.

En funcionamiento buscan aprobarse $138.3, mientras que para inversión unos $11.6 millones.

Por otra parte, al Órgano Judicial se destinaron $269,612,700, esta cifra no debe sufrir recortes debido a un reciente fallo de inconstitucionalidad de la autoridad de justicia que indica que el presupuesto del Órgano Judicial es enviado para su inclusión, es decir, sin recortes.

El gasto público contempla $2 mil millones en inversión de infraestructura, sin embargo, tan solo un 3%, es decir unos $800 millones, al desarrollo y fomento de la producción, uno de los renglones clave para la generación de empleo. En cuanto a desarrollo ambiental y tecnológico se contempló la menor cifra (0.80%) de todas con $217 millones a pesar de la necesidad de invertir en combatir los efectos del Cambio Climático.