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Quejas de compradores ante la ACODECO ponen en duda la industria inmobiliaria
- 25/07/2022 20:14
- 25/07/2022 20:14
La famosa frase de que la mayor inversión que puede hacer una persona o una familia es gozar de una vivienda propia, comienza a convertirse en una pesadilla para muchos compradores de viviendas o apartamentos.
La proliferación de inmobiliarias, que venden sueños que después se convierten en un vía crucis para los compradores de viviendas, han inundado el mercado local debido a la falta de fiscalización por parte de las autoridades que regulan esta actividad.
De acuerdo con un informe de la Autoridad de Protección del Consumidor y Libre Competencia (ACODECO), la incidencia de quejas o denuncias hacia inmobiliarias ha continuado en crecimiento en los últimos años, pese a que existen instancias que deben supervisar la construcción de barriadas, residenciales o edificios de departamentos.
Un ejemplo de la decepción que sufren los compradores de viviendas se refleja en un cuadro estadísticos de la ACODECO que permiten conocer de enero a diciembre de 2021 se recibieron 566 quejas ante el Departamento de Conciliación por anomalías con los agentes económicos, entre las que se destacan: el incumplimiento de contratos, cláusulas abusivas, vicio oculto, cobro indebido y otra serie de hechos que generan dudas sobre las empresas que se dedican a la industria inmobiliaria en el país.
Entre las empresas inmobiliarias que lideran este ranking de la ACODECO con la mayor cantidad de quejas, en una lista de 26, figuran: Corona Real Inmobiliaria, con 23 quejas; Greenwood Development Group, con 21 reportes; Mellow Spring Inc, con 17; Mi Condado, con 12; Promotora Fayettevielle, con 12; Promotora CTM, con 11; Viviendas de Calidad; con 10 y Desarrollo Valle de las Cumbres, con 9.
Durante este período de 2021, el Departamento de Conciliación de la ACODECO, contabilizó un monto de 68,151,768.09 dólares por las 566 quejas presentadas contra las inmobiliarias. Una cifra elevada para una industria que ofrece calidad en sus productos a través de una maquinaria publicitaria que en muchos casos resulta ilusa o falsa al final del camino.
En tanto, la Fiscalía Superior de Homicidio y Femicidio mantiene abierta una investigación por la muerte de una abogada, quien perdió la vida después de que su automóvil cayera al precipicio desde los estacionamientos del edificio PH Bay View, perteneciente a Corona Real Inmobiliaria, en un hecho ocurrido el 15 de mayo de 2020.
Fuentes de esa institución precisan que están a la espera de varios peritajes que permitan esclarecer lo sucedido con el vehículo que golpeó la pared de estacionamientos y que terminara en el pavimento de la Avenida 3 de Noviembre, corregimiento de Calidonia.
Las diligencias buscan determinar cómo la conductora chocó su automóvil y si la muralla de contención cumplía con los protocolos de seguridad en materia de construcción establecidos para ese tipo de edificaciones, incluyendo el tipo y la calidad del material utilizado.
Pese a que el incidente ocurrió hace dos años, hasta el momento la Fiscalía Superior de Homicidio y Femicidio no ha emitido un informe oficial de este incidente y si habría alguna responsabilidad penal o civil en este caso.
Adicional a estas diligencias de investigación que adelanta el Ministerio Público, la empresa inmobiliaria señalada enfrenta una nota marginal de advertencia contra otras de sus propiedades, identificada como PH WorlWide Plaza, interpuesta en el Registro Público, y que implicaría afectaciones a consumidores o compradores.
La nota marginal de advertencia fue presentada por el abogado Ricaurte Barrera Duncan y cuya medida dejaría sin efecto los contratos de unos 70 compradores en el PH WorldWide Plaza. Esta acción repercutirá sobre un número plural de bancos que han otorgado préstamos hipotecarios a este proyecto habitacional.
También se elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración para que aclare si la reunión de accionistas de la sociedad Securities Formation Inc, del 17 de enero de 2020, protocolarizada e inscrita en el Registro Público, y que habría sido utilizada por Corona Inmobiliaria, como poder para el ejercicio de actos de disposición, carece del requisito por ley para la validez de tal contrato, al presuntamente incumplir con el instrumento público que disponen varios artículos del Código Civil.