Panamá impulsa industria del reciclaje con Ley de incentivos fiscales

Panamá se abre camino para establecer exoneraciones e incentivos fiscales en materia ambiental, a partir de la vigencia fiscal del año 2022.

La medida se dará a través de la Ley 223 del 8 de junio del 2021, que busca promover las prácticas comerciales sostenibles, la reconversión de las empresas y el desarrollo de la industria del reciclaje.

El documento publicado en Gaceta Oficial explica que las personas jurídicas especializadas en la operación de plantas industriales de reciclaje que sean debidamente avaladas por el Ministerio de Ambiente (Miambiente) quedarán exoneradas, por un periodo de 5 años, del pago de los siguientes impuestos:

Pese a esto, las plantas industriales mantendrán la obligación de presentar anualmente la declaración jurada de renta para fines informativos ante la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el caso de las personas naturales y jurídicas que reconviertan su actividad, reemplazando sus productos de plásticos por biodegradables que no contengan plásticos; y sean debidamente avalada por Miambiente gozarán por 5 años de los siguientes beneficios.

Edison Broce, diputado proponente de la iniciativa, manifestó que la Ley 223 estimula incentivos fiscales a una industria inexistente y que no está tributando en el país porque no hay “industria”.

“Se han establecido estos incentivos atractivos para ir mandando un mensaje claro al mercado, que en Panamá hay intención de estimular una industria necesaria para ayudar a resolver radicalmente el problema de los residuos. Además, hacer conciencia sobre la importancia del reciclaje y generar las condiciones para la atracción de inversión local e internacional es parte de una estrategia de reactivación económica verde, que crearía empleos y disminuiría la huella ambiental y la contaminación”, comentó Broce.

La Cámara de Comercio e Industria de Panamá (CCIAP), por su parte, expresó que la Ley es una buena iniciativa, tomando en cuenta que la industria del reciclaje se ha desarrollado de manera muy tímida. No obstante, hubieran preferido que los beneficios fuesen a más largo plazo o se mantuvieran al menos el 50% de los beneficios por 5 años adicionales.

“Falta tecnología para que podamos reciclar mayor variedad de productos. Esta maquinaria y capital humano son inversiones muy altas y el negocio muy marginal, por consiguiente, hay que incentivar esta industria con leyes incluso más agresivas que esta, sin embargo, es un buen inicio”, expuso la CCIAP.

“El reto más grande es que los generadores de residuos entiendan que reciclar no necesariamente debe de ser un negocio, es un deber y debería ser una obligación (por lo menos con los desperdicios reciclables en base a nuestra infraestructura instalada actualmente)”, añadió.

El diputado explicó que los periodos establecidos para los incentivos y exoneraciones en la presente Ley correrán desde la fecha en que se notifique al interesado la resolución que aprueba su solicitud. "Es decir, si en 10 años ellos reciben la resolución, a partir de ese momento tienen 5 años de incentivos", indicó.   

Broce expresó que actualmente la mayor parte de lo que las personas conocen como empresas de reciclajes son centros de acopio, que solo se dedican a exportar los materiales a diversos puntos del mundo más no a reciclarlos per se en el país.

Sobre este punto, la Ley aclara que los incentivos no serán aplicables a:

“La ley especifica que se trata de plantas de reciclaje y no centros de acopio, y al no existir plantas de reciclaje industrial tributando, esto no representaría ningún sacrificio fiscal”, dijo el diputado.

Broce reconoció que se necesita demanda de residuos y cultura para atraer a las empresas inversionistas, “porque no se va a hacer una inversión de esta naturaleza sin una demanda importante que la haga rentable. Sin embargo, la demanda existe”.

Por ello, mencionó que ya el país tiene la Ley 6 del 6 de febrero del 2017, que establece la gestión integrada de residuos sólidos en las instituciones públicas, así como la Ley de 187 de 2020, que habla de la reducción y el reemplazo progresivo de 11 productos de plásticos de un solo uso, que entrara a regir en julio.

“El país puede dar a conocer al mundo que tiene estas leyes para ver si logra la captación de inversionistas. Una vez que haya una planta de reciclaje se resuelve todo el tema, ya que no solo se ofrece la opción de colectar los residuos del territorio nacional sino también recibir los de otros países y hacer de Panamá un Hub del reciclaje”, subrayó el diputado.

“Esto puede ser ambientalmente amigable porque hoy en día con la exportación de todos los materiales uno no sabe dónde terminan. No hay una seguridad de que ese esquema de exportación ayude al medio ambiente, por eso es mejor hacerlo local”, añadió.

La CCIAP apuesta a que se debe desarrollar mecanismos para que los materiales que deben ser reciclados ya vengan segregados desde los hogares, negocios y áreas de esparcimiento. “Se deben desarrollar campañas de conciencia social para que, en paralelo a la creación de infraestructuras más eficientes, también los materiales lleguen segregados. Hasta que esto no comience a pasar, el reciclaje será un negocio muy complejo”, aclaró.

La reglamentación de la Ley 223 la hará el Órgano Ejecutivo, a través del MEF.

Además, el Ejecutivo, por conducto de Miambiente reglamentará lo que esta Ley requiera conforme a su competencia y el procedimiento por el cual se otorgará el aval a las plantas industriales de reciclaje y a las personas naturales y jurídicas que hayan convertido su actividad producto de la Ley 187 de 2020, el cual deberá tramitarse previo a la presentación de la solicitud ante la DGI.