Tenso clima entre el sector bancario y la Asamblea

Un choque de trenes se percibe entre los diputados de la Asamblea Nacional que buscan hacer cambios en la ley bancaria, y los actores de la actividad agrupados en la Asociación Bancaria, y el regulador, la Superintendencia de Bancos.

Ayer se realizó una consulta en la Comisión de Comercio, donde se discutieron algunos proyectos de ley que impulsa la diputada Zulay Rodríguez.

Uno de ellos es el anteproyecto 085 por el cual se modifica el Código Penal y establece un marco regulatorio de control a las tasas de interés fijadas a todas las modalidades de préstamos y créditos otorgados por bancos, empresas financieras y tarjetas de crédito. El segundo corresponde al anteproyecto 390, por el cual se dictan medidas financieras para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia causada por la covid-19.

La preocupación principal que emana de los entendidos en el tema, es que los diputados poco conocen de un tema que es de carácter sumamente técnico, como el de la banca, y asumen que mediante la regulación de la actividad, como las tasas de interés en los préstamos, van a contar con la simpatía del pueblo, cuando en realidad “hacen las cosas de manera improvisada”, señala el economista Olmedo Estrada.

“Los proyectos de ley son populistas, los que no saben de economía no pueden hacer análisis críticos sobre la producción del país. El que no entiende economía, mucho menos entiende la actividad bancaria”, aseveró Estrada.

¿Por qué no llaman a los expertos?, se pregunta el economista, y al mismo tiempo responde que los diputados “quieren llevarse el mérito, pero en realidad están haciendo un ridículo con iniciativas que no responden a la realidad del país”.

Carlos Berguido, directivo de la Asociación Panameña de Bancos, confiesa que “algunas iniciativas legislativas acompañadas en casos puntuales de un injusto y peligroso discurso, ataca y descalifica a los bancos y al sector financiero. Eso es peligroso para la confianza pública sobre la que se sustenta la viabilidad del sector bancario y financiero.

Iniciativas legislativas intentan poner topes a los intereses bancarios, además buscan regular los subsidios que supuestamente reciben los bancos por el Feci y préstamos preferenciales; la banca advierte de que se trata de temas técnicos, cuyas posibles modificaciones inconsultas pueden generar nerviosismo en los depositantes.

En la exposición de motivos del 085, la diputada sustenta dicho proyecto con la finalidad de que el costo del dinero dado en préstamos o facilidades crediticias sean bajo parámetros de valores justos, de acuerdo con la realidad económica y financiera del país fuertemente golpeada por la pandemia del SARS-CoV-2.

Propone, por tanto, una serie de artículos que a juicio de los protagonistas de la actividad bancaria, intervienen en la libre oferta y demanda de un sistema que funciona desde 1970, y que es uno de los pilares que sostienen la economía de Panamá.

En el mencionado proyecto de ley se pretende poner un tope de 1,25% mensual, como tasa efectiva máxima de interés (ver en la gráfica los artículos del anteproyecto).

Esto ha encendido el debate con los banqueros. Estrada añade que “no debe existir imposición sobre la actividad bancaria, porque de lo contrario, entraríamos en una economía totalitaria, como ocurre en Venezuela y Cuba; cualquier intento de restricciones fracasa”, asevera.

El proyecto de ley justifica los topes de intereses bancarios apelando a que los panameños puedan “pagar un precio justo por el valor del dinero otorgado en las diferentes modalidades de crédito y financiamiento, lo que traerá a la postre que los mismos puedan consumir más bienes y servicios en el mercado y así mover la economía, lo que a la postre genera puestos de trabajo e ingresos tributarios para la Hacienda Pública”, se lee en el texto.

Por ahora, el regulador no ha emitido opinión oficial. Amauri Castillo, superintendente de la Banca, está citado a la Asamblea para que responda un cuestionario de 19 preguntas, en su mayoría relativas al manejo bancario actual en medio de la pandemia de covid-19.

Berguido recuerda que el primer regulador que existe en el país no es la Superintendencia Bancaria, sino el mismo usuario que tiene la posibilidad de comparar ofertas entre los 40 bancos que compiten en la plaza.

“Es la manera de controlar una tarjeta de crédito; escoger el producto bien. Hay algunas que van desde el 6% de interés, hasta el 24%. Lo que pasa es que muchos escogen una tarjeta de crédito que tiene otros beneficios, y eso cuesta”, explica Berguido.

No obstante, para los banqueros estas son dos cosas muy distintas.

La tasa de la Reserva Federal, conocida como la FED, que en este momento tiene intereses en cero, explica Berguido, es una tasa que cobran los bancos entre sí por un periodo de interés de un día. Lo que en inglés se conoce como un 'overnight'. Su uso es interbancario porque al final de cada día, todos los bancos que forman parte de la Reserva Federal, que en Panamá no hay ninguno, tienen que cumplir con un requisito de liquidez. Por diversas razones hay bancos que no llegan al nivel requerido, pero otros tienen excedente de liquidez, y se prestan dinero entre sí para cubrir el fondo deficitario, es un préstamo de 24 horas. Esa es la tasa que cuestionó la diputada, no obstante, el sector defiende que es diferente a la tasa que los bancos prestan al público.

El segundo proyecto de ley que impulsa Rodríguez, en colaboración con 45 colegas, dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos de la pandemia. Un documento extenso de más de 80 páginas que contempla varios puntos, entre ellos algunos concernientes a préstamos que otorga la banca.

En dicho anteproyecto se suspende por un periodo prorrogable de 90 días “la sobretasa del Fondo Especial de Compensación de Intereses (Feci), por todos aquellos préstamos comerciales”.

Rodríguez habla de subsidios que reciben los bancos. Enumeró a este diario uno de “régimen de préstamos preferenciales y otro que reciben los bancos del régimen del Feci”.

Dijo a este medio que el Feci es “un subsidio del gobierno a los bancos, pagado con el dinero de los contribuyentes”. Además, cuestionó la transparencia en el ejercicio bancario, en los márgenes de ganancia de los bancos.

Al respecto, este medio investigó en qué consiste el renglón del Feci que interviene en los préstamos bancarios y los intereses preferenciales que se tramitan a través de la banca.

El último se trata de un subsidio que se da al prestatario, es decir, un cliente que obtiene la vivienda, según los requisitos de la Ley 3 del 20 de mayo de 1985, que establece el régimen de interés preferencial para las viviendas, que se le da al cliente al adquirir el inmueble.

En ese esquema, dependiendo del valor de la casa, mientras más bajo se tiene derecho a que subsidien la tasa hasta un 4% o 5%. Es decir, el gobierno subsidia la tasa al comprador, los bancos normalmente cobrarían una tasa comercial de casi 6%, pero como el gobierno subsidia el interés, el banco baja la tasa de interés porque cuenta con el subsidio del gobierno.

En palabras comunes, es un régimen que se le brinda a la familia para acceder al crédito y adquirir la primera vivienda.

El segundo subsidio que refiere al tema de los bancos es el del Feci, que está dirigido a los préstamos agropecuarios calificados que tramitan los productores. “No es para que el banco se beneficie, sino para los préstamos agropecuarios. Es un subsidio al productor o cliente interesado en préstamos agropecuarios”, indicó una fuente del ramo.

La Asociación Bancaria emitió un comunicado reciente en el que busca tener reuniones de trabajo serenas y bien informadas sobre las implicaciones positivas y negativas que pueden tener dicho proyectos para el país y la estabilidad financiera.

“Lo que no es correcto es tomar iniciativas legislativas, impulsarlas en debates apasionados sin siquiera haber pasado por un proceso de estudio, de evaluación, de los beneficios y consecuencias buenas o malas que pueda tener”, agregó el directivo de la Asociación Bancaria.

El sector bancario y financiero del país es uno de los cinco pilares de la economía, que aporta el 25% del PIB anual.