Bloqueo en la frontera 'tica' le costaría a Panamá hasta $1.5 millones diarios

Custodiados por una caravana policial, docenas de camiones repletos de carga destinada a abastecer los distintos mercados de Centroamérica se encuentran varados en las fronteras de Costa Rica con Panamá y Nicaragua, desde el pasado viernes 15 de mayo.

Solo en las fronteras de Costa Rica con Nicaragua hay más de 900 camiones parados, que abarcan unos 27 kilómetros de carretera. Mientras que en Panamá, hasta ayer, había otros 400 camioneros que no podían pasar para el lado 'tico'.

Un escenario que se vuelve “muy grave”, tomando en cuenta que “el 90% de la mercancía que entra a la región ingresa por vía terrestre” y que la entrega de estos productos es crucial para enfrentar la crisis sanitaria y económica que golpea a todos los países de la región y el mundo entero.

“El problema radica en que Costa Rica está haciendo pruebas de hisopado (para detectar el Covid-19) en Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, y se le han acumulado (hasta el lunes) alrededor de 400 camiones varados porque los resultados de las pruebas que ellos están haciendo demoran alrededor de 72 horas o más, lo que ha producido el taponamiento”, así lo explicó a La Estrella de Panamá el presidente del Consejo Empresarial Logístico (Coel), Antonio García Prieto, quien añadió que cada día en que la frontera se para, le cuesta al país entre $1 millón a $1.5 millones a razón del intercambio comercial que debe entrar por suelo canalero.

Para efectos de Panamá, el impacto principal, en este momento, será en alimentos, medicamentos e insumos médicos. Aunque también entran maquilas, ropa y zapatillas.

En cuanto a la región, se rompe totalmente la cadena de abastecimiento, porque de Panamá también salen productos para Centroamérica y mucha materia prima necesaria en las fábricas y en las industrias de esos países. También hay mucha carga que viene de Centroamérica y se reexporta, por ejemplo, a Suramérica y el Caribe.

“El impacto es regional e incalculable porque todo lo que se pierde alrededor, en el resto de los países, es muy alto”, sostuvo el empresario.

El bloqueo en Costa Rica es parte de las medidas que adoptó el Gobierno de ese país y que empezaron a regir desde este lunes 18 de mayo. Su objetivo es impedir al máximo el paso de transportistas, para evitar el aumento de casos de Covid-19.

“El presidente les dijo a los nicaragüenses que se dieran la vuelta y regresaran, pero nosotros queremos que pasen los transportistas de nosotros para acá, porque es un problema de salud, y acá hay que atenderlos como debe ser”, declaró a la Televisora Nacional Manuel Levigio, vocero de los transportistas de carga.

Atrapado también en las fronteras “incas”, Levigio solicitó al Gobierno de Panamá que dialogue con Costa Rica para que retire las medidas de desenganchar y enganchar los camiones, y para que flexibilice los días de paso que han establecido (solo cuatro), pues considera que lo mínimo deben ser diez para hacer el traslado.

“En Costa Rica, si nos pasamos de los cuatro días nos hacen pagar impuestos de los camiones, de $5 mil, $6 mil o hasta $8 mil, o lo que ellos digan, y quedamos perdiendo los camiones del lado costarricense. Ese es un punto muy delicado con Costa Rica”, argumentó el transportista.

Mediante los dos decretos emitidos, Costa Rica solo permite el ingreso a su territorio a quienes realicen “tránsito de frontera a frontera” y establece que a estos conductores se les realice un “estricto seguimiento y vigilancia policial”.

Mientras que a los conductores de camiones que tengan como destino final Costa Rica, no se les permitirá el acceso; y en estos casos aplicarán tres modalidades para que la carga pueda entrar al país: desenganche, enganche y relevo.

El presidente de Coel advirtió que el endurecimiento de las medidas que impuso el Gobierno costarricense está ocasionado un bloqueo comercial que pone en “riesgo” la mercancía que llevan los camiones a bordo, el abastecimiento de estos productos en los mercados de Centroamérica, y por ende a la economía.

Y es que según el empresario, “las cargas que van a entrar a Costa Rica van a funcionar a través del sistema de enganche y desenganche, lo que significa que los transportistas van a tener que llegar a la frontera de Costa Rica y allí van a entregar la rastra que traen, que puede ser un furgón o contenedor o una plataforma, y un transportista costarricense lo va a enganchar y llevar a su destino final con el propósito de que no haya flujo de centroamericanos pululando en territorio costarricense”, explicó.

Para García Prieto, esas medidas traen como consecuencias el rechazo de los transportistas en la región, que se niegan a entregar sus equipos a un tercero, pues lo consideran violatorio e ilegal.

Por un lado, indicó que la medida afecta la responsabilidad que tiene el transportista que recoge la carga con su exportador y la trazabilidad y seguridad con que la carga debe llegar a su destino final, porque se rompería la cadena (de entrega) y el transportista no podría dar una garantía al exportador de que la carga está en riesgo.

“Tienes el problema de que cargas especiales o cargas peligrosas, como por ejemplo, gas a granel, químicos especializados tienen que ser transportados por operadores o conductores que hayan sido adiestrados, capacitados y certificados para llevarla; y no se puede entregar a un tercero”, apuntó.

Además, las compañías de seguro cubren las cargas siempre y cuando estén enganchadas al camión que tiene la póliza. “En el momento en que desenganchas, se rompe la cobertura que tiene la carga porque la póliza cubre al camión y todo lo que hale este, y en el momento en que lo traspases, la compañía de seguros se va a desprender de las responsabilidades”.

Además de lo anterior, agregó, “los mismos conductores dicen a su Gobierno que ellos tienen que excluirse de responsabilidad porque no saben qué trae la carga: si es contrabando, droga, carga ilícita, porque no estuvieron en el proceso de carga de la mercancía”.

Ayer, representantes del Consejo de Ministros de Comercio Exterior y del Gobierno de Panamá y Costa Rica se reunieron para analizar las medidas adoptadas por el vecino país y encontrar una salida al problema.

“La solución debe ser consensuada, no unilateral como lo hizo Costa Rica”, manifestó García Prieto.

Por su parte, la directora general de Aduanas, Tayra Barsallo, señaló que desde un principio el Gobierno Nacional, a través del ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, y su persona, expresaron su rechazo y la solicitud de suspensión de los decretos que comenzaron a regir desde ayer en Costa Rica. “Estamos firmes en hacerle esta petición (suspensión de los decretos) al Gobierno costarricense”, afirmó Barsallo en una entrevista en el noticiero matutino de Televisora Nacional.

Dijo que igualmente el resto de los países centroamericanos estuvo de acuerdo en que se solicitara a Costa Rica la suspensión de la restricción.

Explicó que la preocupación del Gobierno costarricense gira en torno a la cantidad de personas que en un determinado momento han salido positivos en los test del nuevo coronavirus. Hay conductores panameños atrapados en la frontera con Nicaragua y hay dos panameños positivos con Covid-19 que están a su suerte. Hasta el viernes, el país vecino estaba realizando pruebas a los transportistas extranjeros que ingresaran a su territorio, pero ahora, según Barsallo, alegan que ya el Gobierno costarricense no puede asumir esos gastos. Hasta el 16 de mayo habían dado positivos por el virus 31 transportistas foráneos y fueron rechazados en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas, en la frontera con Nicaragua.