¿En qué se parecen las crisis sociales de Chile y Panamá?

“Este es un país que desde su inicio fue polarizado… es como India en el sentido de que existen castas. Basta saber dónde vives y dónde estudiaste para conocer tu clase social,” dice la abogada y profesora de Historia Constitucional en la Universidad Pedro de Valdivia, Carolina Parraguez.

Uno podría pensar de inmediato que está hablando de Panamá, pero Parraguez se refiere a su país: Chile. Desde hace casi dos meses, los centros de Ciudad de Panamá y Santiago de Chile han sido testigos diarios de las manifestaciones de una población enfurecida por la desigualdad, la corrupción y el alto costo de la vida.

En Panamá empezó con las reformas constitucionales impulsadas por la Concertación Nacional para el Desarrollo y la Asamblea Nacional; en Chile, con un aumento de alrededor de 30 pesos (5 centavos) a un pasaje de metro que ya costaba 1 dólar. En ambos casos, la consigna es clara: una nueva constitución. Y que esta vez, la escriba el pueblo. “Hay tantas similitudes entre la situación estructural, institucional y constitucional que tiene Chile con Panamá que a veces uno queda medio maravillado,” comenta el activista Miguel Antonio Bernal.

Ambos países son vistos como líderes económicos en sus propias regiones (Centro y Sudamérica). “Estamos siempre compitiendo,” afirma el nuevo Embajador de Panamá en Chile, Mario Velásquez.

Una competencia que, durante la primera mitad de este año le dio la ventaja a Panamá, según las proyecciones del FMI cuando, por primera vez desde el 2005, Chile perdía la posición del PIB per cápita más alto de América Latina, dándole el lugar a nuestro Istmo. Pero la maravilla radica también en lo menos halagador: Ambos países son vecinos en el Top 10 de países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial, con Panamá y Chile ocupando el sexto y séptimo lugar.

4 millones de habitantes en un país, 18 millones en otro. Una economía basada en servicios por uno, otro en gran parte minero. Una posición estratégica en el continente por un lado, mientras que otro, encerrado entre fronteras naturales, radica en el fin del mundo. ¿Qué aspectos en común tienen las demandas ciudadanas de Chile y Panamá?

A pesar de los 95 años adicionales de vida republicana de Chile en comparación con Panamá, ninguno de los dos países ha tenido una Constitución formulada por la población.

Las cartas magnas vigentes de ambos países tuvieron como objeto legitimar las dictaduras militares que en el momento los gobernaba.

En el caso de Panamá, la constitución que todavía rige fue redactada por la “comisión de reformas revolucionarias a la Constitución Política” creada por Omar Torrijos. Los encargados de aprobarla fueron tan sólo los 505 que conformaron la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos. Hoy, esta Constitución ha sido reformada cinco veces.

En Chile, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el dictador Augusto Pinochet suspendió la Constitución de 1925, que era la que regía en ese momento. Así, creó la Comisión Ortúzar, comprendida por personas afines al régimen. Esta Comisión se encargó de redactar lo que sería el anteproyecto de la Constitución de 1980. Hasta entonces, Chile vivió sin estado de derecho. Hoy, esta Constitución ha sufrido dos grandes reformas.

Para los chilenos, el plebiscito que se llamó en 1980 para rechazar o aprobar esta carta magna era estar entre la espada y la pared: “O aceptar la constitución bajo la presidencia de Pinochet, o mantener el estado de facto que los chilenos tampoco querían por los riesgos de cuando no existe una constitución política que rija y establezca derechos y deberes para la gente y organismos,” explica Parraguez.

En ambos casos se sentaron las bases para el sistema económico que rige actualmente en ambos países. Si bien, en el caso de Panamá, el espectro ideológico de la comisión “iba desde la extrema derecha hasta la izquierda del partido comunista de aquel entonces”, según Bernal, los mayores beneficiarios de dicho orden fueron la élite económica del país.

Este beneficio ha ido en aumento desde la vuelta a la democracia: La luz, las telecomunicaciones, las industrias del cemento, los puertos y el ferrocarril son algunos de los servicios que se privatizaron en Panamá en los últimos 20 años. La calidad de la educación pública también se ha visto afectada a raíz del apoyo creciente de los últimos gobiernos a la educación particular.

Hoy, no sólo los padres de clase alta meten a sus hijos en escuelas privadas, sino que la clase media alta y la media media también, aún cuando el costo financiero que asumen sea alto.

En el caso de Chile, la Constitución del 80 llegó como una respuesta directa al gobierno de Salvador Allende, que vino a desplazar. Este se había ganado el odio de los intereses privados mediante políticas populares como la nacionalización del cobre, la banca, gratuidad de la educación y una reforma agraria que prohibía más de 80 hectáreas por persona. Influida por economistas chilenos recién salidos de la Universidad de Chicago, esta nueva carta magna convirtió al país en el primer experimento neoliberal del mundo.

El Estado era ahora subsidiario, sólo asumiendo tareas que los privados no quieren o no pueden hacer. Recursos como el cobre, la educación, el agua, la salud y la banca pasaban a manos privadas, ya sea mayoritariamente o en su totalidad.

Según el Foro Chileno por la Educación, el 40% del gasto en educación básica y media proviene de privados, una cifra que asciende a 76% en la educación universitaria. De los 1,262,771 estudiantes de educación superior que había el año pasado en Chile, tan sólo 340 mil alumnos pudieron cursarla gratuitamente (para postular a este beneficio, los alumnos deben corresponder al 60% de menor ingreso de la población). De este número, sin embargo, 27 mil perdieron el beneficio a inicios de este año por atrasarse en sus carreras. En ese caso, ¿cuál es la alternativa para poder estudiar en el tercer país con la educación más cara del mundo, según Expert Market? El Crédito con Aval del Estado, el cual, con requisitos de mérito, financia a estudiantes para continuar su educación. A causa de este crédito, sin embargo, el 70% de los egresados de educación superior en Chile sufre de una deuda de promedio de CLP $3,7 millones (USD$ 4.657) actualmente.

Si bien difieren cualitativamente en ambos países, el desabastecimiento de profesionales y recursos es el pan de cada día para ambos sistemas estatales. Especialmente frente a un sistema de salud privado que absorbe profesionales e insumos. Roger Barés, del Comité de Protección al Paciente y a Familiares en Panamá, señaló a este medio en marzo que los distribuidores y farmacias desabastecen sus medicamentos a propósito, de modo que la Caja de Seguro Social (CSS) tenga que comprarlos a precios más altos: “Se está estrangulando la venta de los medicamentos para obligar a las autoridades a comprar de forma directa, tres, cuatro y hasta siete veces más caros”.

El pasado 2018 en Chile, mientras tanto, 26 mil personas fallecieron en listas de espera para atenderse en el sistema público de salud, Fonasa. Pacientes reciben horas para dos o tres años más adelante. “Algunas personas han recibido hora para ser atendida por un médico público después de fallecidas,” lamenta Parraguez.

Esteban Maturana, el vocero de la Confusam (Confederación Nacional de la Salud Municipalizada) denunció en Radio Universidad de Chile: “En el sistema de salud chileno hoy día estamos enfrentados al drama de una carencia sistemática de profesionales médicos, dado que las universidades están formando profesionales para trabajar en las clínicas privadas, para ser profesionales que se enriquezcan rápidamente”.

Uno de los problemas más grandes que enfrentan los chilenos, sin embargo, es el sistema de pensiones: Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). Creadas en 1980 por el ministro de Trabajo y Previsión Social de Pinochet, José Piñera (hermano del actual presidente, Sebastián Piñera), este sistema manejado por empresas privadas fue impuesto sin previa consulta a los trabajadores.

Mensualmente, los chilenos están obligados por ley a pagarle a las AFP un 10% de sus salarios (que incluye comisión), dinero con el cual estas administradoras invierten en la banca, la bolsa de acciones y en instrumentos financieros nacionales y extranjeros. La desagradable sorpresa, sin embargo, llega a la hora de jubilarse: Hay quienes reciben sólo una décima parte de su renta esperada. De hecho, según la Fundación SOL, el 91% de las pensiones que pagan las AFP no superan los CLP$ 150.000 (US$ 180.00), una cifra por debajo de la línea de la pobreza. Para 2017, sin embargo, las utilidades netas de estas empresas registraban USD$ 419 millones.

Reivindicaciones por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ ha ido de la mano con los estallidos sociales en ambos países. En el presente año, el Ministerio Público en Panamá ha registrado 14 femicidios desde enero hasta octubre y el Instituto Nacional de la Mujer reveló más de 14 mil denuncias por violencia doméstica. En un país donde las marchas en contra del matrimonio homosexual y aborto reúnen a miles de personas, no es una exageración decir que Panamá es un país altamente conservador. Actualmente, esta ola se infiltra en las propuestas de reformas a la Constitución, donde la promesa de un futuro en que parejas panameñas del mismo sexo puedan casarse se encuentra en jaque a raíz de la reforma al artículo 56, que definiría matrimonio sólo como una unión entre un hombre y una mujer. Sin siquiera haber datos que den cuenta de la dimensión de la población LGBTIQ en el país, esta comunidad, representada por organismos como la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (Ahmnp), se ha hecho parte del descontento social y también se ha unido a las protestas. Menos invisibilidad sufre esta población en Chile. Se ha registrado que al menos 330 mil chilenos se declaran homosexuales. Existen leyes como la Ley Zamudio, que busca proteger a ciudadanos de la discriminación, y la Ley de Identidad de Género, que permite que la población trans cambie su sexo registral. La actriz Daniela Vega, de hecho, fue la primer mujer trans en presentar un premio Óscar y su película, Una Mujer Fantástica, ganó el premio a Mejor Película Extranjera. Esta foto muestra una realidad radicalmente distinta a Panamá... hasta que nos damos cuenta de que entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 de septiembre de este año, 331 personas trans y género diversas han sido asesinadas; que la Región de Valparaíso fue calificada como Zona Roja para lesbianas después de los asesinatos motivados por odio de Nicole Saavedra, María Pía Castro y Susana Sanhueza y el incendio de una discoteca gay; que en lo que va del 2019, en Chile ha habido 58 femicidios y más de 500 en los últimos diez años. El último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó 74 querellas por violencia sexual contra la policía chilena y miembros de las Fuerzas Armadas desde el inicio del estallido social el 18 de Octubre.

Estas son tan sólo unas de las causas detrás de la explosión ciudadana que han visto ambos países a lo largo del último mes y medio. No había explotado una bomba lacrimógena en Panamá desde hacía 5 años. Entre el 30 y 31 de octubre, 93 estudiantes fueron detenidos, de los que algunos denunciaron haber sido amedrentados con armas de fuego, según el líder estudiantil Luis Coloma. Su liberación se produjo como una de las condiciones de los estudiantes para dialogar con el presidente Laurentino Cortizo. La represión en Chile ha sido tema de preocupación mundial. Cuatro organizaciones de observadores de DDHH han viajado al país para verificar la situación y, hasta ahora, dos han emitido lúgubres reportes finales: Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El saldo: 23 muertos, de los que 5 han sido a manos del Estado; miles de heridos; y casi 300 víctimas de mutilación ocular, de las que un 60% quedó con disminución severa de la visión, cerca del 30% con ceguera total de un ojo y dos víctimas de ceguera total. “No se trata de unas cuantas manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad,” indicó la directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara, “se trata de ataques sostenidos en diferentes puntos del país, en el contexto de castigar a las personas que se manifiestan”. Una de las recomendaciones que dio el organismo fue “emprender una seria reforma a la policía chilena”. Cabe recordar que en Panamá también ocurrió un episodio de mutilación ocular por parte de las fuerzas del orden en el 2010: 700 heridos, 67 personas con lesiones oculares y dos personas que quedaron ciegas había sido el saldo de la represión a trabajadores del banano en Changuinola, que se manifestaban en contra de la “Ley Chorizo” durante la administración de Ricardo Martinelli.

Si bien, en el caso de Panamá, algunas modificaciones fueron retiradas, como aquellas a los artículos 99 y 104, que pretendían eliminar el rol fiscalizador de las universidades estatales y aumentar los subsidios a universidades privadas, el paquete de reformas sigue en curso, esperando la segunda legislatura del 2 de enero.

Aún cuando la educación pública ya no será afectada en el paquete, los universitarios panameños siguen movilizados. “Ellos quieren dividir la lucha y decirnos '¿qué artículo no te gusta? Si no te gusta lo quito'. No es así,” protesta Coloma, “cómo se comenzó el proceso en sí fue malo.” Coloma se refiere al Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, el cual emitió las reformas constitucionales.

Independientemente de si es en el Istmo o en el Fin del Mundo, algo es claro: la ciudadanía todavía no está satisfecha.