La crisis del fútbol por falta de legislación específica

Durante la Semana Santa se vivió un escenario conflictivo en el más alto nivel del fútbol profesional panameño. Los 12 clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa) no pudieron llegar a un acuerdo en lo referente a la negociación de un 'acuerdo colectivo', que regule las relaciones contractuales entre los clubes y jugadores profesionales de la LPF, siendo uno de los puntos más relevantes la inclusión paulatina de los jugadores profesionales en el régimen de seguridad social de la Caja de Seguro Social (CSS).

Esta situación conllevó a que no se llevara a cabo la jornada 12 del Torneo Apertura 2022, paralizando las competiciones de la LPF.

Para hacer un análisis correcto es necesario entender que la especificidad del deporte debe ser evidente en la legislación que se desee aplicar a los deportistas; salvaguardando sus derechos fundamentales.

En Panamá, las situaciones relacionadas al fútbol profesional, desde los contratos hasta los reglamentos de las competiciones deportivas, se rigen por reglas establecidas por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), que es considerada una institución ajena al derecho del trabajo y a otras leyes nacionales, pero que cumple con respetar estatutos, reglamentos, directrices y decisiones de la FIFA, de la Concacaf, de la Uncaf y de la Fepafut, así como las reglas de juego, a fin de impedir cualquier violación y garantizar que también sean respetados por todos sus miembros; clubes y/o jugadores.

Ahora bien, los estatutos, reglamentos, directrices y decisiones implementados por la Fepafut regulan muchos derechos de los futbolistas profesionales, pero no son congruentes con la legislación laboral panameña existente, por lo cual se generaron durante el conflicto las siguientes incongruencias legales:

Es importante tener claro que el derecho deportivo es una modalidad del derecho (no existente en Panamá) que intenta perfilarse como un campo autónomo, que se apoya en el derecho del trabajo y en el derecho civil, que a la vez reconoce la especificidad del deporte y cuya aplicación de la legislación también debe reposar en instituciones específicas especializadas.

La falta de una legislación adecuada ha conllevado a que las diferencias entre clubes y jugadores se desenvolvieran en un escenario de desconfianza, confrontación e incertidumbre. que debe ser resuelto con celeridad.

Lo positivo es que ya los 12 clubes de la LPF y la Afutpa levantaron el paro de actividades mediante acuerdos específicos sobre cómo formalizar la relación entre clubes de fútbol profesional y los futbolistas mediante “contratos de trabajo” que sean regulados utilizando alguna de las siguientes opciones:

1. Que se firme un acuerdo colectivo entre clubes y Afutpa o 2. que se promulgue una ley deportiva que incluya regulación sobre el régimen contractual de los jugadores profesionales.

Una ley deportiva debe regular eficientemente las relaciones contractuales entre atletas profesionales y sus clubes, pero también debe brindar incentivos fiscales a las empresas que invierten en el deporte, que sea atractiva para invertir en un deporte como el fútbol nacional que todavía no tiene el desarrollo de otros deportes a nivel de Panamá y de la región.

El fútbol panameño necesita la creación de una legislación estatal que promueva y asegure la inversión por los próximos cuatro a seis años, hasta que los clubes y las ligas logren ser autosostenibles y no dependan de patrocinios de uno o dos años donde se han visto casos de equipos nuevos o del interior del país que suben a las ligas mayores y al final no logran sostenerse.

Es esta falta de fondos y operación en déficit de los clubes lo que ha dificultado que estos puedan afrontar económicamente, a favor de sus jugadores, seguros médicos privados, planes de pensión o afiliación al sistema de seguridad social de la CSS.

En 2021, el Gobierno Nacional vetó por inconveniente e inexequible el proyecto de ley 579 que buscaba establecer incentivos tributarios al deporte para lograr la sostenibilidad financiera de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales debidamente reconocidas por Pandeportes, lo que hubiese redundado en mejorar el desarrollo deportivo en Panamá no solo para el fútbol, sino para todas las otras disciplinas.

Es claro nuevamente que Panamá necesita urgentemente modernizar, actualizar y especializar su legislación deportiva de forma que sea incluyente, transparente y productiva. Una legislación deportiva que garantice condiciones contractuales adecuadas a los jugadores profesionales, que incentive la inversión local y extranjera y al mismo tiempo que cree cultura y cohesión entre todos los ciudadanos, sean trabajadores, atletas, empresarios o dueños de clubes.