Violencia homicida y orden social: algunas premisas teóricas empíricas
- 03/11/2024 00:00
- 02/11/2024 15:27
Aquellos sistemas donde no hay certeza y sí alta impunidad, y los beneficios de infligir la norma son superiores a los castigos, se caracterizan por altos niveles de criminalidad En torno a las violaciones a las normas sociales existen dos modelos explicativos, forjados en Oriente y Occidente, diametralmente opuestos. El primero, influenciado por Confucio, concebía la naturaleza humana como buena, por lo tanto, guiar a través del castigo no generaría otra cosa que rebeldía. El segundo, percibía la naturaleza humana como perversa y proponía que el gobernante debe modificar el comportamiento de los súbditos a través de una sabia administración de castigos y recompensas. Relacionado con esta última postura, Hobbes y Maquiavelo desarrollaron teorías sobre el orden y el poder que ejercen influencias en las ciencias sociales del presente.
¿Qué dice las ciencias sociales? Algunos debates recientes El debate que ocurrió en la filosofía política, muy pronto se trasladó a las ciencias sociales y se manifestó en dos posturas: la teoría de la disuasión-utilitarismo y el enfoque social. Beccaria fue uno de los primeros en plantear el asunto; proponía que el objetivo del derecho es administrar los premios y los castigos, ya que los seres humanos tienen como fuerza motivacional el placer y el dolor. “Haced que los hombres les teman a las leyes”, recomienda el jurista italiano. Bentham comparte estos principios y sienta las bases para la teoría de la acción racional, que durante la década de 1960 fue la dominante en explicar las violaciones a las normas. El individuo hace un balance entre costos y beneficios de violar la ley, o de no hacerlo, la función de la legislación es modificar el balance a favor de la obediencia.
La teoría de la disuasión propone que las percepciones que tienen los posibles infractores sobre las penas, la certeza del castigo y su celeridad (en otras palabras; la eficacia de la ley) son claves para frenar el delito. En aquellos sistemas donde no hay certeza y sí alta impunidad, y los beneficios de infligir la norma son superiores a los castigos, se caracterizan por altos niveles de criminalidad. Las consecuencias que se desprenden para las políticas de prevención son evidentes: Aumento de las penas, fortalecimiento de los procesos de judicialización y el surgimiento de un Estado represivo, sobre todo en aquellos barrios definidos como problemáticos. Esta teoría representa la corriente principal de pensamiento tiene influencia en las formulaciones de los planes de seguridad de los Estados, sobre todo después de las reformas neoliberales durante la década de 1990.
Los clásicos de la sociología Los clásicos de la sociología fueron los primeros en postular versiones alternativas a la teoría de la disuasión. Su crítica se dirigía al carácter individualista del cual partía y la invisibilidad de las condiciones sociales que ejercían influencia sobre los individuos violentos. Este enfoque dirige su capacidad de análisis hacia aspectos estructurales, es decir, los factores sociales que inciden sobre la criminalidad y la violencia.
Durkheim hizo del orden social el centro de su preocupación y, dentro de su esquema, la desobediencia era catalogada como una anomia. Max Weber pone su acento en la formación del Estado, en la dominación que ejerce y la legitimidad. Lo define como una comunidad política que busca el monopolio de la violencia legítima para evitar la ilegítima que pudiera surgir entre los miembros de la comunidad.
Norbert Elías plantea que estos teóricos toman como punto de partida la pregunta: ¿Qué es lo que hace que un conjunto de personas manifieste conductas violentas e irrumpa el orden social? Considera que este punto de partida es erróneo, pues a lo largo de la historia de la humanidad, la guerra hobbesina de todos contra todos, es lo que ha predominado. Propone invertir la interrogante, ¿Qué es lo que hace que la mayoría de las personas vivan pacíficamente? Reconoce que Weber es el primero en dar una respuesta acertada; sin embargo, también lo critica, pues si bien es cierto que es un entramado de relaciones sociales lo que permite la pacificación al llevar un desplazamiento de la violencia de abajo (ilegítima) hacia arriba (legal), pero esto no es suficiente.
Los miembros de la comunidad política necesitan desarrollar mecanismos que les faciliten control de sus impulsos violentos (que se manifiesta en homicidios, robos, hurtos, riñas, lesiones por distintas armas, todas ellas violaciones a las normas sociales) y que les facilite resolver internamente esos conflictos (habitus). Habermas plantea que el Estado logra la legitimidad a través del reconocimiento de su eficacia y, solo si es eficaz, puede monopolizar la violencia. Esto hace referencia a la presencia en todos los territorios bajo su dominio y la resolución de las condiciones materiales necesarias para la reproducción social.
Violencia homicida en América Latina La OMS define violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. El homicidio es el caso más extremo de violencia, que se expresa en tasas de morbilidad y mortalidad en América Latina. Esta es la región más violenta; ya superó al continente africano. Este flagelo no se presenta en todos los países con la misma magnitud, sino que se concentra en América del Sur, en Colombia, Brasil y Venezuela y en los países del triángulo norte de América Central (Honduras, Guatemala y El Salvador hasta hace poco). Ocho de los 10 países más violentos se encuentran en la región. Para 2018, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 se ubican aquí.
Pandillas y narcotráfico: ¿factor explicativo? La violencia es un fenómeno complejo y multicausal; sin embargo, en las políticas de seguridad influenciadas por las teorías de disuasión tienden a reducir sus causas y algunas veces confundirlas con las consecuencias. En medios oficiales explican el aumento de la tasa de homicidio o su persistencia sobre la base de dos factores clave: la presencia de pandillas y el tráfico de droga. Su combinación genera un coctel explosivo que hace de nuestros barrios zonas muy inseguras.
A contracorriente, se propone que estos factores son consecuencia de una descomposición social y variables necesarias, pero no suficientes para que nuestros barrios exhiban altas tasas de homicidios. Son necesarios otros elementos relacionados con la crisis de legitimidad del Estado y que hacen que surjan poderes alternos que compiten por el monopolio de la violencia.
Se ha encontrado evidencia empírica, tanto a nivel nacional como internacional, que apoya esta conjetura. En algunos corregimientos de nuestro país donde operan las pandillas y el crimen organizado, pero que no atraviesan esas crisis de legitimidad expresada en que sus necesidades básicas se encuentran satisfechas, no exhiben altas tasas de homicidios, mientras que aquellos vecindarios caracterizados por poseer indicadores de marginalidad y exclusión, las pandillas y el narcotráfico encuentran las condiciones más apropiadas para operar.
El autor es sociólogo. Docente e investigador de la Universidad de Panamá
Pensamiento Social (Pesoc) está conformado por un grupo de profesionales de las ciencias sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas. Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.
En torno a las violaciones a las normas sociales existen dos modelos explicativos, forjados en Oriente y Occidente, diametralmente opuestos. El primero, influenciado por Confucio, concebía la naturaleza humana como buena, por lo tanto, guiar a través del castigo no generaría otra cosa que rebeldía. El segundo, percibía la naturaleza humana como perversa y proponía que el gobernante debe modificar el comportamiento de los súbditos a través de una sabia administración de castigos y recompensas. Relacionado con esta última postura, Hobbes y Maquiavelo desarrollaron teorías sobre el orden y el poder que ejercen influencias en las ciencias sociales del presente.
El debate que ocurrió en la filosofía política, muy pronto se trasladó a las ciencias sociales y se manifestó en dos posturas: la teoría de la disuasión-utilitarismo y el enfoque social. Beccaria fue uno de los primeros en plantear el asunto; proponía que el objetivo del derecho es administrar los premios y los castigos, ya que los seres humanos tienen como fuerza motivacional el placer y el dolor. “Haced que los hombres les teman a las leyes”, recomienda el jurista italiano. Bentham comparte estos principios y sienta las bases para la teoría de la acción racional, que durante la década de 1960 fue la dominante en explicar las violaciones a las normas. El individuo hace un balance entre costos y beneficios de violar la ley, o de no hacerlo, la función de la legislación es modificar el balance a favor de la obediencia.
La teoría de la disuasión propone que las percepciones que tienen los posibles infractores sobre las penas, la certeza del castigo y su celeridad (en otras palabras; la eficacia de la ley) son claves para frenar el delito. En aquellos sistemas donde no hay certeza y sí alta impunidad, y los beneficios de infligir la norma son superiores a los castigos, se caracterizan por altos niveles de criminalidad. Las consecuencias que se desprenden para las políticas de prevención son evidentes: Aumento de las penas, fortalecimiento de los procesos de judicialización y el surgimiento de un Estado represivo, sobre todo en aquellos barrios definidos como problemáticos. Esta teoría representa la corriente principal de pensamiento tiene influencia en las formulaciones de los planes de seguridad de los Estados, sobre todo después de las reformas neoliberales durante la década de 1990.
Los clásicos de la sociología fueron los primeros en postular versiones alternativas a la teoría de la disuasión. Su crítica se dirigía al carácter individualista del cual partía y la invisibilidad de las condiciones sociales que ejercían influencia sobre los individuos violentos. Este enfoque dirige su capacidad de análisis hacia aspectos estructurales, es decir, los factores sociales que inciden sobre la criminalidad y la violencia.
Durkheim hizo del orden social el centro de su preocupación y, dentro de su esquema, la desobediencia era catalogada como una anomia. Max Weber pone su acento en la formación del Estado, en la dominación que ejerce y la legitimidad. Lo define como una comunidad política que busca el monopolio de la violencia legítima para evitar la ilegítima que pudiera surgir entre los miembros de la comunidad.
Norbert Elías plantea que estos teóricos toman como punto de partida la pregunta: ¿Qué es lo que hace que un conjunto de personas manifieste conductas violentas e irrumpa el orden social? Considera que este punto de partida es erróneo, pues a lo largo de la historia de la humanidad, la guerra hobbesina de todos contra todos, es lo que ha predominado. Propone invertir la interrogante, ¿Qué es lo que hace que la mayoría de las personas vivan pacíficamente? Reconoce que Weber es el primero en dar una respuesta acertada; sin embargo, también lo critica, pues si bien es cierto que es un entramado de relaciones sociales lo que permite la pacificación al llevar un desplazamiento de la violencia de abajo (ilegítima) hacia arriba (legal), pero esto no es suficiente.
Los miembros de la comunidad política necesitan desarrollar mecanismos que les faciliten control de sus impulsos violentos (que se manifiesta en homicidios, robos, hurtos, riñas, lesiones por distintas armas, todas ellas violaciones a las normas sociales) y que les facilite resolver internamente esos conflictos (habitus). Habermas plantea que el Estado logra la legitimidad a través del reconocimiento de su eficacia y, solo si es eficaz, puede monopolizar la violencia. Esto hace referencia a la presencia en todos los territorios bajo su dominio y la resolución de las condiciones materiales necesarias para la reproducción social.
La OMS define violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. El homicidio es el caso más extremo de violencia, que se expresa en tasas de morbilidad y mortalidad en América Latina. Esta es la región más violenta; ya superó al continente africano. Este flagelo no se presenta en todos los países con la misma magnitud, sino que se concentra en América del Sur, en Colombia, Brasil y Venezuela y en los países del triángulo norte de América Central (Honduras, Guatemala y El Salvador hasta hace poco). Ocho de los 10 países más violentos se encuentran en la región. Para 2018, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 se ubican aquí.
La violencia es un fenómeno complejo y multicausal; sin embargo, en las políticas de seguridad influenciadas por las teorías de disuasión tienden a reducir sus causas y algunas veces confundirlas con las consecuencias. En medios oficiales explican el aumento de la tasa de homicidio o su persistencia sobre la base de dos factores clave: la presencia de pandillas y el tráfico de droga. Su combinación genera un coctel explosivo que hace de nuestros barrios zonas muy inseguras.
A contracorriente, se propone que estos factores son consecuencia de una descomposición social y variables necesarias, pero no suficientes para que nuestros barrios exhiban altas tasas de homicidios. Son necesarios otros elementos relacionados con la crisis de legitimidad del Estado y que hacen que surjan poderes alternos que compiten por el monopolio de la violencia.
Se ha encontrado evidencia empírica, tanto a nivel nacional como internacional, que apoya esta conjetura. En algunos corregimientos de nuestro país donde operan las pandillas y el crimen organizado, pero que no atraviesan esas crisis de legitimidad expresada en que sus necesidades básicas se encuentran satisfechas, no exhiben altas tasas de homicidios, mientras que aquellos vecindarios caracterizados por poseer indicadores de marginalidad y exclusión, las pandillas y el narcotráfico encuentran las condiciones más apropiadas para operar.
El autor es sociólogo. Docente e investigador de la Universidad de Panamá