Qué es eso del ‘Tamaño del Estado’

El presidente del gobierno autodefinido como proempresarial, ha instalado en la agenda nacional y en el lenguaje político, el concepto de “tamaño del Estado”.

A nivel de simbología cotidiana, la realidad cultural construye el concepto “tamaño del Estado” en la imagen de un contorno que se expresa en dimensiones o masa (grande, mediano, pequeño), reducido a valores generalmente numéricos.

No obstante, el concepto en la teoría alude a una especie de morfología, es decir, a una estructura interna de relaciones de poder, de eso que en el pensamiento político denominamos el Estado. Al final cuentas, cuando se habla del Estado y de su tamaño en la realidad panameña, importa saber, que debemos entender como tal.

Dentro de las distintas tradiciones teóricas, especialmente en la europea, el Estado ocupa una posición central en las referencias analíticas y políticas; también en América Latina. No obstante, podemos definir como versión “canónica” del Estado, como poder concentrado y organizado (Marx), con el monopolio de la fuerza legítima (Weber).

Se agrega su entramado institucional sancionado por un sistema legal; su implante territorial-población; y su condición de articulador de una identidad colectiva (nación). (Weber- O´Donnell). De manera reciente se adiciona como elemento constitutivo, el poder simbólico que ejerce (Bourdieu).

Si algo define la esencia del Estado, es su condición de espacio político por naturaleza. No obstante, si el Estado es una relación social de fuerzas en movimiento, tendrá a la democracia como vínculo, como relación política con la sociedad. A partir de este nivel, la forma que asume la democracia es la de régimen político.

Será esta relación Estado—régimen político democrático, la que definirá la naturaleza de los conflictos sociales; también, la modalidad o forma de procesamientos de estos. Desde esta perspectiva teórica-política, no se puede pensar al “Estado panameño post-invasión”, al margen de su relación con el régimen presidencialista; igual en contrario, no es útil políticamente caracterizar el régimen presidencialista concentrador y excluyente, fuera de las consideraciones del Estado al cual sirve.

Sobre esta compleja relación Estado—régimen político democrático, C. Strasser (politólogo argentino) manifiesta lo siguiente: “... la democracia está siempre y por principio englobada por un orden estatal social mayor que el suyo, un orden en el que se encuentra incorregiblemente inscrita y la permea y la tiñe... y agrega, “en propiedad, la democracia no es sino un tipo de régimen político, un tipo de régimen de gobierno del estado”.

Para abordar un proceso que se activa desde el poder, cuya voluntad política se orienta a alterar la relación “Estado-régimen político-sociedad”, importa contrastar la concepción que anima dicha “reforma” o “reducción de tamaño”.

También importa clarificar la concepción que necesita el país, en el entendido que se trata sobre el contenido y forma del Estado nacional y del régimen democrático presidencialista panameño. Es desde estos lineamientos de método, donde se deben plantear y discutir por delante, aquellos componentes “cualitativos” que se desean afectar, antes de sumergirse en la arbitrariedad de las cantidades (grande, mediano, pequeño).

Con respecto a esta compleja relación del Estado con la sociedad, mediada por un determinado régimen político, es acertado el planteamiento de G. Sartori “Es claro que instituciones y constituciones no pueden hacer milagros. Pero difícil será que tengamos buenos gobiernos sin buenos instrumentos de gobierno”.

No obstante, hay que entender al Estado como una compleja relación de poder, donde el cambio de estructura, competencias o funciones en su relación con la sociedad significa siempre modificaciones de esa relación de poder a través de instituciones. Y que esas modificaciones pueden ser progresivas (ampliación y/o profundización de derechos); o regresivas (reducción o supresión de derechos).

La actual institucionalidad política constituye un complicado “nudo gordiano” político, y solo puede entenderse como una determinada relación de fuerzas de naturaleza estatal. Este Estado emerge como resultado de la invasión militar de 1989, e impone un determinado orden político republicano (separación de poderes), que conlleva en su esencia una contradicción-conflicto insuperable. Contradicción que desnaturaliza su proclama democrática: de los derechos y de la representación.

La democracia post invasión se realiza, no por la transparencia, la presencia, la participación y el control que ejercen los ciudadanos sobre los representantes; sino por un “equilibrio” asimétrico entre distintos grupos de poder e instituciones, a través de un dispositivo de elecciones cada cinco años, de naturaleza representativa y clientelar: “Este sistema político se sostiene sobre un pacto estatal sobre el que se equilibran la burocracia, los partidos políticos, los grupos de interés y la institución presidencial” (Anzaldi)

Este conflicto entre representación y participación fractura las posibilidades de rendición de cuentas y de transparencias que reclama la ciudadana; conflictos que solo es posible analizarlo en la relación a cinco componentes básicos:

La prebenda y la centralización como carácter dominante del régimen político presidencialista.

La naturaleza de los intereses económico-políticos que atraviesan todo el orden republicano.

El sistema electoral organizado en torno a micro representaciones cuya naturaleza circuital soslaya agendas estratégicas nacionales.

El sistema de partidos como red que unifica a una burocracia política parasitaria.

La cultura política fundada y estimulada en el clientelismo y la corrupción.

Guillermo O´Donnell (politólogo argentino) denomina “democracias delegativas”, aquellos regímenes políticos que se caracterizan por: una restricción del espacio público; negación y manipulación persistente del Estado de Derecho; una maraña de tecnicismos que hacen casi imposible demandar transparencia y rendición de cuentas.

Es la relación “presidencialismo—partidocracia—clientelismo” lo que constituye el obstáculo fundamental en la relación política del poder y la participación en Panamá. Todo lo anterior profundiza la “delegación” y despoja al ciudadano de su condición de soberano político.

El Estado panameño se verá enfrentado a nuevas agendas y tareas orientadas contribuir en la superación de deficiencias acumuladas históricamente en tres áreas principales: la equidad, la cohesión social y la competitividad internacional. Es importante insistir, que el Estado tiene un papel distributivo y habilitador insustituible en las tareas del crecimiento y desarrollo nacional,

Sin embargo, es importante enfatizar también, que el actual orden constitucional republicano lo es solo nominalmente, ya que el propósito de garantizar la separación de poderes es una ficción. En el actual contexto, el orden político realmente existente en Panamá es el “régimen de gobierno de estado”, de un determinado estado. En esa dirección, este orden político en la manera en que se ha configurado, en vez de garantizar poderes separados y de “calidad”, lo que ha construido “es un gobierno de instituciones separadas que comparten poderes” (Anzaldi).

Un cambio en el Estado como relación social significa cambios en su propósito social, incluyendo el económico. A la afirmación, “qué debe cambiar en la relación de poder”; se responde con otra afirmación, “a quién sirve esa nueva relación de poder”. Por todo lo anterior, la cuestión del Estado y la democracia en Panamá como problema político, tiene que construir un debate en torno (no exclusivamente) de problemas teóricos y fácticos de vital importancia. Pertinentes son dos líneas de ideas fuerza:

Qué tipo de Estado se requiere para avanzar y consolidar procesos democráticos

Qué tipo de democracia se necesita para instalar y progresar en un Estado de derecho.