El 85 % de las sentencias son producto de acuerdos de pena
- 21/11/2024 00:00
- 20/11/2024 19:45
El Ministerio Público reveló las estadísticas sobre los delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública, en el marco del II Congreso Anticorrupción, que a su vez sirvió de plataforma para presentar una base con sus respectivos fallos entre 2018 y 2024 La Procuraduría General de la Nación enfrenta importantes desafíos en la lucha contra la corrupción. Uno de ellos es la percepción de la ciudadanía sobre la eficacia en las investigaciones que realizan los fiscales del Ministerio Público, y las posteriores sentencias en el Órgano Judicial, a las que poco se les sigue la pista después de los escándalos divulgados en los medios. Combatir la corrupción, de acuerdo con el procurador de la Nación, Javier Caraballo, requiere de transparencia, independencia y fortaleza en las instituciones encargadas de garantizar a los ciudadanos la certeza del castigo.
En el proceso de investigación, los delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública resultan verdaderos desafíos para los fiscales. En el primer caso, las nuevas tecnologías de criptomonedas y transferencias electrónicas especializadas obstaculizan la trazabilidad del dinero que mueven las organizaciones criminales por diferentes transgresiones a la ley. En el segundo, los fiscales deben recabar todas las evidencias para presentar casos robustos ante el juez y trabajar “a toda máquina” para evitar la prescripción de la pena, estipulada en el Código Penal de cuatro a seis años de prisión. Lo anterior, sumado a que en el país no existe una ley de extinción de dominio como una herramienta eficaz para la persecución de este tipo de delitos.
En ambos delitos, el desempeño de los fiscales ha mejorado significativamente desde la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el procurador Javier Caraballo en el marco de la lucha contra la corrupción, tema principal del II Congreso Anticorrupción (20-21 de noviembre) que se celebra en Panamá, con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos.
El evento, que congregó a especialistas de distintos países, sirvió como escenario para presentar una base que contiene todos los fallos de los delitos mencionados, que permite mirar el índice del crimen organizado en Panamá, entendiendo la importancia de las estadísticas para reconocer las fortalezas y debilidades que enfrentan los fiscales a diario. En este marco de ideas, la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, anunció un aporte de más de $1 millón en 2025 para robustecer el trabajo de los fiscales en la averiguación de delitos. El fondo se destinará a capacitación y apoyo técnico en la lucha contra la corrupción.
“En los últimos tres años hemos aumentado en un 200 % la sentencias en los delitos contra la administración pública”, señaló Caraballo. Admite que “falta mucho por hacer y que la lucha debe ser integral, tratar de alinear a los actores vinculados con el tema, no solo la prevención, sino también con la persecución y la concienciación de la ciudadanía para promover la rendición de cuentas”, añadió el procurador.
La magistrada presidenta encargada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo, calificó de “alarmante” que por 12 años consecutivos más de dos tercios de los países han obtenido una puntuación inferior a 50, con una media mundial de 43 (0 para corrupción elevada y 100 inexistente) en el Índice de Percepción de Corrupción que publica la organización Transparencia Internacional. La magistrada abogó por dotar la seguridad jurídica necesaria “para que las disputas se discutan en torno a la ley y sin influencias indebidas”. En lo que respecta a la administración de justicia, dijo que para que sea efectiva en la lucha contra la corrupción, “se debe garantizar su propia integridad evitando que las prácticas corruptas la contaminen, ya que solo una justicia íntegra puede liderar la lucha contra la corrupción”.
La mayor parte de los casos por blanqueo de capitales que investigan los fiscales tienen como delito precedente los delitos relacionados con drogas, con un 72 %. El dinero, por lo general, es producto de los decomisos o incautaciones en efectivo que hacen las autoridades durante las averiguaciones, además de la aprehensión de las cuentas bancarias de los imputados. En orden descendente, le siguen los delitos financieros con 12 %, pero no existe un caso de blanqueo de capitales producto de coimas, o por corrupción de servidores públicos en las estadísticas del Ministerio Público.
En materia de sentencias, el sistema penal acusatorio ha sido un facilitador de los acuerdos de pena, que son la mayoría de las sentencias que se producen en ambos delitos. Por ejemplo, en lavado de dinero los fiscales lograron 175 acuerdos de pena y llevaron a juicio 27 casos. En cuanto al delito contra la administración pública, se hicieron 123 acuerdos de pena y se efectuaron 25 juicios (entre 2018-2024). Los acuerdos de pena resultan en el 85 % de los casos.
En cuanto a sentencias registradas por ambos delitos en el periodo de 2018-2024, hubo 217 por blanqueo de capitales y 235 contra la administración pública. La mayor parte de las sentencias se produjeron bajo el sistema penal acusatorio, 350, mientras que en el sistema inquisitivo hubo 102.
La Procuraduría General de la Nación enfrenta importantes desafíos en la lucha contra la corrupción. Uno de ellos es la percepción de la ciudadanía sobre la eficacia en las investigaciones que realizan los fiscales del Ministerio Público, y las posteriores sentencias en el Órgano Judicial, a las que poco se les sigue la pista después de los escándalos divulgados en los medios. Combatir la corrupción, de acuerdo con el procurador de la Nación, Javier Caraballo, requiere de transparencia, independencia y fortaleza en las instituciones encargadas de garantizar a los ciudadanos la certeza del castigo.
En el proceso de investigación, los delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública resultan verdaderos desafíos para los fiscales. En el primer caso, las nuevas tecnologías de criptomonedas y transferencias electrónicas especializadas obstaculizan la trazabilidad del dinero que mueven las organizaciones criminales por diferentes transgresiones a la ley. En el segundo, los fiscales deben recabar todas las evidencias para presentar casos robustos ante el juez y trabajar “a toda máquina” para evitar la prescripción de la pena, estipulada en el Código Penal de cuatro a seis años de prisión. Lo anterior, sumado a que en el país no existe una ley de extinción de dominio como una herramienta eficaz para la persecución de este tipo de delitos.
En ambos delitos, el desempeño de los fiscales ha mejorado significativamente desde la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el procurador Javier Caraballo en el marco de la lucha contra la corrupción, tema principal del II Congreso Anticorrupción (20-21 de noviembre) que se celebra en Panamá, con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos.
El evento, que congregó a especialistas de distintos países, sirvió como escenario para presentar una base que contiene todos los fallos de los delitos mencionados, que permite mirar el índice del crimen organizado en Panamá, entendiendo la importancia de las estadísticas para reconocer las fortalezas y debilidades que enfrentan los fiscales a diario. En este marco de ideas, la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, anunció un aporte de más de $1 millón en 2025 para robustecer el trabajo de los fiscales en la averiguación de delitos. El fondo se destinará a capacitación y apoyo técnico en la lucha contra la corrupción.
“En los últimos tres años hemos aumentado en un 200 % la sentencias en los delitos contra la administración pública”, señaló Caraballo. Admite que “falta mucho por hacer y que la lucha debe ser integral, tratar de alinear a los actores vinculados con el tema, no solo la prevención, sino también con la persecución y la concienciación de la ciudadanía para promover la rendición de cuentas”, añadió el procurador.
La magistrada presidenta encargada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo, calificó de “alarmante” que por 12 años consecutivos más de dos tercios de los países han obtenido una puntuación inferior a 50, con una media mundial de 43 (0 para corrupción elevada y 100 inexistente) en el Índice de Percepción de Corrupción que publica la organización Transparencia Internacional. La magistrada abogó por dotar la seguridad jurídica necesaria “para que las disputas se discutan en torno a la ley y sin influencias indebidas”. En lo que respecta a la administración de justicia, dijo que para que sea efectiva en la lucha contra la corrupción, “se debe garantizar su propia integridad evitando que las prácticas corruptas la contaminen, ya que solo una justicia íntegra puede liderar la lucha contra la corrupción”.
La mayor parte de los casos por blanqueo de capitales que investigan los fiscales tienen como delito precedente los delitos relacionados con drogas, con un 72 %. El dinero, por lo general, es producto de los decomisos o incautaciones en efectivo que hacen las autoridades durante las averiguaciones, además de la aprehensión de las cuentas bancarias de los imputados. En orden descendente, le siguen los delitos financieros con 12 %, pero no existe un caso de blanqueo de capitales producto de coimas, o por corrupción de servidores públicos en las estadísticas del Ministerio Público.
En materia de sentencias, el sistema penal acusatorio ha sido un facilitador de los acuerdos de pena, que son la mayoría de las sentencias que se producen en ambos delitos. Por ejemplo, en lavado de dinero los fiscales lograron 175 acuerdos de pena y llevaron a juicio 27 casos. En cuanto al delito contra la administración pública, se hicieron 123 acuerdos de pena y se efectuaron 25 juicios (entre 2018-2024). Los acuerdos de pena resultan en el 85 % de los casos.
En cuanto a sentencias registradas por ambos delitos en el periodo de 2018-2024, hubo 217 por blanqueo de capitales y 235 contra la administración pública. La mayor parte de las sentencias se produjeron bajo el sistema penal acusatorio, 350, mientras que en el sistema inquisitivo hubo 102.